*Bonistas reclaman más de 1.440 millones de dólares tras cambio en el cálculo del PIB; buscan hacer valer fallo del Reino Unido en EE.UU.
Washington, D.C.– Un grupo de tenedores de bonos volvió a demandar a Argentina, esta vez en la Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, por una suma que supera los 1.440 millones de dólares. La querella se basa en los perjuicios que, según los demandantes, sufrieron tras el cambio en la metodología de cálculo del Producto Interno Bruto (PIB), que afectó el pago de intereses asociados a bonos emitidos en 2005.
Los inversionistas, quienes ya obtuvieron una resolución favorable en tribunales británicos, buscan ahora que ese fallo sea reconocido en EE.UU. El conflicto surgió luego de que Argentina modificara en 2014 la base estadística para medir su PIB, lo que alteró los criterios sobre los que se calculaban los pagos de los denominados “cupones del PBI”, emitidos como parte de un canje de deuda tras la crisis de principios de siglo.
Aunque Argentina depositó una garantía de más de 300 millones de euros como parte del proceso de apelación en Reino Unido, aún adeuda más de 1.100 millones de dólares, y —según los representantes legales de los bonistas— no ha mostrado disposición a negociar ni ha respondido formalmente a las propuestas presentadas. Esto, aseguran, va en contra de los compromisos asumidos en su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde el país se comprometió a resolver sus litigios financieros de buena fe.
Los bonos atados al PIB obligaban a Argentina a pagar intereses adicionales si el crecimiento económico superaba el 3 % anual. Aunque esos pagos se realizaron hasta 2011, el nuevo cálculo implementado en 2014 redujo las estimaciones oficiales del PIB, lo que permitió al Estado evitar el desembolso de aproximadamente 3.000 millones de dólares, desatando el conflicto con los acreedores.
Mientras los demandantes piden que los pagos futuros hasta 2035 se calculen con la metodología anterior, el Gobierno argentino defiende que la actualización fue necesaria para reflejar de manera más realista el comportamiento de la economía. Sin embargo, esta nueva demanda se suma a los desafíos legales y financieros que enfrenta el país y podría complicar sus intentos de volver a acceder a los mercados internacionales de crédito.