Madrid, España.- El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, admitió a trámite y comenzó a investigar una querella contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual, lesiones y trato degradante. La denuncia fue presentada por dos exempleadas del artista, quienes acusan al cantante de acoso y agresiones sexuales continuas ocurridas en 2021.
Las acusaciones refieren hechos que tuvieron lugar en las residencias de Iglesias ubicadas en República Dominicana y Bahamas. Entre las denuncias, una de las trabajadoras señaló que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual.
Inicialmente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional había estimado que los tribunales españoles no tenían competencia para investigar los hechos, por lo que las exempleadas optaron por presentar la querella directamente ante el juzgado. Tras analizar el caso, el juez aceptó proceder, al considerar que el relato detallado y las pruebas aportadas, como una fotografía que muestra un moratón y marcas que podrían corresponder a mordeduras, son suficientes para iniciar el procedimiento.
Sin embargo, el juez descartó continuar la investigación respecto a los delitos de trata y contra los derechos laborales, centrando la pesquisa en los cargos de agresión sexual, lesiones y trato degradante.
En el auto, el juez subrayó que la querella limita la acusación a Julio Iglesias, omitiendo la posible participación en los hechos de dos administradoras de las casas, quienes también estarían implicadas en actos sexuales contra las denunciantes. Esta fragmentación de la denuncia podría complicar la investigación y requiere cooperación internacional, aunque no impide la competencia de la Audiencia Nacional debido a la nacionalidad española del cantante.
Además, Piña señaló que las administradoras, al ser extranjeras y no estar sujetas a la jurisdicción española para estos hechos, solo podrían declarar como testigos, lo que generaría dificultades procesales y posibles interferencias con derechos de defensa en futuros procesos.
A pesar de estos retos, el juez consideró que ninguno impide la admisión de la querella para su investigación.