Odilón Larios Nava. – El Juez de Control luego de calificar de legal la detención del General y su banda, este fin de semana los vinculó a proceso y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Inmediatamente después, el juzgador se declaró incompetente de conocer el caso, pues las agresiones fueron cometidas contra funcionarios federales, es decir de Seguridad Física de Pemex, por lo que remitió el caso a las autoridades federales.

Esto tras los hechos violentos en contra de personal de Pemex y de la Guardia Nacional ocurridos el viernes 26 de julio en dos puntos diferentes del municipio de Tepeaca. En campos de cultivo de San José Carpinteros el grupo delictivo agredió al personal y les quemaron dos patrullas de Pemex. Mientras que un segundo enfrentamiento se dio en calles de la cabecera municipal cuando el grupo delictivo intentó rescatar a su líder.

El Juez de Control en Puebla calificó de legal la detención de los 12 detenidos de esta célula criminal, y durante este fin de semana vinculó a proceso a los 12 imputados por tentativa de homicidio, daño en propiedad ajena y delitos cometidos contra funcionarios públicos. Es importante recordar que el decimotercer detenido es menor de edad por lo que su caso fue turnado a Justicia para Adolescentes.

Las audiencias de Genaro, alias el General y su cómplice Víctor Manuel, quienes se encuentra hospitalizados y bajo resguardo policial, se llevaron a cabo en el nosocomio en el que están internados. Las diez audiencias restantes se llevaron a cabo en el Centro de Justicia Penal de Puebla.

El Juez ordenó que los imputados continuarán sujetos a prisión preventiva oficiosa, por lo que Genaro N, Víctor Manuel N, Adulfo N, Brayan N, Mario Jesús N, Cruz N, Rafael Constancio N, Kevin Cristian N, Omar N, Erick N, Casimiro N y Rubén N, enfrentarán el proceso penal en su contra internados en el Centro de Reinserción de Puebla.

Una vez concluidas las audiencias el Juez de Control remitió el caso a un Juez Federal pues señaló que los delitos fueron cometidos en agravio de funcionarios federales. Por lo que ahora las investigaciones estarán a cargo de un Ministerio Público Federal.