Odilón Larios Nava. – Uno de los representantes de un anexo AA de San Francisco Totimehuacán fue asesinado por un drogadicto en Tepeyahualco, le pegó un escopetazo en el pecho. Los representantes del centro AA acudieron a la casa del adicto, y prácticamente ingresaron como delincuentes; pretendían anexarlo por la fuerza, pero literalmente les salió el tiro por la culata. 

Los hechos ocurrieron el lunes en el municipio de Tepeyahualco. De acuerdo con fuentes extraoficiales, la madre del hombre adicto a las drogas, la cual vivé en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, contactó al personal del mencionado anexo y les pidió que ayudaran a su hijo, que lo anexaran y ella pagaría. 

Así fue como el personal del anexo habría tenido toda la información necesaria del adicto, quien vive con sus abuelos en Tepeyahualco. Acudieron hasta el domicilio de los abuelos, y según fuentes extraoficiales, los representantes del anexo ingresaron prácticamente como delincuentes, allanando el domicilio. 

Las fuentes consultadas indicaron que los representantes del anexo no llevaban ningún documento, tampoco identificaciones, y no los respaldaba ninguna autoridad policial (esto es porque lo que hacen incluso podría considerarse ilegal, podría catalogarse como una privación ilegal de la libertad). 

Así fue como uno de ellos ingresó hasta la recámara del adicto a las drogas, pretendía sacarlo por la fuerza y así trasladarlo al anexo. Pero no contaba con que el hombre estaba armado, tenía una escopeta y no dudó en disparar.  

El representante del anexo cayó muerto de manera inmediata por el escopetazo que recibió en el pecho. Su nombre era Rubén P., y contaba con 34 años de edad. Este hombre era oriundo de Papalotla, Tlaxcala. 

El presunto homicida fue detenido poco después y se encuentra a disposición de las autoridades ministeriales. Fuentes policiales consultadas indicaron que con una buena defensa incluso podría quedar libre, pues por la forma en como actuaron los representantes del anexo, este homicidio podría calificarse como legítima defensa.  

Las indagatorias de este caso están a cargo de la Fiscalía General del Estado. Fuentes ciudadanas que conocieron del caso indicaron que es urgente que se establezcan reglas claras de operación para los anexos, pues aseguran que las formas en cómo actúan sus representantes son prácticamente ilegales.