Con 381 votos a favor, 79 en contra y dos abstenciones, se aprueba, en lo general, el dictamen en materia de Reforma Educativa.

El artículo 3º de la Constitución conserva la parte central de su redacción, que establece que “la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley (Ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros), los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales”.

Sostiene que “se consideraránlos conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio”.

Con lo anterior, se mantiene la evaluación necesaria y obligatoria que requieren los maestros para acceder a una plaza.

Los legisladores tampoco modificaron el polémico artículo décimo sexto transitorio, que pedían tuviera mayor precisión sobre el régimen laboral de los maestros, cuya redacción establece que “con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación, se regirán por el artículo 123 constitucional Apartado B. Con fundamento en este Decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros”.