La Cámara de Diputados aprobó la llamada ‘Ley Ingrid’ para castigar hasta con 10 años de prisión a servidores públicos que graben, reproduzcan, compartan, distribuyan o comercialicen imagen, audio, video, documento, información, indicio o evidencia relacionados con una investigación penal.

La ley fue aprobada con por unanimidad, con 470 votos, y las sanciones aumentarían en una tercera parte en el caso de que la información que se difunda se refiera a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.

El proyecto de reformas al artículo 225 del Código Penal Federal, turnado al Senado de la República, busca evitar la “revictimización” de las personas, particularmente mujeres, y fue impulsado por la sociedad civil tras la difusión indebida de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en la Ciudad de México en febrero de 2020.

Con la reforma avalada, el artículo 225 prevé una pena de cuatro a 10 años de prisión y multa de 100 a 150 días al que “por cualquier medio distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, del lugar de los hechos, del hallazgo, o de cualquier material o información relacionada con la investigación penal de una víctima”.

#ÚltimaHora 470 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Reforman el artículo 225 del Código Penal Federal para sancionar a servidores públicos que difundan información o material audiovisual relacionado con un procedimiento penal. Va a @senadomexicano https://t.co/zi7Ob2WGF4

— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 23, 2022