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Notario morenovallista enfrentara arraigado el proceso en su contra

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El Notario Público Sergio P. G., de filiación morenovallista, fue vinculado a proceso por el uso de documento falso. El Juez de Control otorgó ordenó que el político de origen veracruzano y titular de la Notaría Pública número 9 del Distrito Judicial de Cholula, enfrente el proceso penal en libertad; pero deberá cumplir con las siguientes medidas cautelares: arraigo domiciliario, no acercarse a los testigos, tiene prohibido salir del estado y deberá cubrir una garantía económica de 20 mil pesos.

 

De manera oficial la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que: “En enero de 2017, Sergio N. presentó en la entonces Dirección General de Archivos y Notarías del Estado de Puebla una constancia de prácticas notariales, presuntamente apócrifa, situación de la que tomó conocimiento la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

 

La Fiscalía constató que Sergio N. nunca realizó las prácticas notariales asentadas en la constancia que usó para obtener la patente de aspirante al ejercicio de notariado y que le permitió obtener la titularidad de una Notaría Pública en el Distrito Judicial de Cholula.

 

Entre los actos de investigación desarrollados, se incluyen la revisión de expedientes y la realización de entrevistas e inspecciones, entre otros” hasta aquí termina la cita del comunicado oficial.

 

La audiencia de vinculación a proceso ocurrió el pasado 9 de septiembre en el Centro de Justicia Puebla, en donde el Ministerio Público expuso ante el Juez de Control los datos de prueba con los que cuenta, y solicitó la vinculación a proceso de Sergio P.

 

Luego de que el Juez de Control escuchó los argumentos del representante social y del abogado defensor, consideró que existen elementos necesarios para vincular a proceso al imputado.

 

Cabe destacar que Sergio P. fue diputado local y federal entre los años 2000 y 2006, y del 2011 al 2017 se desempeñó como Procurador Fiscal del Gobierno del Estado de Puebla, durante el mandato de Rafael Moreno Valle.

 

Tras la vinculación a proceso el Juez de control fijo un plazo de seis meses para el periodo de investigación complementaria. Aunque el imputado enfrentará el proceso en libertad, deberá guardar las siguientes medidas cautelares: arraigo domiciliario, no salir del estado, firmar cada primer lunes de mes, no podrá acercarse a los testigos y una exhibición económica de 20 mil pesos.

 

Este caso es parte del proceso para revocar 29 notarías que fueron autorizadas en el mandato de Moreno Valle y cuatro que fueron concedidas en la minigobernatura de Antonio Gali, todas ellas presentan supuestas irregularidades en su asignación.

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Universidad de la Salud amplía sedes en Puebla para acercar formación médica

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*Izúcar, Yaonáhuac y Zoquitlán cuentan con nuevas sedes para ampliar el acceso a jóvenes de distintas regiones.

Municipios.- La Universidad de la Salud amplió su presencia en Puebla con nuevas sedes ubicadas en Izúcar de Matamoros, Yaonáhuac y Zoquitlán, con el objetivo de acercar oportunidades de formación profesional a jóvenes de distintas regiones del estado.

El gobernador Alejandro Armenta destacó que esta expansión permite descentralizar las opciones educativas relacionadas con el área de la salud y facilitar que estudiantes de municipios alejados de la capital puedan acceder a preparación especializada.

Las nuevas sedes buscan fortalecer la formación de jóvenes interesados en disciplinas vinculadas con la medicina y contribuir a la preparación de futuros profesionales que puedan atender las necesidades de salud de sus propias comunidades.

Con esta estrategia, el Gobierno de Puebla plantea ampliar la cobertura educativa y generar mayores oportunidades para que estudiantes de las distintas regiones del estado puedan desarrollar una carrera en el sector salud.

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Trasciende detención de alcalde de Esperanza durante operativo federal

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*Isaac Rodríguez Ochoa habría sido detenido tras cateos realizados por autoridades federales; operativo continúa en la zona.

Esperanza, Puebla.— Trasciende la presunta detención de Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza, Puebla, durante un operativo encabezado por autoridades federales.

De manera preliminar, se reporta que durante las primeras horas de este lunes se realizaron cateos en distintos puntos del municipio, incluido el domicilio del alcalde, con la participación de decenas de elementos de corporaciones de seguridad.

Hasta el momento, versiones extraoficiales señalan que el presidente municipal habría sido detenido como parte del despliegue, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente su situación jurídica.

El operativo permanece activo en la zona y se habla también de múltiples detenciones derivadas de las acciones de las fuerzas federales.

Cabe recordar que apenas este domingo, Isaac Rodríguez acudió a la elección de la Reina de las Fiestas Patrias de Esperanza, donde participó en las actividades públicas del municipio.

La información permanece en desarrollo y se espera que las autoridades correspondientes proporcionen mayores detalles sobre los cateos, las personas detenidas y el motivo del operativo.

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Investigan a policías de Cholula por presunta siembra de arma

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*Una familia acusó a agentes municipales de ocultar un arma durante una intervención y sugerir que fuera colocada al detenido para evitar su liberación.

 

San Pedro Cholula, Puebla.– La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, instruyó a la Contraloría Municipal iniciar una investigación contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de que una familia denunciara presuntas irregularidades durante una intervención policial en su domicilio.

De acuerdo con el testimonio de los afectados, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 5 de septiembre, cuando dos hombres presuntamente ingresaron a su vivienda y uno de ellos habría realizado un disparo con un arma de fuego contra uno de los habitantes, sin lesionarlo.

La llegada de una patrulla provocó que uno de los presuntos agresores escapara a bordo de una motocicleta, mientras que otro permaneció dentro del inmueble y posteriormente fue detenido por los agentes.

Según la versión de la familia, durante la intervención un policía ingresó a la propiedad y realizó una detonación con un arma larga para intimidar al sospechoso. Posteriormente, los agentes le habrían preguntado al detenido dónde se encontraba el arma utilizada durante la agresión.

Los denunciantes aseguran que el detenido indicó que el arma estaba en la parte superior del inmueble. Al subir al lugar, uno de los policías presuntamente habría localizado el arma y se la habría guardado.

La familia afirmó que estos hechos quedaron registrados por las cámaras de videovigilancia instaladas en la propiedad y que también existen imágenes relacionadas con los casquillos encontrados en el sitio.

Acusan intento de alterar la evidencia

Los afectados señalaron que inicialmente se les habría indicado que podían denunciar un intento de asalto o allanamiento; sin embargo, ellos consideraron que la agresión debía investigarse como un posible intento de homicidio debido al disparo realizado dentro del domicilio.

Posteriormente, según su denuncia, personal policial habría sugerido que el arma fuera colocada al detenido para evitar que quedara en libertad, debido a que supuestamente contaba con antecedentes.

La familia rechazó esta posibilidad y manifestó su intención de llevar el caso por la vía legal.

Horas después, los denunciantes fueron informados de que el detenido sería liberado y únicamente recibiría una sanción administrativa. También aseguraron que los agentes negaron haber asegurado un arma o los casquillos relacionados con el incidente.

Tonantzin Fernández ordena investigación

Tras la difusión pública del caso, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, informó que instruyó a la Contraloría Municipal investigar la actuación de los elementos señalados.

La alcaldesa indicó que, si durante las investigaciones se encuentran responsabilidades, se procederá conforme a derecho y podrían establecerse medidas cautelares contra los servidores públicos involucrados.

Asimismo, el Ayuntamiento señaló que brindará acompañamiento a las personas afectadas para que puedan acudir ante las autoridades ministeriales correspondientes y presentar las denuncias respectivas.

El gobierno municipal sostuvo que no permitirá actos de corrupción ni conductas contrarias a la legalidad dentro de las instituciones de seguridad.

Hasta el momento, las acusaciones contra los policías corresponden al testimonio de la familia y deberán ser corroboradas mediante la investigación de la Contraloría y, en su caso, de las autoridades ministeriales. No existe hasta ahora una resolución que determine responsabilidad de los agentes señalados.

 

 

 

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