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Libran orden de aprehensión contra familia Jenkins de Landa por lavado de dinero
Un juez de Control Federal de Alomoloya de Juárez, Estado de México, libró una orden de aprehensión en contra de Roberto Jenkins de Landa, de sus hermanos María Elodía, Margarita y Juan Carlos, así como de su madre Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, por lavado de dinero.
Lo anterior se da por haber ejecutado y participado en el lavado de bienes obtenidos por el desfalco de la Fundación Mary Street Jenkins, en perjuicio de los poblanos.
PUEBLA, Pue. 01 Julio 2020.- El hoteles Holiday Inn mantiene el hospedaje gratuito a los trabajadores del sector salud que atiendan casos por COVID-19, hasta que se levante la emergencia sanitaria en la entidad.
//Rafael Pacheco/Agencia Enfoque//
Con base en la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), el señor William Oscar Jenkins construyó en la ciudad de Puebla una fundación con el nombre de su fallecida esposa Mary Street Jenkins y se estableció que su capital serviría para realizar actos de beneficencia o caridad, principalmente para los poblanos.
Pese a ello, sus descendientes, la familia Jenkins de Landa junto con otras personas, despojaron a la Fundación Mary Street Jenkins de un patrimonio que asciende a más de 14 mil millones de pesos.
PUEBLA, Pue. 01 Julio 2020.- El hoteles Holiday Inn mantiene el hospedaje gratuito a los trabajadores del sector salud que atiendan casos por COVID-19, hasta que se levante la emergencia sanitaria en la entidad.
//Rafael Pacheco/Agencia Enfoque//
El desfalco multimillonario se llevó a cabo mediante una donación simulada en favor de Fundación Bienestar de Filantropía, institución que también es controlada por el grupo delictivo Jenkins de Landa, para posteriormente realizar diversas operaciones de lavado de dinero que ocurrieron en los estados de Puebla, Aguascalientes y se prolongaron a los paraísos fiscales de Barbados y Panamá.
Cabe mencionar que como resultado del saqueo, la familia Jenkins de Landa pretendió ser beneficiaria de los bienes que pertenecían a la Fundación Mary Street Jenkins, sin embargo, los mismos han sido asegurados por la FGR.
Con Información de Radio Fórmula
*Cámaras de seguridad captaron el momento en que sujetos armados asaltaron a una familia en San Isidro; ocurrió el 14 de julio.
Puebla, Pue.- Una familia fue víctima de un asalto a mano armada en calles de la colonia San Isidro, luego de que sujetos los interceptaran y los amenazaran con armas de fuego para despojarlos de sus pertenencias.
El hecho quedó registrado en un video de cámaras de videovigilancia que rápidamente se difundió en redes sociales. De acuerdo con la grabación, el atraco ocurrió el 14 de julio alrededor de las 9:22 horas.
En las imágenes se observa cómo los presuntos delincuentes se acercan a la familia y, bajo amenazas, los obligan a entregar sus objetos de valor. La presencia de armas generó momentos de tensión entre las víctimas, quienes evitaron oponer resistencia.
Tras la difusión del material, habitantes de la zona solicitaron mayor vigilancia y reforzar las acciones de seguridad para evitar que este tipo de delitos continúen.
Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas relacionadas con este asalto. Las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para identificar a los responsables.
🚨🔫 || Una familia fue encañonada durante un asalto a mano armada en la colonia San Isidro. pic.twitter.com/67OKgM7v8S
— Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) July 15, 2026
*La agencia pausó la mayoría de las revisiones vehiculares tras la muerte de dos migrantes en operativos que desataron protestas en EE. UU.
Internacional.- La agencia migratoria de Estados Unidos pausó la mayoría de las revisiones vehiculares tras la muerte de dos migrantes durante operativos en Maine y Texas, hechos que desataron protestas y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ordenó la suspensión temporal de la mayoría de los retenes y revisiones de vehículos que realizan sus agentes, luego de la muerte de dos migrantes durante operativos migratorios que provocaron manifestaciones en distintas ciudades del país.
De acuerdo con CNN, la instrucción fue enviada a la División de Operaciones de Control y Expulsión (Enforcement and Removal Operations, ERO), el área encargada de localizar, detener y deportar a personas que se encuentran de manera irregular en territorio estadounidense.
La nueva directriz establece que los agentes del ICE dejarán de efectuar por cuenta propia detenciones de vehículos como parte de sus operativos. En caso de ser necesario, deberán coordinarse con otras corporaciones de seguridad, mientras continúan las investigaciones sobre los hechos recientes.
Dos muertes detonaron la decisión
La medida fue adoptada tras dos operativos que terminaron con la muerte de migrantes y generaron una fuerte reacción social.
El primer caso ocurrió en Biddeford, Maine, donde un ciudadano colombiano de 26 años murió tras recibir disparos de un agente del ICE. La versión oficial sostiene que el conductor intentó embestir a los elementos con su vehículo; sin embargo, familiares, testigos y organizaciones civiles han puesto en duda esa explicación y exigen una investigación independiente.
El segundo incidente se registró en Houston, Texas, donde falleció el mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante otro operativo migratorio. Las autoridades también señalaron que el vehículo representaba una amenaza para los agentes, aunque la actuación del ICE ha sido cuestionada por activistas y defensores de derechos humanos.
Crecen las críticas al ICE
Las muertes provocaron protestas en diversas ciudades de Estados Unidos y reavivaron el debate sobre el uso de la fuerza durante los operativos migratorios, así como sobre la falta de cámaras corporales y los protocolos de actuación de los agentes.
Diversas organizaciones han solicitado una revisión de las tácticas empleadas por el ICE y mayor transparencia en las investigaciones de los casos.
Aunque la suspensión de los retenes representa un cambio en la estrategia operativa de la agencia, las acciones de detención y deportación de migrantes continúan, ahora con la instrucción de coordinar las intervenciones vehiculares con otras corporaciones de seguridad.
*Empresas vinculadas con Rafael “N.” recibieron contratos públicos y una de ellas ofreció empleo a Mario Marín para buscar su prisión domiciliaria.
Puebla, Pue.-El empresario investigado por los ataques en la Vía Atlixcáyotl mantiene participación en empresas relacionadas con biotecnología, insumos médicos, energéticos y servicios ambientales. Una de ellas apareció en la estrategia legal del exgobernador Mario Marín para obtener prisión domiciliaria.
Exgobernador de Puebla Mario Marín Torres
Mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas diversas investigaciones contra Rafael “N.” por los ataques armados registrados en la Vía Atlixcáyotl, registros mercantiles y documentos públicos muestran que el empresario participa en una red de compañías que han obtenido contratos con dependencias estatales y que, incluso, aparecen vinculadas a la estrategia jurídica utilizada por el exgobernador Mario Marín Torres para solicitar un cambio de medida cautelar.
De acuerdo con información del Registro Público de Comercio (RPC), Rafael “N.” figura como socio en diversas empresas, entre ellas:
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Grupo Mexicano de Investigación Más Desarrollo Más Innovación, S.A. de C.V.
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Owl Health.
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Inmobiliaria Rajuan, S.A. de C.V.
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Detabio.
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Biotecnología del Siglo XXI, S.A. de C.V.
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Desarrollo Tecnológico de Ornamentales, Plántulas y Flores, S.P.R. de R.L. de C.V.
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Inmobiliaria del Equipo Rojo, S.A. de C.V.
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PETROAADLAB.
Estas compañías abarcan actividades relacionadas con la comercialización de medicamentos, biotecnología, laboratorios ambientales, energéticos, construcción e inmobiliarias.
En este entramado empresarial también aparecen como socios Sergio Rubén Trejo Estrada, Rosalinda Cabrera Dolores, Ángela Dolores Tolentino, así como Julen y Ander Zabalza Macías.
Relación con Alfredo Arango
Dentro de esta red empresarial también figura Alfredo Arango García, exsecretario de Salud de Puebla durante el gobierno de Mario Marín Torres, quien aparece relacionado con algunas de las sociedades mercantiles donde participan integrantes del mismo círculo de socios.
Alfredo Arango García, exsecretario de Salud de Puebla
Hasta ahora, no existe información oficial que vincule a Arango García con las investigaciones penales que enfrenta Rafael “N.”; su nombre aparece únicamente en registros mercantiles relacionados con estas empresas.
Una empresa ligada al empresario ofreció empleo a Mario Marín
Además de los contratos públicos, una de las empresas relacionadas con este grupo empresarial apareció en la estrategia jurídica presentada por la defensa del exgobernador Mario Marín Torres para obtener prisión domiciliaria.
De acuerdo con una investigación publicada en agosto de 2023 por el periodista Ernesto Aroche Aguilar, la empresa Arrendadora Cado ofreció un empleo a Marín como parte de la documentación presentada ante un juez para acreditar arraigo laboral.
La representante legal de Arrendadora Cado es Rosalinda Cabrera Dolores, quien comparte sociedades con Rafael “N.” en empresas como Inmobiliaria Rajuan, Desarrollo Tecnológico de Ornamentales, Plántulas y Flores y PETROAADLAB.
Según la investigación, la oferta laboral contemplaba un salario mensual de 30 mil pesos mediante un contrato con vigencia de cinco años. El documento establecía que el exgobernador prestaría sus servicios de forma independiente, bajo la modalidad home office, utilizando sus propios recursos, sin horario fijo y sin relación de subordinación con la empresa.
La propuesta fue presentada como parte de la estrategia legal para demostrar que Marín contaba con una fuente de ingresos y arraigo suficiente para enfrentar su proceso fuera del penal de máxima seguridad de El Altiplano.
Posteriormente, el exmandatario obtuvo un cambio en su medida cautelar; sin embargo, en abril de 2025 regresó a prisión para continuar el proceso penal que enfrenta por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.
Hasta el momento, las autoridades no han informado que estas relaciones empresariales formen parte de la investigación penal contra Rafael “N.”, por lo que los vínculos expuestos corresponden a información contenida en registros públicos, el Portal Nacional de Transparencia e investigaciones periodísticas.
