Nacional
Clínica COVID-19 de Chiapas entrega un cuerpo equivocado; lo rescata minutos antes de ser cremado
Cuando era trasladado para ser cremado, los amigos y familiares de un elemento de Protección Civil de San Cristóbal de Las Casas que falleció por la COVID-19, fueron notificados que el cuerpo que ellos llevaban en la carroza, no era la persona indicada y al que sus compañeros de los servicios de emergencia también le habían rendido honores.
Tras varios días de agonía intubado, la mañana de este martes falleció en la Clínica de Enfermedades Respiratorias COVID de San Cristóbal de Las Casas, José Antonio Suárez Vázquez, un elemento del Sistema Municipal de Protección Civil de ese municipio.
Días atrás, antes de ser internado en la clínica, sus amigos y compañeros habían denunciado la nula atención y comprensión que había tenido el elemento grave por parte de las autoridades municipales, su mando, el titular de esa oficina de Protección Civil, Pablo Reyes y la propia Alcaldesa Jerónima Toledo.
Suárez Vázquez, El Llanero, como lo conocían sus amigos, se enteraron hoy de su muerte, por lo que junto a la familia recogieron el cuerpo en la Clínica que posteriormente fue llevado por una funeraria.
De la funeraria partió una caravana de vehículos de emergencia, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos y otros, escoltando la carroza con las torretas y sirenas encendidas, como un homenaje al compañero fallecido.
La familia fue despedida en la salida de San Cristóbal de Las Casas, cuando ya se enfilaron hacia la ciudad de Comitán, donde esta tarde sería cremado.
Sin embargo, cuando la carroza iba a la altura de la comunidad se Mitzitón, al conductor de la carroza y la familia, les llamó la gerente de la funeraria, Marcela Díaz Carachuré, para decirles que regresaran pues el cuerpo que se llevaban era de otra persona y no el de Suárez Vázquez.
La gerente de la funeraria dijo que ella a su vez había sido advertida y notificada vía telefónica desde la Clínica COVID, ubicada en La Albarrada, de que el cuerpo que había salido era el de otra persona y no del elemento del cuerpo de Protección Civil municipal de San Cristóbal de Las Casas.
Es decir, se llevaban el cuerpo de otra persona cuya familia lo reclamaba en la Clínica.
La Secretaría de Salud ha iniciado las indagatorias y el proceso de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones administrativas respectivas. Foto: Especial vía Chiapas Paralelo
Molestos, sus amigos, familiares y compañeros, regresaron indignados hacia la clínica para protestar por esta negligencia por parte del personal médico de la Clínica COVID de La Albarrada.
A las 16:30 horas, la familia recibió ahora sí, de parte del personal médico de la Clínica COVID, el cuerpo de la persona indicada, el de José Antonio Suárez Vázquez, quien por 25 años estuvo en los servicios de emergencia de San Cristóbal de Las Casas, primero en la Cruz Roja Mexicana y actualmente en el Servicio de Protección Civil Municipal.
El pasado sábado, los familiares de María Mireya de 57 años de edad, una mujer diabética que fue contagiada por la COVID-19, se manifestaron indignados porque al día siguiente de que enterraron a su familiar, les llamaron de la Clínica COVID de Tuxtla, que fueran a recoger su cuerpo porque ya había fallecido.
Esto hizo que la familia entrara en shock y fuera a pedir un aclaración, sin embargo, no eran atendidos, hasta después de que llegó la prensa, fueron recibidos y les aclararon que efectivamente la persona que se llevaron a enterrar era la indicada y les pidieron disculpas, que fue una falla de comunicación interna.
Tras este incidente de San Cristóbal de Las Casas, la Secretaría de Salud del estado informó que la situación fue aclarada con las dos familias involucradas y de conformidad ambas tienen la certeza de haber recibido los restos que corresponden a sus deudos.
Sobre estos hechos, la dependencia estatal dio esta tarde que ambos cuerpos estuvieron en la Clínica COVID-19 de San Cristóbal de Las Casas y bajo protocolo fueron entregados a las empresas que se encargarían de los servicios funerarios. No obstante, por una mala comunicación, se llevaron los cadáveres de manera errónea.
Dijo la dependencia estatal que de manera oportuna se supo de esta confusión e inmediatamente se estableció comunicación con las familias para hacer la identificación y entrega de los cuerpos.
La Secretaría de Salud ha iniciado las indagatorias y el proceso de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones administrativas respectivas.
Por estos hechos también se investigará a las empresas involucradas, garantizando que habrá claridad y transparencia para esclarecer lo ocurrido, con el propósito de evitar que estos sucesos se repitan.
*Un helicóptero UH-60M de la Fuerza Aérea Mexicana realizó un aterrizaje de emergencia en El Salto, Durango; siete ocupantes tuvieron lesiones leves.
Nacional.- Un helicóptero UH-60M de la Fuerza Aérea Mexicana realizó un aterrizaje de emergencia este 28 de agosto de 2026, durante el despegue en el Centro de Adiestramiento Regional de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los siete ocupantes de la aeronave presentaron contusiones leves y fueron atendidos por personal de Sanidad Militar. La Sedena activó la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos para determinar las causas que originaron el incidente.
#NACIONAL🚁|| El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, informó que el helicóptero en el que viajaba realizó maniobras de emergencia debido al cruce de aves y poca visibilidad, mientras se dirigía a Pantepec. No hubo personas lesionadas. pic.twitter.com/VP9depUou5
— Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) August 28, 2026
* Los recursos recuperados por el caso García Luna y la familia Weinberg serán destinados a planteles de educación media superior y superior en La Montaña de Guerrero.
Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los 5 millones 805 mil 693.50 dólares recuperados por el Estado mexicano en el caso relacionado con Genaro García Luna y la familia Weinberg serán destinados a escuelas de la región de La Montaña de Guerrero.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que los recursos, equivalentes a alrededor de 100 millones de pesos, serán utilizados principalmente para fortalecer la educación media superior y superior en zonas de alta necesidad.
“Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en La Montaña de Guerrero”, señaló Sheinbaum, quien agregó que también se contempla atender necesidades de educación básica.
La presidenta destacó que la recuperación representa, según explicó, la primera ocasión en que recursos derivados de este caso regresan al erario público.
UIF detalla recuperación de recursos
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, explicó que entre 2008 y 2018 se detectó un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas.
De acuerdo con la UIF, dichos contratos superaron los 403 millones de dólares.
La dependencia presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y posteriormente interpuso una demanda civil en Florida, Estados Unidos, en septiembre de 2021.
El proceso involucró la coordinación de la UIF con la FGR, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de mecanismos de asistencia jurídica internacional con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.
El 19 de mayo de 2026 se dictó sentencia a favor del Estado mexicano contra integrantes de la familia Weinberg. Como resultado del procedimiento, el pasado 25 de agosto México recibió 5 millones 805 mil 693.50 dólares, provenientes de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida.
La UIF señaló que todavía está pendiente la liquidación de otros activos que podrían representar recursos adicionales para el Estado mexicano.
UIF reporta miles de cuentas inmovilizadas
Reyes Colmenares también informó que durante la administración de Sheinbaum la UIF ha incorporado a 2 mil 395 personas a la lista de personas bloqueadas.
Asimismo, se han inmovilizado 24 mil 622 cuentas, con un monto global de 8 mil 670 millones de pesos. De ellas, 7 mil 861 estarían relacionadas con integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país.
En materia de combate a la extorsión, la UIF reportó además la inmovilización de mil 443 cuentas relacionadas con este delito.
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*Dos de los niños contaban con ficha de desaparición desde 2023; una pareja fue detenida e investigada por trata de personas.
Nacional.- ¡Rescatan a cuatro menores! Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional realizaron un cateo en un inmueble de la zona de Sierra de Guadalupe Buenavista, en Tultitlán, donde localizaron a cuatro niños que presuntamente eran obligados a trabajar en una recicladora.
Los menores, de entre 7 y 12 años, presuntamente eran obligados a separar y cargar materiales de reciclaje. La investigación comenzó a partir de una denuncia relacionada con una adolescente de 13 años, quien habría sido obligada desde enero de 2025 a realizar estas actividades.
Según las indagatorias, cuando los menores se negaban a trabajar eran presuntamente sometidos a violencia física y psicológica. Las jornadas laborales podían prolongarse durante varias horas, incluso en fines de semana y periodos vacacionales.
Entre los niños rescatados había dos que contaban con fichas de desaparición desde diciembre de 2023. De acuerdo con las investigaciones, uno de los detenidos, quien sería padre de estos menores, habría tenido conocimiento de su paradero sin informar a las autoridades.
Durante el operativo fueron detenidos Tania “N” y José Andrés “N”, quienes son investigados por su probable participación en el delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados.
Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial y, de ser encontrados responsables, podrían enfrentar una pena de hasta 30 años de prisión. Mientras tanto, los cuatro menores quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes para recibir atención y protección.
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