Odilón Larios. Continúan las irregularidades dentro del Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, lo anterior pese a que recientemente se dio el cambio de los directivos de dicho penal. Personas cercanas a los reclusos informaron a este diario que dicho CERESO se ha convertido en el número 1 en extorciones telefónicas en el estado de Puebla.

De acuerdo con las personas que hicieron llegar la información, quienes por obvias razones solicitaron el anonimato, esto se debe a que el número de equipos celulares prácticamente se duplicó a raíz de la llegada del actual director Alberto Vázquez Pérez, y del subdirector de seguridad y custodia David Galindo Lucero.

Los informantes indicaron desconocer si estos funcionarios están enterados o no de las irregularidades que ocurren en el penal, lo que sí saben es que es su obligación evitar que este tipo de situaciones, que ponen en riesgo a la población penitenciaria, ocurran.

Atribuyen el incremento de número de celulares dentro del penal a la disminución del cobro mensual para permitir esas canonjías, ilegales. Indicaron que con los anteriores directivos la cuota era de mil pesos, y actualmente esa cantidad se redujo a 500 pesos.

Lo anterior ha generado que gran número de esos internos con acceso a celular y redes sociales, esté haciendo llamadas de extorsión a las familias de otros internos.

La forma en cómo operan es la siguiente, de acuerdo con lo narrado por las fuentes: “Los internos llaman a familiares de otros reclusos, les dicen que su ser querido salió elegido en un Programa Federal para obtener una libertad anticipada. Les dicen que por la preliberación deben pagar 20 mil pesos. Como gancho les indican que no deben depositar todo, en un primer momento deben depositar 10 o 15 mil pesos – según se deje la víctima – a un número de cuenta, y una vez que su familiar – supuestamente – quede en libertad, cubrir el resto”.

Afirmaron que son más de una veintena de personas las que han sido víctimas de este tipo de extorsiones, por lo que piden la intervención del gobierno del estado para que revisen el lugar y los casos de los cuales ya hay registros en el CERESO.