Este domingo 5 de junio, se cumplen 13 años del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niñas y niños, hubo 90 lesionados y 41 personas estuvieron expuestas al humo.

Sobre este hecho, el 6 de junio de 2019 el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió por primera vez con los familiares de las víctimas para escuchar sus peticiones y demandas.

A partir de ahí se han llevado a cabo tres reuniones más: el 5 de septiembre y 12 de diciembre de 2019, y el 12 de marzo de 2020. De estas reuniones se asumieron los siguientes compromisos:

• El 13 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto para especificar las responsabilidades del Estado mexicano frente a las familias y las niñas y niños sobrevivientes. El 22 de julio de 2020 se emitió el Acuerdo ACDO.AS1.HCT.220720/188.P.DJ del Consejo Técnico del IMSS para integrar los conceptos de este Decreto.

• El Decreto reconoce nuevas medidas a las familias como el pago de los costos de la atención médica y medios de diagnóstico en unidades ajenas al IMSS. Se considera pago de costos de traslados y atención médica en el país y en los Estados Unidos; gastos de mobiliario y equipo para la rehabilitación de los menores y adultos lesionados. También garantiza el acceso al Seguro de Salud para la Familia a los afectados, apoyo psicológico y atención psiquiátrica institucional.

• Otros derechos se proporcionan a través del Fideicomiso Público. Este considera una medida mensual vitalicia para las madres de los menores fallecidos, lesionados y con exposición al humo, y para las adultos lesionados; una medida mensual vitalicia para los menores lesionados que tengan una lesión incapacitante; una medida equiparable a la pensión garantizada para los niños y niñas lesionados; una beca educativa para los menores lesionados y con exposición al humo, para sus estudios desde de primaria hasta educación superior, y el pago de energía eléctrica a menores y adultos lesionados.

• Desde la ampliación de las medidas para los afectados y sus familiares, el padrón de beneficiarios se ha incrementado en un 13.5%. Al corte de abril de 2022 se han proporcionado más de 181 mil citas médicas a los afectados y sus familiares, de las cuales 138 mil han sido otorgadas en el IMSS (76%) y 43 mil de manera subrogada (24%).

• El gobierno de México ha realizado un trabajo multidisciplinario e interinstitucional para otorgar medidas de reparación integral, con base en los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, el IMSS y la secretaría de Gobernación, concretamente a través del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones a Derechos Humanos, han indemnizado a diversas familias.

• Por su parte, el gobierno del estado de Sonora, en coordinación con la Fundación IMSS, entregó a las familias indemnizaciones por concepto de fallecimiento y lesiones.

• Respecto a la atención a las víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informa que desde 2015 a lo que va de 2022, el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) ha recibido 1,011 solicitudes de inscripción para ser agregadas al padrón; 962 personas vinculadas al hecho victimizante, de las cuales 900 ya están inscritas y para las otras 62 aún se analiza su incorporación. De las personas inscritas en el Registro Federal de Víctimas (REFEVI), 149 son víctimas directas, 747 víctimas indirectas y 4 víctimas directas e indirectas. En promedio, los núcleos familiares reportados son de 4 víctimas, sin embargo, existen núcleos integrados por más de 10 víctimas registradas.

• La CEAV, a través del Centro de Atención Integral a Víctimas (CAI) de Sonora, ha atendido a 46 familias de niñas y niños fallecidos; y a 47 núcleos familiares de niñas y niños lesionados y expuestos. En total, hay 683 expedientes abiertos por atenciones individuales; hasta la fecha se han otorgado 545 atenciones por parte del área de Trabajo Social y 597 por parte del Departamento de Psicología, adscrito al CAI.

• Las víctimas han recibido apoyo jurídico, asesorías, orientaciones y representación legal (15 núcleos familiares son representados por la CEAV), atención de trabajo social, traslados, solicitudes de inscripción al padrón de víctimas, trámites administrativos y valoraciones psicológicas y médicas para la reparación integral.

• Con relación al tema de la justicia y la garantía de no repetición, el 12 de febrero de 2020 se presentó una denuncia de hechos con motivo del suceso del 5 de junio de 2009, en la Guardería ABC. Esta nueva denuncia tomó como eje rector el Voto de Minoría, la Facultad de Investigación 1/2009, la Recomendación de la CNDH y el Informe de la Auditoría Superior de la Federación. Con motivo de dicha denuncia, la Fiscalía General de la República dio inicio a la Carpeta de Investigación correspondiente, la cual fue judicializada y generó la vinculación a proceso de dos imputados, funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel central.

• Sobre el Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE), aprobado desde 2009 por el Consejo Técnico del IMSS para brindar atención médica a las familias afectadas y fungir como vínculo con los servicios y áreas institucionales, se tiene previsto que sus nuevas instalaciones comiencen a operar en julio de 2022.

• La garantía de no repetición es un elemento fundamental de la justicia integral, por lo que nuestro compromiso es permanente con los familiares de las víctimas y las y los afectados de esta tragedia que desde hace 13 años exigen al Estado mexicano: nunca más un ABC.