Nacional
Se cumplen 13 años del incendio de la Guardería ABC
Este domingo 5 de junio, se cumplen 13 años del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niñas y niños, hubo 90 lesionados y 41 personas estuvieron expuestas al humo.
Sobre este hecho, el 6 de junio de 2019 el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió por primera vez con los familiares de las víctimas para escuchar sus peticiones y demandas.
A partir de ahí se han llevado a cabo tres reuniones más: el 5 de septiembre y 12 de diciembre de 2019, y el 12 de marzo de 2020. De estas reuniones se asumieron los siguientes compromisos:
• El 13 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto para especificar las responsabilidades del Estado mexicano frente a las familias y las niñas y niños sobrevivientes. El 22 de julio de 2020 se emitió el Acuerdo ACDO.AS1.HCT.220720/188.P.DJ del Consejo Técnico del IMSS para integrar los conceptos de este Decreto.
• El Decreto reconoce nuevas medidas a las familias como el pago de los costos de la atención médica y medios de diagnóstico en unidades ajenas al IMSS. Se considera pago de costos de traslados y atención médica en el país y en los Estados Unidos; gastos de mobiliario y equipo para la rehabilitación de los menores y adultos lesionados. También garantiza el acceso al Seguro de Salud para la Familia a los afectados, apoyo psicológico y atención psiquiátrica institucional.
• Otros derechos se proporcionan a través del Fideicomiso Público. Este considera una medida mensual vitalicia para las madres de los menores fallecidos, lesionados y con exposición al humo, y para las adultos lesionados; una medida mensual vitalicia para los menores lesionados que tengan una lesión incapacitante; una medida equiparable a la pensión garantizada para los niños y niñas lesionados; una beca educativa para los menores lesionados y con exposición al humo, para sus estudios desde de primaria hasta educación superior, y el pago de energía eléctrica a menores y adultos lesionados.
• Desde la ampliación de las medidas para los afectados y sus familiares, el padrón de beneficiarios se ha incrementado en un 13.5%. Al corte de abril de 2022 se han proporcionado más de 181 mil citas médicas a los afectados y sus familiares, de las cuales 138 mil han sido otorgadas en el IMSS (76%) y 43 mil de manera subrogada (24%).
• El gobierno de México ha realizado un trabajo multidisciplinario e interinstitucional para otorgar medidas de reparación integral, con base en los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, el IMSS y la secretaría de Gobernación, concretamente a través del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones a Derechos Humanos, han indemnizado a diversas familias.
• Por su parte, el gobierno del estado de Sonora, en coordinación con la Fundación IMSS, entregó a las familias indemnizaciones por concepto de fallecimiento y lesiones.
• Respecto a la atención a las víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informa que desde 2015 a lo que va de 2022, el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) ha recibido 1,011 solicitudes de inscripción para ser agregadas al padrón; 962 personas vinculadas al hecho victimizante, de las cuales 900 ya están inscritas y para las otras 62 aún se analiza su incorporación. De las personas inscritas en el Registro Federal de Víctimas (REFEVI), 149 son víctimas directas, 747 víctimas indirectas y 4 víctimas directas e indirectas. En promedio, los núcleos familiares reportados son de 4 víctimas, sin embargo, existen núcleos integrados por más de 10 víctimas registradas.
• La CEAV, a través del Centro de Atención Integral a Víctimas (CAI) de Sonora, ha atendido a 46 familias de niñas y niños fallecidos; y a 47 núcleos familiares de niñas y niños lesionados y expuestos. En total, hay 683 expedientes abiertos por atenciones individuales; hasta la fecha se han otorgado 545 atenciones por parte del área de Trabajo Social y 597 por parte del Departamento de Psicología, adscrito al CAI.
• Las víctimas han recibido apoyo jurídico, asesorías, orientaciones y representación legal (15 núcleos familiares son representados por la CEAV), atención de trabajo social, traslados, solicitudes de inscripción al padrón de víctimas, trámites administrativos y valoraciones psicológicas y médicas para la reparación integral.
• Con relación al tema de la justicia y la garantía de no repetición, el 12 de febrero de 2020 se presentó una denuncia de hechos con motivo del suceso del 5 de junio de 2009, en la Guardería ABC. Esta nueva denuncia tomó como eje rector el Voto de Minoría, la Facultad de Investigación 1/2009, la Recomendación de la CNDH y el Informe de la Auditoría Superior de la Federación. Con motivo de dicha denuncia, la Fiscalía General de la República dio inicio a la Carpeta de Investigación correspondiente, la cual fue judicializada y generó la vinculación a proceso de dos imputados, funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel central.
• Sobre el Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE), aprobado desde 2009 por el Consejo Técnico del IMSS para brindar atención médica a las familias afectadas y fungir como vínculo con los servicios y áreas institucionales, se tiene previsto que sus nuevas instalaciones comiencen a operar en julio de 2022.
• La garantía de no repetición es un elemento fundamental de la justicia integral, por lo que nuestro compromiso es permanente con los familiares de las víctimas y las y los afectados de esta tragedia que desde hace 13 años exigen al Estado mexicano: nunca más un ABC.
* Los recursos recuperados por el caso García Luna y la familia Weinberg serán destinados a planteles de educación media superior y superior en La Montaña de Guerrero.
Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los 5 millones 805 mil 693.50 dólares recuperados por el Estado mexicano en el caso relacionado con Genaro García Luna y la familia Weinberg serán destinados a escuelas de la región de La Montaña de Guerrero.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que los recursos, equivalentes a alrededor de 100 millones de pesos, serán utilizados principalmente para fortalecer la educación media superior y superior en zonas de alta necesidad.
“Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en La Montaña de Guerrero”, señaló Sheinbaum, quien agregó que también se contempla atender necesidades de educación básica.
La presidenta destacó que la recuperación representa, según explicó, la primera ocasión en que recursos derivados de este caso regresan al erario público.
UIF detalla recuperación de recursos
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, explicó que entre 2008 y 2018 se detectó un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas.
De acuerdo con la UIF, dichos contratos superaron los 403 millones de dólares.
La dependencia presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y posteriormente interpuso una demanda civil en Florida, Estados Unidos, en septiembre de 2021.
El proceso involucró la coordinación de la UIF con la FGR, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de mecanismos de asistencia jurídica internacional con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.
El 19 de mayo de 2026 se dictó sentencia a favor del Estado mexicano contra integrantes de la familia Weinberg. Como resultado del procedimiento, el pasado 25 de agosto México recibió 5 millones 805 mil 693.50 dólares, provenientes de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida.
La UIF señaló que todavía está pendiente la liquidación de otros activos que podrían representar recursos adicionales para el Estado mexicano.
UIF reporta miles de cuentas inmovilizadas
Reyes Colmenares también informó que durante la administración de Sheinbaum la UIF ha incorporado a 2 mil 395 personas a la lista de personas bloqueadas.
Asimismo, se han inmovilizado 24 mil 622 cuentas, con un monto global de 8 mil 670 millones de pesos. De ellas, 7 mil 861 estarían relacionadas con integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país.
En materia de combate a la extorsión, la UIF reportó además la inmovilización de mil 443 cuentas relacionadas con este delito.
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*Dos de los niños contaban con ficha de desaparición desde 2023; una pareja fue detenida e investigada por trata de personas.
Nacional.- ¡Rescatan a cuatro menores! Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional realizaron un cateo en un inmueble de la zona de Sierra de Guadalupe Buenavista, en Tultitlán, donde localizaron a cuatro niños que presuntamente eran obligados a trabajar en una recicladora.
Los menores, de entre 7 y 12 años, presuntamente eran obligados a separar y cargar materiales de reciclaje. La investigación comenzó a partir de una denuncia relacionada con una adolescente de 13 años, quien habría sido obligada desde enero de 2025 a realizar estas actividades.
Según las indagatorias, cuando los menores se negaban a trabajar eran presuntamente sometidos a violencia física y psicológica. Las jornadas laborales podían prolongarse durante varias horas, incluso en fines de semana y periodos vacacionales.
Entre los niños rescatados había dos que contaban con fichas de desaparición desde diciembre de 2023. De acuerdo con las investigaciones, uno de los detenidos, quien sería padre de estos menores, habría tenido conocimiento de su paradero sin informar a las autoridades.
Durante el operativo fueron detenidos Tania “N” y José Andrés “N”, quienes son investigados por su probable participación en el delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados.
Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial y, de ser encontrados responsables, podrían enfrentar una pena de hasta 30 años de prisión. Mientras tanto, los cuatro menores quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes para recibir atención y protección.
*Irene Ramiro señala a su exsuperior Héctor Meneses Bonilla por presuntas amenazas y privación de la libertad; afirma que ha rendido 15 entrevistas sin avances en la investigación.
Puebla, Pue.- A un año de haber denunciado presuntas amenazas de muerte y privación de la libertad, Irene Ramiro, expolicía de la Sierra Norte de Puebla, acusó a la Fiscalía General del Estado de mantener estancada la investigación contra su exsuperior, Héctor Meneses Bonilla, excomandante de Ixtepec.
Durante una entrevista realizada el jueves 27 de agosto, con Odilón Larios, Irene Ramiro afirmó que, pese al tiempo transcurrido, su carpeta de investigación no ha sido judicializada.
#EnEntrevista 🚨 || Irene Ramiro, expolicía de la Sierra Norte de Puebla, denunció hace aproximadamente un año a su exsuperior, Héctor M, por presuntas amenazas de muerte y privación de la libertad. Señala que la investigación por violencia de género no ha avanzado y que… pic.twitter.com/UPbY65LguW
— Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) August 27, 2026
La expolicía aseguró que ha rendido 15 entrevistas como parte de las indagatorias y ha presentado elementos relacionados con su denuncia; sin embargo, señaló que hasta ahora no observa avances que permitan llevar el caso ante un juez.
Ramiro también denunció que las presuntas amenazas no han cesado y que incluso sus testigos habrían recibido intimidaciones.
La denunciante sostuvo que el caso es investigado bajo una perspectiva de violencia de género, pero cuestionó la falta de resultados por parte de las autoridades ministeriales.
Irene Ramiro pidió a la Fiscalía General del Estado de Puebla agilizar las investigaciones, garantizar su seguridad y la de las personas que han aportado testimonios, además de esclarecer los hechos que atribuye a su exsuperior.
Hasta el momento, los señalamientos forman parte de una denuncia y deberán ser esclarecidos por las autoridades correspondientes mediante la investigación ministerial.
🚨⚖️ || A un año de denunciar amenazas de muerte, Irene acusa a la Fiscalía General del Estado de Puebla de mantener estancada su carpeta contra Héctor Meneses Bonilla, excomandante de Ixtepec; afirma haber rendido 15 entrevistas sin judicialización. https://t.co/M6yLNGp4Qk pic.twitter.com/Q9YpFjQgN5
— Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) August 28, 2026
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