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Resuelve Poder Judicial el retorno a las actividades presenciales en la UDLAP
El Poder Judicial del Estado de Puebla informó que se resolvió para reanudar las actividades educativas y académicas presenciales de la Universidad de las Américas Puebla, sin ningún tipo de empleo de la fuerza pública y con la coadyuvancia pertinente de la Secretaría de Educación.
Lo anterior, a petición de la Fundación Mary Street Jenkins, en una audiencia citada desde el pasado 28 de enero, a través de la Jueza de Control Magally Escamilla Rodríguez, esto para garantizar la función social de la Universidad y el interés superior de los estudiantes.
Esta determinación responde a la evidencia aportada por el Ministerio Público, en el que se da fe de la restitución del Campus a la Fundación Mary Street Jenkins desde el 1 de noviembre de 2021.
La jueza de Control determinó que, si bien existen las condiciones de acceso y seguridad para dar cumplimiento a las funciones educativas, es necesario que el personal administrativo y docente, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, participen en el desarrollo de actividades presenciales de la institución.
En la audiencia, la Jueza hizo un exhorto al personal administrativo y docente de la Universidad de las Américas, así como de la Secretaría de Educación Pública, para que se constituyan en el campus que se localiza en la Ex hacienda de Santa Catarina Mártir sin número, en el municipio de San Andrés Cholula, a efecto de verificar, la total apertura de las instalaciones y condiciones de acceso, dando cumplimiento a lo ordenado por la autoridad Jurisdiccional.
De esta forma, el Poder Judicial del Estado de Puebla reitera su compromiso de lograr un mejor desarrollo en la impartición y administración de justicia, en apoyo a la función jurisdiccional.
*Autoridades municipales recuperaron una motocicleta robada sobre el Periférico Ecológico, luego de que el sistema de geolocalización permitió ubicarla en la colonia Misiones de San Francisco.
Coronango, Pue.- El hallazgo se dio después de que el propietario reportara el robo y proporcionara la información del GPS que indicaba la ubicación del vehículo. La unidad en cuestión es una Italika FT150 GTS color gris.
Elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo y localizaron la motocicleta abandonada sobre la calle Besana, cerca de la avenida Almagro. Tras confirmar que el vehículo correspondía con el reporte, fue asegurado y trasladado a la Comisaría de Seguridad Pública.
Posteriormente, el dueño acudió a las instalaciones policiales, acreditó la legal posesión de la motocicleta y realizó los trámites necesarios para recuperarla.
Con esta acción, la Policía Municipal de Coronango restituyó al propietario la unidad robada.
Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) realizaron una protesta bajo el esquema de trabajo bajo protesta en las inmediaciones del Hospital de Traumatología y Ortopedia Rafael Moreno Valle, en Puebla capital.
Puebla, Pue.- La movilización comenzó este miércoles 11 de noviembre alrededor de las 6:30 horas como una manera de expresar su inconformidad respecto a las condiciones laborales que enfrentan y para solicitar la atención de las autoridades competentes.
A pesar de la protesta, los paramédicos continúan atendiendo los llamados de emergencia, por lo que no han suspendido sus actividades operativas.
Aunque aún no se ha dado a conocer un pliego detallado de peticiones, la manifestación busca que las autoridades escuchen y atiendan las demandas del personal de SUMA.
Se espera que durante el transcurso del día las autoridades emitan algún posicionamiento oficial en relación con esta protesta.
La Fiscalía General del Estado de Puebla logró condenar a Abel N., de 29 años, a cuatro años y diez meses de prisión por los delitos de extorsión y contra la salud, después de que exigiera dinero a un bar en el municipio de Tehuacán.
Tehuacán, Pue.- Los hechos ocurrieron el 7 de enero de 2025, cuando Abel N. se presentó en el establecimiento y exigió a la víctima la entrega de 3 mil pesos bajo el concepto de “derecho de piso”. Según las indagatorias, el imputado actuaba siguiendo instrucciones de otra persona que previamente habría realizado cobros similares con amenazas.
Después de recibir el dinero, la víctima y empleados del bar retuvieron al acusado y lo entregaron a elementos de la Policía Municipal.
El 3 de noviembre de 2026, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria, y el 10 de noviembre se impuso la pena de cuatro años por extorsión y 10 meses por delitos contra la salud. Además, Abel N. deberá pagar una multa de 36 mil 883 pesos con 64 centavos, recibir una amonestación pública y enfrentar la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
La Fiscalía indicó que la reparación del daño está pendiente para la etapa de ejecución de sanciones y continuará con el seguimiento del cumplimiento judicial.
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