Internacional
Reforma Judicial va; fracasa proyecto de Alcántara Carrancá en la SCJN
Prohibidos los Amparos, Inconstitucionalidad o Controversias contra aprobaciones del Congreso
CDMX. Ciudad de México. 5 de noviembre de 2024 – La reforma judicial impulsada por el gobierno sigue adelante tras una decisiva votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este martes, las y los ministros discutieron y votaron el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien había propuesto desestimar la acción de inconstitucionalidad promovida por diversos partidos de oposición. Sin embargo, la propuesta fue rechazada.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
La reforma, que ha sido objeto de intensos debates, prohíbe al pueblo y a los partidos políticos iniciar juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias contra cualquier iniciativa aprobada por el Congreso. En este sentido, la oposición argumenta que tal medida vulnera el derecho de los ciudadanos a la defensa constitucional.
Ministro “Sensato”
El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue rechazado por unanimidad.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron desestimadas en una decisión clave.
La reforma judicial prohíbe al pueblo y partidos políticos interponer ciertos recursos legales.
La votación de la SCJN marca un precedente importante en la historia judicial reciente.
Partidos de oposición aseguran que seguirán buscando otras vías para impugnar la reforma.
En un hecho que marca un antes y después en el Poder Judicial, la votación concluyó con el fracaso del proyecto de González Alcántara Carrancá, dejando el camino libre para que la reforma siga adelante. Los ministros resaltaron que la decisión fortalece la independencia de las instituciones judiciales y abre un debate importante sobre los derechos constitucionales de los ciudadanos.
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*El video mostró espacios y vestigios de acceso restringido, como el Trono del Jaguar Rojo, y reavivó el debate sobre el patrimonio.
Yucatán.— Autoridades culturales sancionaron a un trabajador de la zona arqueológica de Chichén Itzá luego de que difundiera en redes sociales un video con imágenes inéditas del interior de la pirámide de El Castillo, espacios cuyo acceso está estrictamente restringido al público.
El material, que rápidamente se viralizó, mostró pasillos internos y vestigios prehispánicos que rara vez han sido documentados, entre ellos el Chac Mool y el Trono del Jaguar Rojo, piezas de alto valor histórico y simbólico para la cultura maya. La difusión generó interés entre usuarios, pero también una fuerte polémica sobre la protección del patrimonio cultural en México.
De acuerdo con información oficial, la grabación fue realizada sin autorización y a título personal, lo que constituye una violación a la normativa que regula el resguardo de monumentos arqueológicos. El trabajador infringió disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como artículos de su reglamento.
La Dirección de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, junto con el Gran Museo y el Centro de Atención a Visitantes (CATVI), confirmó que se aplicaron medidas administrativas en contra del custodio, aunque no se detalló el tipo de sanción, señalando que el proceso se realizó respetando sus derechos laborales.
Las autoridades recordaron que el acceso al interior de El Castillo está limitado exclusivamente a personal autorizado, como parte de las acciones para preservar la integridad estructural y cultural del monumento, considerado una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno.
El caso reavivó el debate público sobre hasta dónde debe llegar la difusión de contenidos históricos en plataformas digitales y la responsabilidad de quienes tienen acceso privilegiado a espacios considerados patrimonio de la nación.
*Las medidas impactan a estudiantes internacionales y a familiares de ciudadanos estadounidenses, bajo el argumento de seguridad nacional.
Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió las restricciones a la inmigración legal y prohibiciones de entrada al país, una medida que afectará a estudiantes internacionales, familiares de ciudadanos estadounidenses y solicitantes de visas especiales, y que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
De acuerdo con la nueva política, se bloquea totalmente el ingreso de personas procedentes de Siria, Sudán del Sur, Níger, Malí y Burkina Faso, así como de personas que porten documentos expedidos por la Autoridad Palestina. Además, se establecieron restricciones parciales para ciudadanos de otros 15 países, principalmente de África, lo que eleva a más de 35 naciones la lista con limitaciones para entrar a Estados Unidos.
Las nuevas disposiciones también alcanzan a cónyuges, hijos, padres, hermanos e hijos adultos de ciudadanos estadounidenses, así como a estudiantes extranjeros y a personas que buscan acceder a las visas especiales para inmigrantes afganos, creadas para quienes colaboraron con el ejército y el gobierno de Estados Unidos durante la guerra en Afganistán.
Con esta ampliación, el gobierno estadounidense limitará total o parcialmente la entrada de personas provenientes de casi el 20 por ciento de los países del mundo, lo que representa un endurecimiento significativo de las vías legales de migración. Analistas señalan que la medida “cierra prácticamente la puerta” a la mayoría de los no ciudadanos de los países incluidos.
La Casa Blanca justificó la decisión bajo el argumento de seguridad nacional, tras recientes hechos violentos ocurridos en territorio estadounidense. Aliados del presidente respaldaron la política al considerar que reduce riesgos, mientras que organizaciones civiles y exfuncionarios criticaron la medida por considerar que discrimina por nacionalidad y afecta de manera desproporcionada a países de África y Medio Oriente.
Además de frenar nuevos ingresos, las restricciones podrían impactar a migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos, pues el gobierno ha bloqueado trámites de inmigración y ceremonias de ciudadanía para personas procedentes de países incluidos en prohibiciones previas.
Las nuevas medidas migratorias reavivan el debate nacional e internacional sobre el alcance de las facultades presidenciales en materia de inmigración y el impacto humanitario de las políticas restrictivas impulsadas por la administración Trump.
