Odilón Larios Nava. – Señalan a un funcionario de medio nivel del Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Miguel, de ser la herencia maldita que dejaron las dos administraciones anteriores. Personas cercanas a los internos lo señalan de ser el responsable de una importante parte de la corrupción que existe en el centro penitenciario.

Es por eso que las fuentes consultadas piden que el gobierno del estado realice una investigación a

dicho funcionario, quien ostenta el cargo de Subdirector de Seguridad y Custodia, para que confirmen o en su caso descarten estos señalamientos. “Él es el que permite que ingresen grandes cantidades de alcohol utilizando para ello la aduana de vehículos” indicaron las personas que señalaron estar hartas de la corrupción en el penal.

Ante el temor de que tome represalias, las fuentes solicitaron que se les diera la gracia del anonimato.

Las fuentes indicaron que es él, el encargado de cobrar cuotas – aparte de las legalmente establecidas – a los internos que tienen negocios al interior del penal, y que por esa razón los reclusos ya no lo soportan, pues deben pagar desde 200 a 500 pesos semanales. “Les dice a los internos que es dinero para la jefa, pero no sabemos quién es su jefa”, señalaron los quejosos.

En ese tenor señalaron que la razón por la que Julio, el que controlaba el área de ingresos y sus compinches, fueran trasladados al CERESO de Tepexi de Rodríguez, fue que el Julio se negó a aumentar la cantidad que pagaba y por ello el Subdirector de Seguridad y Custodia lo cambió de penal: “De esa manera ahora puede poner ese negocio a disposición del mejor postor”, precisaron.

“Para que te des una idea, es el que cobra por permitir que los internos tengan celular. Las cuotas van desde los mil a los cinco mil pesos, para que te deje tener un celular” señalaron. Aseguran que todo eso va en detrimento de la economía de las familias, quienes ya tienen la carga de tener a un familiar privado de la libertad y todo lo que ello conlleva.

Por todo ello pidieron que estas irregularidades y presuntas corruptelas lleguen a los oídos de los altos mandos en el estado para que investiguen y, en su caso, sancionen al mencionado funcionario, el cual fue heredado de las pasadas administraciones.