Internacional
Perú califica el “transexualismo” como “personas con problema de salud mental”
CNN.- La comunidad LGBTQ en Perú reaccionó con críticas y el anuncio de probables “manifestaciones pacíficas” ante el decreto supremo difundido por el Ministerio de Salud, que califica el “transexualismo” y otras categorías de la identidad de género como “personas con problema de salud mental”, aun cuando el Ministerio de Salud de Perú (Minsa) aclaró en un comunicado publicado el domingo que la diversidad de género y sexual “no son enfermedades” ni “trastornos”.
La explicación del Minsa llegó dos días después de publicar el decreto que actualiza el denominado Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), que representa el plan mínimo de beneficios que una persona recibe al afiliarse a un seguro de salud público, privado o mixto. En el PEAS, se especifican los procedimientos médicos básicos a los que una persona puede acceder.
Entre las condiciones asegurables y bajo el inciso de “persona con problema de salud mental”, el programa incluyó lo que según el Gobierno peruano es el “transexualismo, el transvestismo de rol dual, el trastorno de identidad de género en la niñez, otros trastornos de identidad de género, trastorno de la identidad de género (no especificado), transvestismo fetichista y orientación sexual egodistónica”.
En el comunicado del Minsa —difundido en sus redes sociales— se explica que la normativa fue actualizada para “garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental”.
La nota de prensa no aclara si habrá una modificación a la norma ya publicada en el diario oficial El Peruano, y se limita a matizar que, para el Ministerio, “la diversidad de género y sexual no son enfermedades” pero, aun así, sostiene que la actualización de la norma se basa en el CIE-10 (ICD-10, en inglés), la normativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que establecía al transexualismo como un “desorden de la identidad sexual” y que ya no está vigente desde 2022.
El Ministerio de Salud emitió el viernes un decreto supremo que actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). Este plan, firmado por la presidenta Dina Boluarte, es una lista de “condiciones asegurables e intervenciones que como mínimo son financiadas” por las instituciones que brindan seguros de salud.
La actualización incluye lo que el gobierno llama el transexualismo, el transvestismo del rol dual, el trastorno de identidad de género en la niñez, el trastorno de la identidad de género, no especificado, el transvestismo fetichista y la orientación sexual egodistónica en “personas con problemas de salud mental” en el PEAS.
Según el mismo decreto supremo, esta incorporación se hace en base al CIE-10, una normativa de la OMS que incluye una clasificación Internacional de Enfermedades compuesta por códigos que se utilizan en todo el mundo.
La institución explica, en el comunicado, que el CIE-10 se mantiene “vigente en nuestro país” mientras se inicia la implementación progresiva del CIE-11 como en otros países de la región.
La Organización Mundial de la Salud publicó el CIE-11 como una nueva Clasificación Internacional de Enfermedades que entró en vigencia en 2022, la misma elimina las categorías de identidad de género del capítulo de trastornos.
Presentan iniciativa para atender a personas en situación de calle
En julio de 2026, el diputado boliviano Néstor Rodríguez presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto denominado Programa Nacional Integral de Atención, Rehabilitación e Inclusión Social, dirigido a personas en situación de calle y con problemas de drogodependencia.
La propuesta contempla medidas como registro de personas, atención médica, tratamiento de adicciones, procesos de rehabilitación y programas de reinserción social.
La esterilización obligatoria generó controversia
El punto que provocó mayor debate fue una disposición que planteaba la esterilización obligatoria de mujeres en situación de calle, una vez agotadas las etapas de atención y rehabilitación, bajo supervisión judicial.
Según el legislador, la medida buscaba evitar que nacieran menores expuestos a condiciones de vulnerabilidad, explotación o trata. Rodríguez señaló que en Bolivia existirían alrededor de 18 mil personas que viven en la calle, de las cuales aproximadamente el 35 % serían mujeres.
Defensoría del Pueblo rechaza la propuesta
La iniciativa recibió un rechazo inmediato por parte de organismos defensores de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia calificó la propuesta como una grave vulneración de derechos fundamentales, al considerar que atenta contra la autonomía reproductiva y contraviene disposiciones constitucionales, así como estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo, se señalaron criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconocen el consentimiento libre e informado como requisito indispensable para cualquier procedimiento de esterilización.
Diputado plantea modificar el proyecto
Tras las críticas, Néstor Rodríguez manifestó públicamente que el proyecto podría modificarse para eliminar el término “esterilización” y sustituirlo por alternativas relacionadas con métodos anticonceptivos.
También indicó que el objetivo principal de la iniciativa debía centrarse en la rehabilitación, la atención médica y la reinserción social de las personas en situación de calle.
La propuesta no avanzó
Hasta el momento, el proyecto no ha sido aprobado ni convertido en ley.
Debido al amplio rechazo institucional, jurídico y social, la iniciativa permanece como una propuesta legislativa sin avances significativos dentro del proceso parlamentario boliviano.
Regresa el aguacate mexicano al mercado estadounidense
El empresario aguacatero Juan Carlos Venegas Álvarez confirmó la reapertura parcial de las exportaciones de aguacate de Michoacán hacia Estados Unidos, luego de la suspensión temporal de actividades de inspección impuesta por las autoridades estadounidenses.
La medida representa un alivio para productores, empacadores y comercializadores del sector, que durante varios días enfrentaron incertidumbre por el freno a los embarques del llamado “oro verde” hacia su principal mercado de exportación.
Suspensión provocó pérdidas millonarias
Venegas señaló que la pausa en las exportaciones generó pérdidas estimadas de 10 millones de dólares diarios, derivadas de la interrupción de una actividad que genera miles de millones de dólares al año para la economía mexicana.
El empresario recordó que se trata de la tercera suspensión en poco más de cuatro años relacionada con temas de seguridad que involucran al personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
La suspensión inició por una alerta de seguridad
Las exportaciones se vieron afectadas después de que el Gobierno de Estados Unidos suspendiera temporalmente las actividades del personal del USDA en Michoacán tras una alerta de seguridad. La decisión impidió nuevas inspecciones y el envío de cargamentos al mercado estadounidense.
La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) informó en su momento que la medida impactó directamente la operación de los empaques autorizados para exportación.
Sector espera normalización total
De acuerdo con Venegas, representantes del sector sostuvieron reuniones con autoridades mexicanas y estadounidenses para establecer mecanismos que permitan recuperar completamente las operaciones comerciales y evitar nuevas afectaciones.
Los productores confían en que la reapertura parcial sea el primer paso para restablecer plenamente los envíos hacia Estados Unidos, destino que concentra cerca del 87% de las exportaciones mexicanas de aguacate.
Industria clave para Michoacán
Michoacán es el principal productor y exportador de aguacate del país y concentra la mayor parte de los envíos hacia el mercado estadounidense. La industria genera miles de empleos directos e indirectos y representa una de las actividades agroexportadoras más importantes de México.
Administración Trump prepara esquema de cobro en el extranjero
La Administración del presidente Donald Trump prepara un mecanismo para localizar a migrantes deportados y cobrarles multas migratorias que permanecen impagas, incluso después de haber abandonado Estados Unidos. La estrategia contempla la contratación de empresas privadas especializadas en rastreo y recuperación de adeudos fuera del territorio estadounidense.
De acuerdo con documentos obtenidos por Wired, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) busca implementar un programa de localización y recuperación de pagos en países como México, Guatemala y Honduras, con posibilidad de extenderlo a otras naciones.
Buscan a más de 66 mil deportados
La CBP estima que existen 66 mil 387 personas deportadas o que abandonaron voluntariamente Estados Unidos con multas migratorias pendientes de pago. En conjunto, estos adeudos ascienden a 423 millones de dólares, según cálculos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El plan contempla que las empresas contratadas localicen a los deudores, verifiquen su identidad y les notifiquen formalmente las cantidades adeudadas para impulsar acuerdos de pago o liquidaciones completas.
Contratistas deberán comprobar ubicación de los migrantes
La documentación revisada establece que los contratistas tendrán que demostrar que localizaron a la persona correcta mediante pruebas como:
- Fotografías de la vivienda.
- Recibos de servicios públicos.
- Registros laborales.
- Documentos judiciales.
- Certificados de defunción, en caso de fallecimiento.
Además, deberán entregar notificaciones impresas con el detalle de las multas y las opciones disponibles para resolver la deuda.
Multas pueden alcanzar cifras millonarias
Las sanciones están relacionadas con el incumplimiento de órdenes de salida o deportación emitidas por autoridades migratorias estadounidenses. Actualmente, la multa puede llegar a 998 dólares por día, una cifra ajustada por inflación respecto a una disposición establecida en la ley migratoria de 1996.
Debido a que las penalizaciones pueden aplicarse de forma retroactiva durante varios años, algunos casos acumulan adeudos superiores a 1.8 millones de dólares.
Organizaciones cuestionan la medida
Especialistas y grupos de defensa de migrantes han expresado preocupación por el alcance del programa y por el uso de empresas privadas para localizar a personas fuera de Estados Unidos. También han señalado posibles implicaciones relacionadas con el debido proceso y la protección de datos personales.
Por ahora, el Gobierno estadounidense mantiene abierto el proceso para definir a las compañías que participarán en el esquema de localización y recuperación de pagos.
