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Personal de FGE recibe certificado de competencia para investigar tortura
La Fiscalía General del Estado de Puebla a través de su titular Gilberto Higuera Bernal, entregó certificados de competencia laboral a personal sustantivo capacitado en atención de las víctimas de tortura de acuerdo con el protocolo de Estambul.
Con el objetivo de promover la profesionalización y especialización de personal encargado de dictaminar y documentar posibles casos de tortura, peritos de la Fiscalía de Puebla obtuvieron la Certificación en el Estándar de Competencia Laboral: EC1105 Promoción de la Atención de las Víctimas de Tortura de Acuerdo con el Protocolo de Estambul que emite Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) por conducto del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
En la entrega de las constancias de certificación a los 17 peritos que culminaron la capacitación, el Fiscal General del Estado exhortó a las y los servidores públicos a hacer lo correcto y conducirse siempre conforme a la Ley a fin de mejorar la investigación y persecución del delito de tortura.
Ulises Sandal Ramos Koprivitza, Fiscal Especializado en Derechos Humanos, destacó que ha sido obligación del Estado mexicano prevenir y sancionar la tortura como aquella expresión contraria a los fines del derecho, seguridad, justicia y bien común. Bajo ese concepto, el protocolo de Estambul se ha convertido en un instrumento óptimo para detectar hechos posiblemente constitutivos de delitos de tortura.
Señaló que con la implementación de herramientas metodológicas se busca garantizar la eficiencia y eficacia en las investigaciones ministeriales para el esclarecimiento del delito en su más amplia expresión, así como para la correcta persecución en tribunales para su sanción.
Por su parte, Francisco Escobar Valdez, director general del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) recalcó que toda investigación pericial se realiza de manera colegiada, sin excepción de los delitos de tortura física, psicológica o mixta.
Aseguró que toda institución de procuración de justicia debe contar con expertos en tortura con conocimientos especializados y una constante capacitación en el tema.
En el evento también estuvieron presentes, Benjamín Jiménez González, director general del Instituto de Formación Profesional y Victoria Calderón Germán, titular de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
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Marilyn Cote intenta llevar su proceso fuera de prisión
*La audiencia de Marilyn Cote fue diferida para junio; su defensa busca acuerdos con víctimas para obtener libertad condicional.
Puebla, Pue.- Marilyn Cote, señalada por ejercer presuntamente como psiquiatra sin contar con las acreditaciones correspondientes, busca continuar sus procesos legales fuera de prisión mediante acuerdos reparatorios con personas afectadas.
Información reciente indica que la audiencia donde se analizaría la posibilidad de modificar su medida cautelar fue reprogramada para el próximo 8 de junio, luego de que su defensa argumentara problemas de salud relacionados con medicamentos.
Actualmente, Cote permanece internada en el penal femenil de Ciudad Serdán, desde donde participaría de manera virtual en la diligencia judicial. Sus abogados pretenden que pueda enfrentar el proceso en libertad bajo ciertas condiciones legales y económicas.
La mujer enfrenta diversas investigaciones y procesos penales por delitos como presunta usurpación de profesión, uso de documentación falsa, amenazas y prescripción irregular de medicamentos controlados.
El caso tomó relevancia nacional cuando un médico internista y “youtuber” diera a conocer este hecho, en sus redes sociales y posteriormente ofreciera apoyo a las víctimas de esta pseudopsiquiatra, por lo que autoridades al notar el caso detectarían inconsistencias en los documentos con los que ofrecía consultas en Puebla y la zona de San Andrés Cholula donde tenía su consultorio.
PuEn días recientes también surgieron versiones sobre supuestas consultas y recomendaciones médicas realizadas dentro del centro penitenciario, situación que continúa bajo revisión de las autoridades correspondientes.
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