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Maestros de la sección 12 denuncian acoso laboral por parte de supervisora de Secundarias Técnicas
Odilón Larios Nava. – Acusan a Selma Salazar Torres, supervisora de la sección número 12 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la región de Ciudad Serdán de hostigamiento laboral en contra de los profesores, así como de tomarse atribuciones que no le corresponden y que son exclusivas del director de la escuela Secundaria Técnica número 7.
Los profesores solicitan la intervención del secretario Melitón Lozano Pérez, pues señalan que no soportan el hostigamiento de la funcionaria, quien allá se jacta de estar muy bien protegida por mandos estatales dentro de la SEP, por lo que asegura que, aunque haya quejas no le harán nada, indicaron profesores consultados, que solicitaron el anonimato por obvias razones.
Los profesores indicaron que están desesperados por esa situación y exigen que haya una solución, de lo contrario incluso están contemplando tomar las instalaciones de la SEP en Puebla.
“Desde su llegada a tratado de separar a los maestros de su centro de trabajo, no importando incluso inventar supuestas anomalías por parte de los docentes. En los últimos meses la actitud prepotente se la supervisora ha llegado a su límite, no importando usurpar funciones y descontarnos un día laboral, lo cual solo podría hacer el director con el cual ya existía un previo acuerdo” indicaron los quejosos.
Otra de las irregularidades de la que es señalada es: “Falta personal en las escuelas, por la negligencia al gestionar estos recursos en la SEP del estado. La supervisora obliga a los docentes a impartir actividades académicas aun cuando no reúnen el perfil para estar frente a grupo”, así lo mencionaron algunos padres de familia que ven la afectación en la educación de sus hijos.
Aseguran que, si algún trabajador no acepta esta actividad fuera de su perfil, inmediatamente lo turna a la ciudad de Puebla, acusando al docente de no querer cooperar con la Institución Educativa.
Puebla, Pue.- Un objeto luminoso que aparentemente permaneció inmóvil en el cielo fue captado en video el martes 10 de noviembre de 2026 cerca del Paseo Bravo.
La persona que compartió la grabación señaló que este fenómeno también fue observado en las inmediaciones de Plaza Cristal, donde el objeto permaneció visible varios minutos sin mostrar desplazamientos aparentes.
Las imágenes provocaron curiosidad entre usuarios de redes sociales, quienes plantearon interrogantes sobre la naturaleza del objeto.
Hasta el momento no hay información oficial que permita identificar el objeto o confirmar que se trate de un fenómeno fuera de lo común. Usuarios preguntan si alguien más logró verlo o grabarlo desde otro punto de la ciudad.
Tehuacán, Pue.- Un motociclista perdió la vida luego de ser arrollado por un camión en el cruce de avenida Independencia y 25 Sur, en la colonia El Rosario, Tehuacán.
El accidente ocurrió el pasado martes 10 de noviembre de 2026 y provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades, que acudieron a atender el reporte. Sin embargo, el conductor de la motocicleta falleció a causa del impacto.
En imágenes del lugar se aprecia al hombre atrapado bajo una de las llantas del camión.
La vialidad en la zona presenta afectaciones, por lo que se recomienda a los automovilistas manejar con precaución o buscar rutas alternas mientras se realizan las diligencias correspondientes.
Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias específicas en las que ocurrió el percance.
*El diputado Miguel Márquez Ríos pidió esclarecer la operación de granjas de criptomonedas en Puebla y las posibles irregularidades relacionadas con la CFE.
Nacional.- La operación de granjas dedicadas a la minería de criptomonedas en Puebla debe investigarse hasta sus últimas consecuencias, particularmente ante los señalamientos sobre una posible participación de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), consideró el diputado local Miguel Márquez Ríos.
El legislador sostuvo que es necesario esclarecer cómo funcionaban estas instalaciones, de dónde obtenían la energía eléctrica y si existieron complicidades u omisiones que permitieran mantenerlas en operación.
El tema cobró relevancia tras los operativos realizados en municipios de la Sierra Norte, donde autoridades localizaron inmuebles utilizados presuntamente para la minería de activos digitales, actividad que requiere un elevado consumo de electricidad debido al funcionamiento continuo de equipos especializados.
Uno de los casos más relevantes ocurrió en Tlaola, donde autoridades federales y estatales aseguraron instalaciones en las que inicialmente se reportaron alrededor de 300 dispositivos. Posteriormente, durante las diligencias ministeriales, se contabilizaron mil 32 equipos relacionados con esta actividad.
⚡️ || La operación de granjas de criptomonedas en Puebla debe ir a fondo, pues la CFE estaría involucrada en este delito, sentenció el diputado local Miguel Márquez Rios. https://t.co/HQ1FMUQhQm
— Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) November 10, 2026
Las investigaciones buscan determinar si los establecimientos utilizaban conexiones irregulares para obtener electricidad, así como identificar a los responsables de su funcionamiento y posibles beneficiarios de las operaciones.
En este contexto, los señalamientos sobre la CFE abren otra línea de investigación para establecer si hubo participación de trabajadores, funcionarios o personas con acceso a la infraestructura eléctrica.
Cabe señalar que hasta el momento no se ha acreditado públicamente la participación de personal de la empresa productiva del Estado en estas actividades.
El caso también ha generado cuestionamientos sobre posibles vínculos políticos y sindicales. Márquez Ríos ha rechazado tener relación con la instalación asegurada en Tlaola, mientras que autoridades estatales señalaron previamente que no contaban con indicios para vincularlo con su operación.
Además, los recientes hallazgos de más equipos presuntamente destinados a la minería de criptomonedas en la región mantienen abiertas las investigaciones sobre la posible existencia de otras instalaciones.
La exigencia de esclarecer estos hechos se centra en conocer quiénes financiaban y operaban las granjas, cómo obtenían el suministro eléctrico y si existió alguna red de complicidad que facilitara su funcionamiento.
La investigación deberá establecer las responsabilidades correspondientes y determinar si hubo afectaciones al patrimonio público por el presunto aprovechamiento ilegal de energía eléctrica.
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