Internacional
Los Planes de Justicia para Pueblos Indígenas contemplan su electrificación
La Presidenta Claudia Sheinbaum, atiende reclamos en Mezquital Durango
Mezquital, Durango. México . (10 de Noviembre del 2024].- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el programa de electrificación en las comunidades indígenas de Durango, tras inaugurar cinco kilómetros del camino artesanal Pata de Gallo-Santiago Teneraca.
“Este programa será una realidad en noviembre”, aseguró, anticipando el arribo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para extender la infraestructura eléctrica en áreas como Los Frijoles, Durango.
Ambicioso Plan de Atención Indígena
• Leyes secundarias en proceso para reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho con presupuesto directo
• Plan de justicia indígena incluye caminos, tierras y electrificación: INPI
• 52.55 kilómetros de caminos artesanales construidos en Durango
Simpatía con sus gobernados
La Presidenta subrayó que los Planes de Justicia, iniciados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, seguirán en marcha. Además de los caminos, el proyecto involucra la mejora de viviendas y servicios básicos en las comunidades indígenas.
Con pueblos indígenas
Como parte del compromiso, ya está en redacción un proyecto de ley secundaria que otorgará presupuesto directo a los pueblos originarios, evitando intermediarios municipales.
Calurosa bienvenida
Sheinbaum reiteró que el apoyo a pueblos originarios incluye la posibilidad de tener jueces y magistrados indígenas gracias a la reforma al Poder Judicial, que permitirá elecciones populares para estos cargos a partir de junio de 2025. También destacó que programas sociales como la Pensión Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida continuarán, junto con nuevas iniciativas como la beca “Rita Cetina Gutiérrez”, que beneficiará a estudiantes de secundaria en todo el país.
El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, detalló la construcción de 52.55 kilómetros de caminos en Durango, generando cerca de 540 empleos. “El esfuerzo ha sido conjunto”, añadió, mencionando que estos caminos conectan regiones aisladas y benefician a poblaciones de 20 localidades en Durango.
Por su parte, Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), informó sobre los avances en el Plan de Justicia del Pueblo O’dam. Este incluye siete caminos que suman 298 kilómetros y la restitución de más de 10 mil hectáreas de tierras comunales. La comunidad wixárika de Bancos de Calitique, tras 50 años de lucha, recibió estas tierras como parte de los esfuerzos de justicia social en la región.
El gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villareal, agradeció el respaldo federal en beneficio de las comunidades indígenas, destacando el impacto del programa Caminos Artesanales y la sensibilidad del gobierno hacia las necesidades de niños, mujeres y pueblos indígenas.
Presentan iniciativa para atender a personas en situación de calle
En julio de 2026, el diputado boliviano Néstor Rodríguez presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto denominado Programa Nacional Integral de Atención, Rehabilitación e Inclusión Social, dirigido a personas en situación de calle y con problemas de drogodependencia.
La propuesta contempla medidas como registro de personas, atención médica, tratamiento de adicciones, procesos de rehabilitación y programas de reinserción social.
La esterilización obligatoria generó controversia
El punto que provocó mayor debate fue una disposición que planteaba la esterilización obligatoria de mujeres en situación de calle, una vez agotadas las etapas de atención y rehabilitación, bajo supervisión judicial.
Según el legislador, la medida buscaba evitar que nacieran menores expuestos a condiciones de vulnerabilidad, explotación o trata. Rodríguez señaló que en Bolivia existirían alrededor de 18 mil personas que viven en la calle, de las cuales aproximadamente el 35 % serían mujeres.
Defensoría del Pueblo rechaza la propuesta
La iniciativa recibió un rechazo inmediato por parte de organismos defensores de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia calificó la propuesta como una grave vulneración de derechos fundamentales, al considerar que atenta contra la autonomía reproductiva y contraviene disposiciones constitucionales, así como estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo, se señalaron criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconocen el consentimiento libre e informado como requisito indispensable para cualquier procedimiento de esterilización.
Diputado plantea modificar el proyecto
Tras las críticas, Néstor Rodríguez manifestó públicamente que el proyecto podría modificarse para eliminar el término “esterilización” y sustituirlo por alternativas relacionadas con métodos anticonceptivos.
También indicó que el objetivo principal de la iniciativa debía centrarse en la rehabilitación, la atención médica y la reinserción social de las personas en situación de calle.
La propuesta no avanzó
Hasta el momento, el proyecto no ha sido aprobado ni convertido en ley.
Debido al amplio rechazo institucional, jurídico y social, la iniciativa permanece como una propuesta legislativa sin avances significativos dentro del proceso parlamentario boliviano.
Regresa el aguacate mexicano al mercado estadounidense
El empresario aguacatero Juan Carlos Venegas Álvarez confirmó la reapertura parcial de las exportaciones de aguacate de Michoacán hacia Estados Unidos, luego de la suspensión temporal de actividades de inspección impuesta por las autoridades estadounidenses.
La medida representa un alivio para productores, empacadores y comercializadores del sector, que durante varios días enfrentaron incertidumbre por el freno a los embarques del llamado “oro verde” hacia su principal mercado de exportación.
Suspensión provocó pérdidas millonarias
Venegas señaló que la pausa en las exportaciones generó pérdidas estimadas de 10 millones de dólares diarios, derivadas de la interrupción de una actividad que genera miles de millones de dólares al año para la economía mexicana.
El empresario recordó que se trata de la tercera suspensión en poco más de cuatro años relacionada con temas de seguridad que involucran al personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
La suspensión inició por una alerta de seguridad
Las exportaciones se vieron afectadas después de que el Gobierno de Estados Unidos suspendiera temporalmente las actividades del personal del USDA en Michoacán tras una alerta de seguridad. La decisión impidió nuevas inspecciones y el envío de cargamentos al mercado estadounidense.
La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) informó en su momento que la medida impactó directamente la operación de los empaques autorizados para exportación.
Sector espera normalización total
De acuerdo con Venegas, representantes del sector sostuvieron reuniones con autoridades mexicanas y estadounidenses para establecer mecanismos que permitan recuperar completamente las operaciones comerciales y evitar nuevas afectaciones.
Los productores confían en que la reapertura parcial sea el primer paso para restablecer plenamente los envíos hacia Estados Unidos, destino que concentra cerca del 87% de las exportaciones mexicanas de aguacate.
Industria clave para Michoacán
Michoacán es el principal productor y exportador de aguacate del país y concentra la mayor parte de los envíos hacia el mercado estadounidense. La industria genera miles de empleos directos e indirectos y representa una de las actividades agroexportadoras más importantes de México.
Administración Trump prepara esquema de cobro en el extranjero
La Administración del presidente Donald Trump prepara un mecanismo para localizar a migrantes deportados y cobrarles multas migratorias que permanecen impagas, incluso después de haber abandonado Estados Unidos. La estrategia contempla la contratación de empresas privadas especializadas en rastreo y recuperación de adeudos fuera del territorio estadounidense.
De acuerdo con documentos obtenidos por Wired, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) busca implementar un programa de localización y recuperación de pagos en países como México, Guatemala y Honduras, con posibilidad de extenderlo a otras naciones.
Buscan a más de 66 mil deportados
La CBP estima que existen 66 mil 387 personas deportadas o que abandonaron voluntariamente Estados Unidos con multas migratorias pendientes de pago. En conjunto, estos adeudos ascienden a 423 millones de dólares, según cálculos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El plan contempla que las empresas contratadas localicen a los deudores, verifiquen su identidad y les notifiquen formalmente las cantidades adeudadas para impulsar acuerdos de pago o liquidaciones completas.
Contratistas deberán comprobar ubicación de los migrantes
La documentación revisada establece que los contratistas tendrán que demostrar que localizaron a la persona correcta mediante pruebas como:
- Fotografías de la vivienda.
- Recibos de servicios públicos.
- Registros laborales.
- Documentos judiciales.
- Certificados de defunción, en caso de fallecimiento.
Además, deberán entregar notificaciones impresas con el detalle de las multas y las opciones disponibles para resolver la deuda.
Multas pueden alcanzar cifras millonarias
Las sanciones están relacionadas con el incumplimiento de órdenes de salida o deportación emitidas por autoridades migratorias estadounidenses. Actualmente, la multa puede llegar a 998 dólares por día, una cifra ajustada por inflación respecto a una disposición establecida en la ley migratoria de 1996.
Debido a que las penalizaciones pueden aplicarse de forma retroactiva durante varios años, algunos casos acumulan adeudos superiores a 1.8 millones de dólares.
Organizaciones cuestionan la medida
Especialistas y grupos de defensa de migrantes han expresado preocupación por el alcance del programa y por el uso de empresas privadas para localizar a personas fuera de Estados Unidos. También han señalado posibles implicaciones relacionadas con el debido proceso y la protección de datos personales.
Por ahora, el Gobierno estadounidense mantiene abierto el proceso para definir a las compañías que participarán en el esquema de localización y recuperación de pagos.
