Este miércoles 11 de noviembre de 2026, Irán declaró a la Armada y a la Fuerza Aérea de Argentina como organizaciones terroristas. Esta medida responde a la decisión tomada por Buenos Aires en marzo de este año, cuando declaró terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores iraní señaló que la designación de los cuerpos militares argentinos es una respuesta al “acto hostil” cometido por el Gobierno de Argentina contra la Guardia Revolucionaria. La diplomacia iraní fundamentó su resolución en una ley nacional que establece que países que apoyen la decisión de Estados Unidos de clasificar a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista estarán sujetos a reciprocidad.

El Ministerio advirtió que el gobierno argentino asumirá la responsabilidad de las consecuencias que derive esta acción.

Antecedentes

La tensión entre ambos países escaló a finales de marzo cuando el presidente argentino, Javier Milei, declaró terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica, basándose en informes oficiales que atribuyen a esta formación militar iraní actividades ilícitas y terrorismo en territorio argentino.

Buenos Aires responsabilizó a ese grupo de los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, ataques que permanecen sin resolverse y fueron relacionados con Irán y Hizbulá.

En días recientes, Teherán también clasificó a la Marina Real y a la Real Fuerza Aérea británicas como grupos terroristas, y etiquetó al servicio de inteligencia exterior británico MI6 como “grupo hostil”. El Ministerio de Exteriores iraní explicó que esas designaciones responden a acciones hostiles del Reino Unido contra Irán, particularmente en el contexto de conflictos derivados de la política estadounidense en la región.

Cabe mencionar que Estados Unidos declaró a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista en 2019, durante la administración de Donald Trump, y la Unión Europea hizo lo propio en enero de este año tras la represión de protestas antigubernamentales en Irán.

La Fiscalía General del Estado de Puebla logró condenar a Abel N., de 29 años, a cuatro años y diez meses de prisión por los delitos de extorsión y contra la salud, después de que exigiera dinero a un bar en el municipio de Tehuacán.

Tehuacán, Pue.- Los hechos ocurrieron el 7 de enero de 2025, cuando Abel N. se presentó en el establecimiento y exigió a la víctima la entrega de 3 mil pesos bajo el concepto de “derecho de piso”. Según las indagatorias, el imputado actuaba siguiendo instrucciones de otra persona que previamente habría realizado cobros similares con amenazas.

Después de recibir el dinero, la víctima y empleados del bar retuvieron al acusado y lo entregaron a elementos de la Policía Municipal.

El 3 de noviembre de 2026, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria, y el 10 de noviembre se impuso la pena de cuatro años por extorsión y 10 meses por delitos contra la salud. Además, Abel N. deberá pagar una multa de 36 mil 883 pesos con 64 centavos, recibir una amonestación pública y enfrentar la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

La Fiscalía indicó que la reparación del daño está pendiente para la etapa de ejecución de sanciones y continuará con el seguimiento del cumplimiento judicial.

España vive este miércoles 11 de noviembre de 2026 una huelga general de 24 horas convocada por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y otros colectivos por el derecho a la vivienda. La protesta busca exigir incrementos salariales, alquileres accesibles y acciones contra el aumento generalizado de precios.

La movilización, que afecta a trabajadores de los sectores público y privado, incluye servicios mínimos para asegurar actividades esenciales como hospitales, colegios y transporte público. Esta es la primera huelga general en España en 14 años y se realiza bajo el lema “Salarios, vivienda, precios”.

Los sindicatos reportaron un “seguimiento muy relevante”, mientras que las cámaras empresariales calificaron la participación como “baja”. Más de 3 mil 600 comités de empresa, juntas de personal y secciones sindicales se sumaron al llamado. El grado de acatamiento varió según las comunidades autónomas; en Cataluña fue donde más se notó, mientras que en Madrid hubo bloqueos en carreteras.

El movimiento se originó en parte desde la demanda por una vivienda digna, impulsada por el movimiento de inquilinos que reclama medidas contra el encarecimiento del mercado inmobiliario y mayor protección para quienes viven en alquiler.

Entre las demandas está limitar subidas excesivas en las rentas, prohibir que fondos de inversión compren propiedades, reforzar la protección frente a desahucios y evitar desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional. También se plantea implantar contratos de alquiler indefinidos con actualizaciones moderadas.

Además, los sindicatos exigen una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 7% para 2027, elevando el monto actual de mil 221 euros mensuales a cerca de mil 306 euros en 14 pagas. Esta propuesta aún no ha sido acordada con el Gobierno ni las empresas y deberá discutirse en las próximas negociaciones. También piden aumentos salariales generales que recuperen el poder adquisitivo perdido por la inflación, incluyendo cláusulas de revisión automática de salarios en convenios colectivos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyó la huelga mediante un video en el que destacó los avances sociales y laborales alcanzados en España y rechazó las propuestas de recortes y privatizaciones de la oposición, representada por el Partido Popular (PP) y Vox.

Sánchez recordó que derechos como la jornada laboral de ocho horas, la atención médica gratuita y las vacaciones pagadas fueron conquistas históricas obtenidas gracias a la movilización obrera.

En contraste, el líder del PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, calificó la convocatoria como “un grave error” y cuestionó su oportunidad, especialmente después del reciente accidente ferroviario en Toledo, sin negar el derecho constitucional a la huelga.

Por su parte, Santiago Abascal, presidente de Vox, aseguró que los sindicatos debieron cancelar la huelga, no por el accidente, sino porque la consideran “una movilización ideológica contra la oposición” y no en favor de los trabajadores.