Nacional
Gobierno de Perú pide que se esclarezca la muerte de Wendy Hellem
La cancillería de Perú pidió justicia por la muerte de la empresaria Wendy Hellem Sandón Herrera, de 33 años de edad, quien desapareció en el municipio de Cuautlancingo, en Puebla el pasado 16 de diciembre y posteriormente hallada sin vida en el estado de Tlaxcala.
Perú lamentó las circunstancias y el fallecimiento de la ciudadana de origen peruano y anunció que está en comunicación con las autoridades mexicanas para repatriar el cuerpo.
“Nuestro Consulado en México se encuentra en comunicación con las autoridades mexicanas y la familia de la víctima para apoyar con la repatriación de los restos al Perú. Velaremos porque se esclarezca la muerte de nuestra compatriota Wendy Sandón en México, y se haga justicia”,expuso a través de redes sociales.
Velaremos porque se esclarezca la muerte de nuestra compatriota Wendy Sandón en México, y se haga justicia. La Cancillería reafirma su compromiso con la erradicación en el mundo de toda forma de violencia contra la mujer.
— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 26, 2022
Sandón Herrera tenía 10 años viviendo en México, donde encontró la oportunidad de abrir varios salones de belleza en el estado de Puebla.
*Tres trabajadores se intoxicaron al pintar una cisterna en Jardines del Ajusco; uno falleció al llegar al hospital por vapores químicos.
Nacional.– Al menos tres trabajadores resultaron intoxicados mientras realizaban labores de pintura en el interior de una cisterna en la colonia Jardines del Ajusco, en Tlalpan. De acuerdo con los primeros reportes, los empleados inhalaron vapores químicos al encontrarse en un espacio cerrado, lo que provocó que comenzaran a presentar síntomas de intoxicación.
Al sitio acudió personal de emergencia, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los afectados a un hospital para su valoración médica.
Sin embargo, uno de los trabajadores falleció al momento de ingresar al área de urgencias, presuntamente a causa de la exposición a los vapores tóxicos.
Las autoridades ya investigan las condiciones en las que se realizaban los trabajos, así como el cumplimiento de las medidas de seguridad correspondientes.
*La PROFEPA rescató un cachorro de tigrillo en Santa Catarina Juquila, Oaxaca, encontrado sin documentos y en condiciones insalubres.
Nacional.-La PROFEPA rescató un cachorro de tigrillo en Santa Catarina Juquila luego de ser hallado en condiciones insalubres y sin documentación que acreditara su procedencia legal.
Tras el rescate, el felino fue trasladado a un centro de rehabilitación especializado, donde recibirá atención veterinaria y cuidados adecuados para su recuperación.
La autoridad ambiental recordó la importancia de proteger la fauna silvestre y sancionar la posesión ilegal de especies en peligro de extinción, destacando que estas acciones contribuyen a la preservación de la biodiversidad y a la concientización sobre la conservación de especies mexicanas.
🐾🌳 || La PROFEPA rescató un cachorro de tigrillo en peligro de extinción en Santa Catarina Juquila, Oaxaca. El felino fue hallado en condiciones insalubres y sin acreditación legal de procedencia. Se encuentra en un centro de rehabilitación. 🐯🚑 pic.twitter.com/Xv4c3HUUwt
— Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) March 24, 2026
*Dos personas fueron sentenciadas a 9 años de prisión por portar un inhibidor de señal en la autopista México–Puebla, informó la FGR.
Nacional.– Dos personas fueron sentenciadas a nueve años de prisión por el delito de posesión de un inhibidor de señal, tras ser detenidas en la autopista México–Puebla durante un operativo federal.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la captura se logró como parte de acciones de vigilancia en esta importante vía de comunicación, donde los implicados fueron sorprendidos con el dispositivo ilegal, el cual fue asegurado por las autoridades.
Los inhibidores de señal, también conocidos como “jammers”, son equipos utilizados para bloquear comunicaciones celulares, de radio y sistemas de geolocalización (GPS), por lo que suelen estar relacionados con delitos como el robo al transporte de carga, al impedir el rastreo de unidades.
Tras el proceso judicial, un juez dictó sentencia condenatoria de nueve años de prisión, al acreditarse la posesión ilícita del equipo, considerado un delito federal en México.
La Fiscalía General de la República reiteró su compromiso de continuar con la investigación y persecución de delitos en carreteras, especialmente en corredores estratégicos como la autopista México–Puebla, donde se han reforzado los operativos para garantizar la seguridad.
