Odilón Larios Nava. – Extorsión y abuso de autoridad en contra de una abogada y de la sociedad, son los delitos que formalmente se le imputan a José Luis, quien es el presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores del Estado de Puebla (TATEP).

La denuncia formal en su contra fue interpuesta por una abogada de nombre Jaqueline el 3 de septiembre del año en curso. De acuerdo a lo expuesto por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el funcionario, exigió a la abogada 100 mil pesos por cada asunto que llevara. Según se dijo en la audiencia de formal imputación, el imputado le habría dicho a su víctima que debía aprovechar (él), pues pensaba que con el nuevo gobierno del estado lo despedirían.

Según la abogada de nombre Jaqueline, José Luis en su calidad de presidente de dicho tribunal, le exigió 100 mil pesos para liberar los cheques de más de 60 trabajadores del Estado que fueron despedidos entre 2011 y 2017, así se expuso en la audiencia realizada entre la noche del jueves y madrugada de este viernes.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, indicó que la abogada denunció a José Luis la noche del 3 de septiembre por los delitos de abuso de autoridad y extorsión.

En la carpeta de investigación 465/2019, la litigante asentó que tiene más de 60 casos radicados en el tribunal que preside José Luis, la mayoría de los cuales está en la etapa de ejecución mediante amparos directos e indirectos, en otras palabras, que solo se espera el momento en que se realicen los pagos a sus clientes.

La abogada denunció que el pasado 4 de julio, fecha en que se cobraría el cheque de uno de los afectados, José Luis, el presidente se acercó a ella y le dijo si deseaba contribuir con 100 mil pesos por casa asunto, ya que supuestamente así era con todos los litigantes del Tribunal de Arbitraje y en las Juntas Especiales. Si no accedía le indicó que la bloquearía en Finanzas para que no le pagaran.

La abogada se negó, pero posteriormente al hacer el cobro de una de sus clientas, se percató que le aplicaron un descuento de 256 mil pesos, sin que se informara el concepto de tal faltante. Al preguntar a los empleados del Tribunal, estos dijeron que lo viera directamente con “el manitas Ayala” como conocen a José Luis.

El 11 de julio, según se dijo en la audiencia, Jaqueline habló con el presidente del tribunal y éste le dijo que dejara de “lloriquear” que, si había pensado mejor lo que le había propuesto, pues él podía poner fecha a sus asuntos. Ella accedió e hizo dos entregas de dinero, una de 100 mil y otra de 50 mil.

José Luis habría exigido 300 mil pesos más a la abogada, incluso le concedió que le pagara en partes, 50 mil pesos cada ocho días. Por medio de Whats App, le hizo llegar dos cuentas bancarias para que hiciera las transferencias, una de ellas presumiblemente a nombre de Raque, la secretaria general del Tribunal de Arbitraje.

Algunos de los cheques posteriores de sus clientes salieron íntegros, sin descuentos, pero después cuando ella ya no pudo continuar pagando a José Luis, volvió a aparecer el descuento. En el caso concreto de un cheque de más de 1 millón de pesos, aplicaron un descuento de 118 mil pesos. Es así como la abogada decidió reclamar al presidente del tribunal, pero esta vez grabó la conversación.

La abogada indicó a las autoridades de la Fiscalía General del Estado que José Luis la amenazó de muerte y además se jactó de que no le pasaría nada pues es muy influyente, además de que siempre toma la precaución de no firmar los acuerdos.

Por todo lo anterior se le imputaron los delitos de abuso de autoridad y extorsión, además de que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva necesaria en el penal de San Miguel. Sus defensores solicitaron la ampliación del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se realice la audiencia de vinculación a proceso.