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Detienen en Acapulco a Mario Marín por caso Lydia Cacho
El exgobernador poblano (perteneciente al PRI) Mario Marín Torres fue aprehendido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco, Guerrero. Así es como se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra, se le imputa el delito de tortura (delito grave) en contra de la periodista y escritora Lydia Cacho, por hechos ocurridos en el año 2005.
La orden de captura en contra del político poblano fue emitida en abril del 2019 por el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo. Dicha autoridad además de ordenar la detención de Mario Marín, también ordenó la captura del empresario de origen libanés Kamel Nacif, así como del excomandante de la expolicía judicial del estado de Puebla Juan Sánchez Moreno (detenido en el 2020 en el Estado de México) y Adolfo Karam Beltrán, que en ese momento era director de la Policía Judicial del Estado.
Hay que recordar que este caso tiene sus orígenes en el 2003, cuando un grupo de mujeres y niñas denunciaron una red de pederastia del empresario libanés Jean Succar Kuri, en donde estaban involucrados personajes públicos y empresarios. La periodista Lydia Cacho documentó y escribió lo anterior en su libro Los Demonios del Edén, publicado en el año 2005, después de la captura de Succar Kuri en Estados Unidos, donde actualmente purga una sentencia de 112 años de prisión.
Después de la publicación del libro, Lydia Cacho comenzó a recibir amenazas, que concluyeron con su detención por parte de autoridades poblanas en Cancún, Quintana Roo en el año 2005. Fue acusada de los delitos de difamación y calumnia, y por ello fue traída a Puebla vía terrestre y encarcelada en el penal de San Miguel. Dichos delitos fueron eliminados y salió tras el pago de una fianza, aunque la ley marcaba una suma máxima de 8 mil pesos, a ella le obligaron a pagar 70 mil pesos.
El año siguiente, el 2006, fue el año de los audioescándalos, cuando se dieron a conocer las grabaciones que mantuvo Mario Marín, siendo gobernador de Puebla, con el empresario Kamel Nacif, en donde presuntamente se ponían de acuerdo para darle un “coscorrón”. Fue entonces cuando Lydia Cacho denunció a Mario Marín y a otros funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, por diversos delitos como abuso de autoridad, cohecho, ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias, colusión de servidores públicos, tortura y tentativa de violación.
Sin embargo, en noviembre del 2007 los ministros de la Suprema Corte de Justicia exoneraron a Mario Marín, al señalar que no hubo conspiración entre él y el empresario Kamel Nacif para actuar en contra de Lydia Cacho.
La periodista siguió el caso en las instancias internacionales y fue así como el 2 de agosto del 2018 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas resolvió que existieron violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho. Por ello ordenó al Estado Mexicano castigar a los responsables y ofrecer una disculpa pública a la agraviada. Meses después, en abril del 2019, Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito con sede en Cancún, Quintana Roo, ordenó la detención del exgobernador y los otros funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado arriba mencionados. El exgobernador poblano (perteneciente al PRI) Mario Marín Torres fue aprehendido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco, Guerrero. Así es como se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra, se le imputa el delito de tortura (delito grave) en contra de la periodista y escritora Lydia Cacho, por hechos ocurridos en el año 2005.
La orden de captura en contra del político poblano fue emitida en abril del 2019 por el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo. Dicha autoridad además de ordenar la detención de Mario Marín, también ordenó la captura del empresario de origen libanés Kamel Nacif, así como del excomandante de la expolicía judicial del estado de Puebla Juan Sánchez Moreno (detenido en el 2020 en el Estado de México) y Adolfo Karam Beltrán, que en ese momento era director de la Policía Judicial del Estado.
Hay que recordar que este caso tiene sus orígenes en el 2003, cuando un grupo de mujeres y niñas denunciaron una red de pederastia del empresario libanés Jean Succar Kuri, en donde estaban involucrados personajes públicos y empresarios. La periodista Lydia Cacho documentó y escribió lo anterior en su libro Los Demonios del Edén, publicado en el año 2005, después de la captura de Succar Kuri en Estados Unidos, donde actualmente purga una sentencia de 112 años de prisión.
Después de la publicación del libro, Lydia Cacho comenzó a recibir amenazas, que concluyeron con su detención por parte de autoridades poblanas en Cancún, Quintana Roo en el año 2005. Fue acusada de los delitos de difamación y calumnia, y por ello fue traída a Puebla vía terrestre y encarcelada en el penal de San Miguel. Dichos delitos fueron eliminados y salió tras el pago de una fianza, aunque la ley marcaba una suma máxima de 8 mil pesos, a ella le obligaron a pagar 70 mil pesos.
El año siguiente, el 2006, fue el año de los audioescándalos, cuando se dieron a conocer las grabaciones que mantuvo Mario Marín, siendo gobernador de Puebla, con el empresario Kamel Nacif, en donde presuntamente se ponían de acuerdo para darle un “coscorrón”. Fue entonces cuando Lydia Cacho denunció a Mario Marín y a otros funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, por diversos delitos como abuso de autoridad, cohecho, ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias, colusión de servidores públicos, tortura y tentativa de violación.
Sin embargo, en noviembre del 2007 los ministros de la Suprema Corte de Justicia exoneraron a Mario Marín, al señalar que no hubo conspiración entre él y el empresario Kamel Nacif para actuar en contra de Lydia Cacho.
La periodista siguió el caso en las instancias internacionales y fue así como el 2 de agosto del 2018 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas resolvió que existieron violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho. Por ello ordenó al Estado Mexicano castigar a los responsables y ofrecer una disculpa pública a la agraviada. Meses después, en abril del 2019, Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito con sede en Cancún, Quintana Roo, ordenó la detención del exgobernador y los otros funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado arriba mencionados.
*FGE e Instituto de Bienestar Animal capacitaron a funcionarios y activistas de Zacatlán en protección y denuncia de maltrato animal.
Zacatlán, Pue.— El Gobierno Municipal de Zacatlán, a través del Centro de Bienestar Animal y en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla y el Instituto de Bienestar Animal del Estado de Puebla, llevó a cabo dos capacitaciones dirigidas a funcionarias y funcionarios municipales, protectoras animalistas y ciudadanía interesada en la protección de los animales.
Durante las jornadas se abordaron temas clave como la captura humanitaria de caninos y felinos, los procedimientos para presentar denuncias por maltrato y crueldad animal, así como las atribuciones y funciones de cada dependencia involucrada.
Participaron Michelle Islas Ganime, titular del Instituto de Bienestar Animal; Gerardo Rodríguez Navarro, responsable de la Unidad Especializada en Delitos en Contra de los Animales; y Abraham Aguilar Yáñez, coordinador de Litigación de la Fiscalía de Investigación Metropolitana.
Con estas acciones se fortalece la profesionalización institucional y se consolida la coordinación interinstitucional para garantizar la protección y el bienestar animal en el municipio.
*Policías de Cuautlancingo aseguraron a tres hombres por presunto robo de cable de telefonía tras persecución sobre la México–Puebla.
Cuautlancingo, Pue.— La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo informó que este 17 de febrero, alrededor de las 09:00 horas, elementos policiales detuvieron a tres hombres señalados por el presunto robo de cable de telefonía en la colonia San Miguel Cuentla.
Los hechos ocurrieron en la Prolongación Victoria esquina Ilusión, donde una ciudadana solicitó el apoyo de los uniformados al detectar a varios masculinos cortando cableado de un poste. Tras el señalamiento directo, los oficiales realizaron la intervención correspondiente.
Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron darse a la fuga sobre la autopista Autopista México–Puebla con dirección a la Ciudad de México. Luego de un seguimiento operativo, fueron alcanzados en la calle Pinos esquina Laurel.
Durante la detención, se les informó el motivo de la intervención y sus derechos conforme a protocolo, además de asegurar cable con características similares al utilizado en postes de telefonía.
Los detenidos, identificados como Juan Manuel “N” (28 años), Marco “N” (27 años) y Ricardo “N” (25 años), fueron trasladados al Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C-5, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.
La corporación municipal reiteró su compromiso de atender reportes ciudadanos y reforzar la seguridad en el municipio.
*Ayuntamiento de San Andrés Cholula acompañó a vecinos de Concepción Guadalupe ante fallas en el servicio de agua potable.
San Andrés Cholula, Puebla.— Ante la inconformidad expresada por habitantes de la colonia Concepción Guadalupe por el servicio de agua potable, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula informó que personal de la Secretaría de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado acudió a la zona para acompañar a las y los vecinos en la búsqueda de soluciones.
El objetivo fue facilitar el diálogo con el consorcio Agua de Puebla para Todos, responsable de la operación del servicio en la zona.
Derivado del acercamiento entre el Comité Vecinal y la empresa concesionaria, se alcanzaron acuerdos que permitieron la liberación de la vialidad, con el compromiso de mejorar el suministro y la atención a las y los usuarios.
Asimismo, la dependencia municipal ha apoyado con el envío de pipas de agua tanto a residentes que cuentan con servicio de la concesionaria como a quienes reciben atención directa del municipio.
El Gobierno Municipal reiteró que mantiene una política de gestión y acompañamiento directo para atender las demandas ciudadanas y buscar soluciones ante problemáticas que afecten a las comunidades.
