El exgobernador poblano (perteneciente al PRI) Mario Marín Torres fue aprehendido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco, Guerrero. Así es como se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra, se le imputa el delito de tortura (delito grave) en contra de la periodista y escritora Lydia Cacho, por hechos ocurridos en el año 2005.

La orden de captura en contra del político poblano fue emitida en abril del 2019 por el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo. Dicha autoridad además de ordenar la detención de Mario Marín, también ordenó la captura del empresario de origen libanés Kamel Nacif, así como del excomandante de la expolicía judicial del estado de Puebla Juan Sánchez Moreno (detenido en el 2020 en el Estado de México) y Adolfo Karam Beltrán, que en ese momento era director de la Policía Judicial del Estado.

Hay que recordar que este caso tiene sus orígenes en el 2003, cuando un grupo de mujeres y niñas denunciaron una red de pederastia del empresario libanés Jean Succar Kuri, en donde estaban involucrados personajes públicos y empresarios. La periodista Lydia Cacho documentó y escribió lo anterior en su libro Los Demonios del Edén, publicado en el año 2005, después de la captura de Succar Kuri en Estados Unidos, donde actualmente purga una sentencia de 112 años de prisión.

Después de la publicación del libro, Lydia Cacho comenzó a recibir amenazas, que concluyeron con su detención por parte de autoridades poblanas en Cancún, Quintana Roo en el año 2005. Fue acusada de los delitos de difamación y calumnia, y por ello fue traída a Puebla vía terrestre y encarcelada en el penal de San Miguel. Dichos delitos fueron eliminados y salió tras el pago de una fianza, aunque la ley marcaba una suma máxima de 8 mil pesos, a ella le obligaron a pagar 70 mil pesos.

El año siguiente, el 2006, fue el año de los audioescándalos, cuando se dieron a conocer las grabaciones que mantuvo Mario Marín, siendo gobernador de Puebla, con el empresario Kamel Nacif, en donde presuntamente se ponían de acuerdo para darle un “coscorrón”. Fue entonces cuando Lydia Cacho denunció a Mario Marín y a otros funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, por diversos delitos como abuso de autoridad, cohecho, ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias, colusión de servidores públicos, tortura y tentativa de violación.

Sin embargo, en noviembre del 2007 los ministros de la Suprema Corte de Justicia exoneraron a Mario Marín, al señalar que no hubo conspiración entre él y el empresario Kamel Nacif para actuar en contra de Lydia Cacho.

La periodista siguió el caso en las instancias internacionales y fue así como el 2 de agosto del 2018 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas resolvió que existieron violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho. Por ello ordenó al Estado Mexicano castigar a los responsables y ofrecer una disculpa pública a la agraviada. Meses después, en abril del 2019, Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito con sede en Cancún, Quintana Roo, ordenó la detención del exgobernador y los otros funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado arriba mencionados. El exgobernador poblano (perteneciente al PRI) Mario Marín Torres fue aprehendido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco, Guerrero. Así es como se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra, se le imputa el delito de tortura (delito grave) en contra de la periodista y escritora Lydia Cacho, por hechos ocurridos en el año 2005.
La orden de captura en contra del político poblano fue emitida en abril del 2019 por el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo. Dicha autoridad además de ordenar la detención de Mario Marín, también ordenó la captura del empresario de origen libanés Kamel Nacif, así como del excomandante de la expolicía judicial del estado de Puebla Juan Sánchez Moreno (detenido en el 2020 en el Estado de México) y Adolfo Karam Beltrán, que en ese momento era director de la Policía Judicial del Estado.
Hay que recordar que este caso tiene sus orígenes en el 2003, cuando un grupo de mujeres y niñas denunciaron una red de pederastia del empresario libanés Jean Succar Kuri, en donde estaban involucrados personajes públicos y empresarios. La periodista Lydia Cacho documentó y escribió lo anterior en su libro Los Demonios del Edén, publicado en el año 2005, después de la captura de Succar Kuri en Estados Unidos, donde actualmente purga una sentencia de 112 años de prisión.
Después de la publicación del libro, Lydia Cacho comenzó a recibir amenazas, que concluyeron con su detención por parte de autoridades poblanas en Cancún, Quintana Roo en el año 2005. Fue acusada de los delitos de difamación y calumnia, y por ello fue traída a Puebla vía terrestre y encarcelada en el penal de San Miguel. Dichos delitos fueron eliminados y salió tras el pago de una fianza, aunque la ley marcaba una suma máxima de 8 mil pesos, a ella le obligaron a pagar 70 mil pesos.
El año siguiente, el 2006, fue el año de los audioescándalos, cuando se dieron a conocer las grabaciones que mantuvo Mario Marín, siendo gobernador de Puebla, con el empresario Kamel Nacif, en donde presuntamente se ponían de acuerdo para darle un “coscorrón”. Fue entonces cuando Lydia Cacho denunció a Mario Marín y a otros funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, por diversos delitos como abuso de autoridad, cohecho, ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias, colusión de servidores públicos, tortura y tentativa de violación.
Sin embargo, en noviembre del 2007 los ministros de la Suprema Corte de Justicia exoneraron a Mario Marín, al señalar que no hubo conspiración entre él y el empresario Kamel Nacif para actuar en contra de Lydia Cacho.
La periodista siguió el caso en las instancias internacionales y fue así como el 2 de agosto del 2018 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas resolvió que existieron violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho. Por ello ordenó al Estado Mexicano castigar a los responsables y ofrecer una disculpa pública a la agraviada. Meses después, en abril del 2019, Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito con sede en Cancún, Quintana Roo, ordenó la detención del exgobernador y los otros funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado arriba mencionados.