Internacional
Derecho Petrolero para el Bienestar
Nuevo Régimen Fiscal para Pemex busca reducir el impuesto para el petróleo a un 30% o menos
CDMX. México. [13 de Noviembre del 2024].- En la conferencia matutina de hoy, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos (Pemex), denominado Derecho Petrolero para el Bienestar.
Este esquema busca reducir el impuesto para el petróleo a un 30% o menos y en el caso del gas natural, establecerlo en 11.63%.
Este movimiento forma parte de la Estrategia Nacional del Sector Hidrocarburos y Gas Natural, orientada a fortalecer la soberanía energética del país.
El Derecho Petrolero para el Bienestar será:
Del 30% o menor para el petróleo.
Del 11.63% para el gas.
El tema hoy: PEMEX
Se estima que Pemex será una empresa más eficiente y competitiva en el próximo año.
El Plan de Austeridad proyecta un ahorro de 50 mil millones de pesos mediante la eliminación de filiales y subsidiarias de Pemex.
Con el nuevo régimen fiscal, Pemex simplificará sus pagos de derechos relacionados con exploración y utilidad compartida.
De acuerdo con Sheinbaum, “Pemex pagará un solo derecho asociado a su producción, denominado Derecho Petrolero para Bienestar”, lo que permitirá una mayor transparencia en la gestión de los ingresos, los cuales serán transferidos a la Secretaría de Hacienda para destinarlos al bienestar de los mexicanos.
Plan de Austeridad y Reforma Energética
Como parte de este nuevo enfoque, la presidenta también informó sobre un Plan de Austeridad que espera ahorrar 50 mil millones de pesos al eliminar empresas filiales y subsidiarias, centralizando las finanzas de Pemex para reducir gastos innecesarios.
Este plan quedará establecido en las leyes secundarias de la próxima reforma en materia energética, que será presentada en febrero del siguiente año.
*El video mostró espacios y vestigios de acceso restringido, como el Trono del Jaguar Rojo, y reavivó el debate sobre el patrimonio.
Yucatán.— Autoridades culturales sancionaron a un trabajador de la zona arqueológica de Chichén Itzá luego de que difundiera en redes sociales un video con imágenes inéditas del interior de la pirámide de El Castillo, espacios cuyo acceso está estrictamente restringido al público.
El material, que rápidamente se viralizó, mostró pasillos internos y vestigios prehispánicos que rara vez han sido documentados, entre ellos el Chac Mool y el Trono del Jaguar Rojo, piezas de alto valor histórico y simbólico para la cultura maya. La difusión generó interés entre usuarios, pero también una fuerte polémica sobre la protección del patrimonio cultural en México.
De acuerdo con información oficial, la grabación fue realizada sin autorización y a título personal, lo que constituye una violación a la normativa que regula el resguardo de monumentos arqueológicos. El trabajador infringió disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como artículos de su reglamento.
La Dirección de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, junto con el Gran Museo y el Centro de Atención a Visitantes (CATVI), confirmó que se aplicaron medidas administrativas en contra del custodio, aunque no se detalló el tipo de sanción, señalando que el proceso se realizó respetando sus derechos laborales.
Las autoridades recordaron que el acceso al interior de El Castillo está limitado exclusivamente a personal autorizado, como parte de las acciones para preservar la integridad estructural y cultural del monumento, considerado una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno.
El caso reavivó el debate público sobre hasta dónde debe llegar la difusión de contenidos históricos en plataformas digitales y la responsabilidad de quienes tienen acceso privilegiado a espacios considerados patrimonio de la nación.
*Las medidas impactan a estudiantes internacionales y a familiares de ciudadanos estadounidenses, bajo el argumento de seguridad nacional.
Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió las restricciones a la inmigración legal y prohibiciones de entrada al país, una medida que afectará a estudiantes internacionales, familiares de ciudadanos estadounidenses y solicitantes de visas especiales, y que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
De acuerdo con la nueva política, se bloquea totalmente el ingreso de personas procedentes de Siria, Sudán del Sur, Níger, Malí y Burkina Faso, así como de personas que porten documentos expedidos por la Autoridad Palestina. Además, se establecieron restricciones parciales para ciudadanos de otros 15 países, principalmente de África, lo que eleva a más de 35 naciones la lista con limitaciones para entrar a Estados Unidos.
Las nuevas disposiciones también alcanzan a cónyuges, hijos, padres, hermanos e hijos adultos de ciudadanos estadounidenses, así como a estudiantes extranjeros y a personas que buscan acceder a las visas especiales para inmigrantes afganos, creadas para quienes colaboraron con el ejército y el gobierno de Estados Unidos durante la guerra en Afganistán.
Con esta ampliación, el gobierno estadounidense limitará total o parcialmente la entrada de personas provenientes de casi el 20 por ciento de los países del mundo, lo que representa un endurecimiento significativo de las vías legales de migración. Analistas señalan que la medida “cierra prácticamente la puerta” a la mayoría de los no ciudadanos de los países incluidos.
La Casa Blanca justificó la decisión bajo el argumento de seguridad nacional, tras recientes hechos violentos ocurridos en territorio estadounidense. Aliados del presidente respaldaron la política al considerar que reduce riesgos, mientras que organizaciones civiles y exfuncionarios criticaron la medida por considerar que discrimina por nacionalidad y afecta de manera desproporcionada a países de África y Medio Oriente.
Además de frenar nuevos ingresos, las restricciones podrían impactar a migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos, pues el gobierno ha bloqueado trámites de inmigración y ceremonias de ciudadanía para personas procedentes de países incluidos en prohibiciones previas.
Las nuevas medidas migratorias reavivan el debate nacional e internacional sobre el alcance de las facultades presidenciales en materia de inmigración y el impacto humanitario de las políticas restrictivas impulsadas por la administración Trump.
