Internacional
Delincuentes roban armas a personal de seguridad del hijo de la presidenta del Perú
Personal de seguridad que resguarda al hijo mayor de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue víctima de un grupo de delincuentes que les robaron sus armas en el distrito de La Victoria.
Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el atraco ocurrió a las 22:21 horas del lunes.
En el video se puede observar un auto negro estacionado al costado de una camioneta color blanco, donde se encontraban los agentes de Seguridad del Estado esperando al vástago de Boluarte Zegarra, y descienden tres sujetos armados.
#Mundo 🌐 || Ladrones roban armas a policías que cuidaban al hijo de la presidenta peruana Dina Boluarte. #LaRedCincoRadio pic.twitter.com/z79HFzunyC
— Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) January 10, 2024
Los criminales apuntaron contra los policías, identificados como el capitán Nelson Pineda Lazo (33) y el suboficial de Segunda Joseph Roger Cáceres Ulloa (31), a quienes les quitaron sus pistolas marca Sig Sauer que tenían tres y dos cacerinas abastecidas con 14 y 13 municiones respectivamente.
Aparte de las armas de reglamento, también les despojaron sus relojes, celulares y billeteras a los agentes. Tras lograr su cometido, los facinerosos se subieron a su vehículo y escaparon con rumbo desconocido.
Se cree que los policías estaban acompañando al hijo de Dina Boluarte que realizó una visita en la dirección donde ocurrió el robo. Pero lo más sorprendente es que habrían estado dormidos según declaraciones brindadas por el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, en el Congreso.
🇵🇪 | Ladrones sustrajeron las armas de los policías asignados a la seguridad del hijo de la presidenta peruana, Dina Boluarte, en La Victoria, Lima. pic.twitter.com/WYy6O1xSll
— UHN PLUS (@UHN_Plus) January 9, 2024
*El video mostró espacios y vestigios de acceso restringido, como el Trono del Jaguar Rojo, y reavivó el debate sobre el patrimonio.
Yucatán.— Autoridades culturales sancionaron a un trabajador de la zona arqueológica de Chichén Itzá luego de que difundiera en redes sociales un video con imágenes inéditas del interior de la pirámide de El Castillo, espacios cuyo acceso está estrictamente restringido al público.
El material, que rápidamente se viralizó, mostró pasillos internos y vestigios prehispánicos que rara vez han sido documentados, entre ellos el Chac Mool y el Trono del Jaguar Rojo, piezas de alto valor histórico y simbólico para la cultura maya. La difusión generó interés entre usuarios, pero también una fuerte polémica sobre la protección del patrimonio cultural en México.
De acuerdo con información oficial, la grabación fue realizada sin autorización y a título personal, lo que constituye una violación a la normativa que regula el resguardo de monumentos arqueológicos. El trabajador infringió disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como artículos de su reglamento.
La Dirección de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, junto con el Gran Museo y el Centro de Atención a Visitantes (CATVI), confirmó que se aplicaron medidas administrativas en contra del custodio, aunque no se detalló el tipo de sanción, señalando que el proceso se realizó respetando sus derechos laborales.
Las autoridades recordaron que el acceso al interior de El Castillo está limitado exclusivamente a personal autorizado, como parte de las acciones para preservar la integridad estructural y cultural del monumento, considerado una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno.
El caso reavivó el debate público sobre hasta dónde debe llegar la difusión de contenidos históricos en plataformas digitales y la responsabilidad de quienes tienen acceso privilegiado a espacios considerados patrimonio de la nación.
*Las medidas impactan a estudiantes internacionales y a familiares de ciudadanos estadounidenses, bajo el argumento de seguridad nacional.
Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió las restricciones a la inmigración legal y prohibiciones de entrada al país, una medida que afectará a estudiantes internacionales, familiares de ciudadanos estadounidenses y solicitantes de visas especiales, y que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
De acuerdo con la nueva política, se bloquea totalmente el ingreso de personas procedentes de Siria, Sudán del Sur, Níger, Malí y Burkina Faso, así como de personas que porten documentos expedidos por la Autoridad Palestina. Además, se establecieron restricciones parciales para ciudadanos de otros 15 países, principalmente de África, lo que eleva a más de 35 naciones la lista con limitaciones para entrar a Estados Unidos.
Las nuevas disposiciones también alcanzan a cónyuges, hijos, padres, hermanos e hijos adultos de ciudadanos estadounidenses, así como a estudiantes extranjeros y a personas que buscan acceder a las visas especiales para inmigrantes afganos, creadas para quienes colaboraron con el ejército y el gobierno de Estados Unidos durante la guerra en Afganistán.
Con esta ampliación, el gobierno estadounidense limitará total o parcialmente la entrada de personas provenientes de casi el 20 por ciento de los países del mundo, lo que representa un endurecimiento significativo de las vías legales de migración. Analistas señalan que la medida “cierra prácticamente la puerta” a la mayoría de los no ciudadanos de los países incluidos.
La Casa Blanca justificó la decisión bajo el argumento de seguridad nacional, tras recientes hechos violentos ocurridos en territorio estadounidense. Aliados del presidente respaldaron la política al considerar que reduce riesgos, mientras que organizaciones civiles y exfuncionarios criticaron la medida por considerar que discrimina por nacionalidad y afecta de manera desproporcionada a países de África y Medio Oriente.
Además de frenar nuevos ingresos, las restricciones podrían impactar a migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos, pues el gobierno ha bloqueado trámites de inmigración y ceremonias de ciudadanía para personas procedentes de países incluidos en prohibiciones previas.
Las nuevas medidas migratorias reavivan el debate nacional e internacional sobre el alcance de las facultades presidenciales en materia de inmigración y el impacto humanitario de las políticas restrictivas impulsadas por la administración Trump.
