Ciudad de México.- En la conferencia matutina de este martes 10 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la decisión del gobierno de Estados Unidos de clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Señaló que el uso de esa terminología por parte de Washington no autoriza ni justifica ninguna acción que vulnere la soberanía mexicana.

Sheinbaum destacó que la soberanía nacional es un principio irrenunciable que se encuentra protegido tanto por el derecho internacional como por las leyes mexicanas. Subrayó que las instituciones del país están regidas únicamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas derivadas de ella, que determinan la persecución del crimen organizado.

Para sustentar esta postura, recordó que el gobierno mexicano impulsó modificaciones en los artículos 19 y 40 de la Constitución, con el fin de blindar al país contra intentos de injerencia o intervenciones armadas. “Nosotros no compartimos el nombre de terrorismo, también es importante decir que en el momento en que EU definió a estas organizaciones como terroristas, nosotros modificamos el artículo 40 y 19 de la Constitución para dejar muy claro que el uso de terrorismo por parte de EU no puede darle licencia para realizar una acción de violación a nuestra soberanía”, afirmó.

Las reformas constitucionales refuerzan la exclusive facultad de México para combatir el crimen organizado mediante el uso legítimo de la fuerza pública y el fortalecimiento de sus corporaciones de seguridad. De esta forma, se establece ante la comunidad internacional que ninguna categoría legal adoptada por autoridades extranjeras podrá ser utilizada para justificar acciones unilaterales dentro del territorio nacional.

Finalmente, el gobierno federal reiteró su disposición para mantener la cooperación y el diálogo con Estados Unidos en temas de seguridad, control del tráfico de armas y combate al fentanilo, siempre bajo condiciones de respeto, reciprocidad y equidad soberana. Sheinbaum concluyó que la seguridad del país será atendida con estrategias propias, inteligencia y coordinación, sin aceptar presiones externas.

Monterrey, NL.- La noche del sábado 7 de noviembre de 2026, un camarógrafo del equipo audiovisual de Karol G sufrió un accidente al caer desde un equipo de cámara aérea durante su presentación en el Estadio BBVA. El incidente se registró durante la segunda función de la cantante colombiana como parte de su gira “Viajando por el Mundo Tropitour”.

Según los primeros reportes, mientras Karol G interpretaba la canción “Te llevas to”, el camarógrafo, identificado como Zoe Lubeck, se encontraba sobre el escenario grabando. En ese momento, el equipo de estabilización que llevaba se enganchó con una cámara aérea tipo grúa, provocando que fuera elevado aproximadamente dos metros. Posteriormente, Lubeck se desprendió y cayó en el espacio entre la pasarela y la zona del público.

Varias personas que asistieron al concierto grabaron el incidente, y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales como TikTok y X, generando preocupación por el estado de salud del trabajador. El personal de producción acudió en su auxilio de inmediato.

Posteriormente, Zoe Lubeck informó a través de sus redes sociales que sufrió una fractura en el pie que requiere intervención quirúrgica y que regresará a Los Ángeles, California, para la operación. Agradeció los mensajes de apoyo y confirmó que no podrá continuar con las próximas presentaciones de la gira.

En los videos publicados se observa que Karol G no se percató del accidente, ya que estaba de espaldas al momento de la caída y continuó su presentación sin interrupciones. Hasta el lunes 9 de noviembre de 2026, la cantante no ha emitido declaración pública respecto al incidente.

El incidente ha generado cuestionamientos sobre las medidas de seguridad en eventos musicales de gran formato, especialmente en el manejo y operación de equipos móviles y estructuras suspendidas. No se ha divulgado un informe técnico oficial que detalle las causas del accidente.

Karol G tiene programados otros tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México para los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2026, dentro de la misma gira. Mientras tanto, el camarógrafo se enfoca en su recuperación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que un hombre en Chiapas no puede impugnar la paternidad de un niño pese a que una prueba de ADN privada descartó el vínculo biológico, debido a que dejó pasar el plazo de 60 días fijado por la legislación estatal para cuestionar la filiación.

El amparo directo en revisión 5065/2025 fue resuelto por el máximo tribunal donde se respaldó que el periodo para impugnar la paternidad debe comenzar desde el nacimiento del menor, cuando el supuesto padre estuvo presente, y no desde el momento en que conoce los resultados de la prueba genética.

El caso se originó en septiembre de 2018, cuando el hombre registró al menor como su hijo junto con su pareja. Dos años después, en octubre de 2020, recibió un estudio genético privado que descartó la paternidad biológica.

A pesar de presentar dos demandas para desconocer la filiación, el litigio continuó tras una orden judicial en febrero de 2023 para modificar el acta de nacimiento. La controversia escaló hasta llegar a la Suprema Corte.

Los ministros argumentaron que establecer un límite para impugnar la paternidad protege la identidad, los vínculos familiares y los derechos de los menores, como la alimentación y la herencia, además de evitar que la filiación quede indefinida.

Con esta resolución, la Corte cambió el criterio que tenía la extinta Primera Sala, la cual consideraba que el plazo de 60 días para impugnar comenzaba desde el conocimiento de la prueba genética.

José Mario de la Garza, presidente de Perteneces AC, cuestionó la decisión. Señaló que el plazo no debería comenzar antes de que la persona tenga conocimiento de la incompatibilidad genética para ejercer su derecho.

El experto reconoció la importancia de proteger el interés superior de la niñez, pero advirtió que esto no debe impedir que un juez analice la controversia cuando la información genética se presenta fuera del plazo legal.