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Corte invalida suspensión indefinida de licencias prevista en Código Penal de Puebla

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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó una parte de un artículo del Código Penal de Puebla que preveía la “cancelación indefinida” de la licencia de conducir a quien incurra en el delito de imprudencia, que derive en homicidio o lesiones.

Según el Código, la sanción se actualiza si el sancionado conducía en estado de embriaguez o bajo efecto de enervantes, o si se diera a la fuga o abandonara el lugar del accidente .

Los ministros del tribunal constitucional establecieron que dicha porción violaba el principio de exacta aplicación de la ley, al no prever el límite mínimo ni máximo temporal respecto a la sanción impuesta.

En sesión pública de este martes, los ministros precisaron que, en acatamiento al principio de aplicación precisa o exacta de la ley en materia penal, cualquier pena que se imponga por la comisión de un delito debe estar incluida en la Ley.

Además, debe señalarse con precisión tanto la conducta ilícita como la duración de la sanción que corresponda.

Por extensión, el Pleno invalidó la parte de esta disposición donde se establecía como pena la cancelación de la mencionada licencia, pues de persistir, podría dar lugar a que en todos los casos los jueces aplicaran dicha sanción, la cual no admite gradualidad.

Los ministros precisaron que la norma invalidada ya fue reformada en dos ocasiones, en los que se estableció que la suspensión de la licencia para conducir automotores tendrá una duración de 1 a 10 años.

Sin embargo, dijeron la determinación de la Suprema Corte tendrá efectos en relación al texto que estuvo vigente desde la entrada en vigor de la reforma publicada el 21 de septiembre de 2016 y hasta antes de que adquiriera vigencia la reforma del 31 de marzo de 2017.

La determinación se tomó al resolver la acción de inconstitucionalidad 88/2016, promovida por la PGR, ahora Fiscalía General, demandando la invalidez del artículo 85 Bis, párrafo segundo, del Código Penal de Puebla, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 20 de septiembre de 2016.

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Universidad de la Salud amplía sedes en Puebla para acercar formación médica

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*Izúcar, Yaonáhuac y Zoquitlán cuentan con nuevas sedes para ampliar el acceso a jóvenes de distintas regiones.

Municipios.- La Universidad de la Salud amplió su presencia en Puebla con nuevas sedes ubicadas en Izúcar de Matamoros, Yaonáhuac y Zoquitlán, con el objetivo de acercar oportunidades de formación profesional a jóvenes de distintas regiones del estado.

El gobernador Alejandro Armenta destacó que esta expansión permite descentralizar las opciones educativas relacionadas con el área de la salud y facilitar que estudiantes de municipios alejados de la capital puedan acceder a preparación especializada.

Las nuevas sedes buscan fortalecer la formación de jóvenes interesados en disciplinas vinculadas con la medicina y contribuir a la preparación de futuros profesionales que puedan atender las necesidades de salud de sus propias comunidades.

Con esta estrategia, el Gobierno de Puebla plantea ampliar la cobertura educativa y generar mayores oportunidades para que estudiantes de las distintas regiones del estado puedan desarrollar una carrera en el sector salud.

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Trasciende detención de alcalde de Esperanza durante operativo federal

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*Isaac Rodríguez Ochoa habría sido detenido tras cateos realizados por autoridades federales; operativo continúa en la zona.

Esperanza, Puebla.— Trasciende la presunta detención de Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza, Puebla, durante un operativo encabezado por autoridades federales.

De manera preliminar, se reporta que durante las primeras horas de este lunes se realizaron cateos en distintos puntos del municipio, incluido el domicilio del alcalde, con la participación de decenas de elementos de corporaciones de seguridad.

Hasta el momento, versiones extraoficiales señalan que el presidente municipal habría sido detenido como parte del despliegue, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente su situación jurídica.

El operativo permanece activo en la zona y se habla también de múltiples detenciones derivadas de las acciones de las fuerzas federales.

Cabe recordar que apenas este domingo, Isaac Rodríguez acudió a la elección de la Reina de las Fiestas Patrias de Esperanza, donde participó en las actividades públicas del municipio.

La información permanece en desarrollo y se espera que las autoridades correspondientes proporcionen mayores detalles sobre los cateos, las personas detenidas y el motivo del operativo.

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Investigan a policías de Cholula por presunta siembra de arma

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*Una familia acusó a agentes municipales de ocultar un arma durante una intervención y sugerir que fuera colocada al detenido para evitar su liberación.

 

San Pedro Cholula, Puebla.– La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, instruyó a la Contraloría Municipal iniciar una investigación contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de que una familia denunciara presuntas irregularidades durante una intervención policial en su domicilio.

De acuerdo con el testimonio de los afectados, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 5 de septiembre, cuando dos hombres presuntamente ingresaron a su vivienda y uno de ellos habría realizado un disparo con un arma de fuego contra uno de los habitantes, sin lesionarlo.

La llegada de una patrulla provocó que uno de los presuntos agresores escapara a bordo de una motocicleta, mientras que otro permaneció dentro del inmueble y posteriormente fue detenido por los agentes.

Según la versión de la familia, durante la intervención un policía ingresó a la propiedad y realizó una detonación con un arma larga para intimidar al sospechoso. Posteriormente, los agentes le habrían preguntado al detenido dónde se encontraba el arma utilizada durante la agresión.

Los denunciantes aseguran que el detenido indicó que el arma estaba en la parte superior del inmueble. Al subir al lugar, uno de los policías presuntamente habría localizado el arma y se la habría guardado.

La familia afirmó que estos hechos quedaron registrados por las cámaras de videovigilancia instaladas en la propiedad y que también existen imágenes relacionadas con los casquillos encontrados en el sitio.

Acusan intento de alterar la evidencia

Los afectados señalaron que inicialmente se les habría indicado que podían denunciar un intento de asalto o allanamiento; sin embargo, ellos consideraron que la agresión debía investigarse como un posible intento de homicidio debido al disparo realizado dentro del domicilio.

Posteriormente, según su denuncia, personal policial habría sugerido que el arma fuera colocada al detenido para evitar que quedara en libertad, debido a que supuestamente contaba con antecedentes.

La familia rechazó esta posibilidad y manifestó su intención de llevar el caso por la vía legal.

Horas después, los denunciantes fueron informados de que el detenido sería liberado y únicamente recibiría una sanción administrativa. También aseguraron que los agentes negaron haber asegurado un arma o los casquillos relacionados con el incidente.

Tonantzin Fernández ordena investigación

Tras la difusión pública del caso, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, informó que instruyó a la Contraloría Municipal investigar la actuación de los elementos señalados.

La alcaldesa indicó que, si durante las investigaciones se encuentran responsabilidades, se procederá conforme a derecho y podrían establecerse medidas cautelares contra los servidores públicos involucrados.

Asimismo, el Ayuntamiento señaló que brindará acompañamiento a las personas afectadas para que puedan acudir ante las autoridades ministeriales correspondientes y presentar las denuncias respectivas.

El gobierno municipal sostuvo que no permitirá actos de corrupción ni conductas contrarias a la legalidad dentro de las instituciones de seguridad.

Hasta el momento, las acusaciones contra los policías corresponden al testimonio de la familia y deberán ser corroboradas mediante la investigación de la Contraloría y, en su caso, de las autoridades ministeriales. No existe hasta ahora una resolución que determine responsabilidad de los agentes señalados.

 

 

 

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