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Cobran venganza en Las Minas: a balazos fue ejecutado quien mató a dos hombres
Odilón Larios Nava. – El pasado martes, Alfredo F. C., de 31 años (adicto a las drogas y al alcohol) mató a balazos a su tío Juan Miguel F. I., de 44 años de edad, y al amigo de su tío de nombre Jesús G. Ch., de 41 años. Solo pasaron dos días para que pagara su osadía, alguien fue a cobrarle la afrenta; lo fueron a matar hasta el lugar donde se escondía, un domicilio de la calle Libertad de San Miguel Las Minas, en Izúcar de Matamoros.
La familia de Alfredo sabía que sus días estaban contados. Jesús, al hombre que mató de tres balazos, era sobrino del conocido gatillero y secuestrador Arnulfo Chávez Iglesias, quien desde el poblado de Las Minas en los años noventa mantuvo en jaque a las autoridades estatales y federales. Arnulfo murió en un enfrentamiento contra autoridades de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ).
El martes 16 de marzo, en un domicilio de San Miguel Las Minas, Alfredo aparentemente bajo los efectos de una droga, discutió con su tío Juan Miguel. El amigo de Juan Miguel, de nombre Jesús, intervino para meter paz, pero Alfredo le disparó en tres ocasiones, después disparó cinco veces contra su tío.
Alfredo escapó en ese momento. “Pero sus días estaban contados y lo sabía”, confiaron fuentes policiales a este diario. “Mató a su tío y su familia no se lo iba a perdonar. Pero también se atrevió a matar a Jesús, que era sobrino del difunto Arnulfo Chávez Iglesias. Alfredo sabía que era cuestión de tiempo para que alguien llegara a cobrar venganza” dijeron las fuentes consultadas.
La venganza llegó el jueves, antes de que se cumplieran 48 horas del doble homicidio. Alfredo fue ultimado a balazo dentro del domicilio donde se ocultaba en la calle Libertad, en San Miguel Las Minas, en Izúcar de Matamoros.
Cuando las autoridades entrevistaron a Jessica, la esposa de Alfredo, dijo que ella ignoraba lo que ocurrió, que no estaba en el lugar cuando el homicidio ocurrió. Solo mencionó que al llegar, Alfredo estaba muerto. “No cabe duda que el que a hierro mata a hierro muere” enfatizaron fuentes policiales.
Son agentes de la Fiscalía General del Estado del grupo Izúcar de Matamoros los que llevan a cabo las investigaciones de estos crímenes.
*La fiscal de Puebla, Idamis Pastor, informó que más de cinco alcaldes serían investigados por la Fiscalía General de la República, sin revelar sus nombres.
Puebla, Pue.- Más de cinco presidentes municipales de Puebla serían objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), informó la fiscal general del estado, Idamis Pastor.
La funcionaria confirmó la existencia de estas indagatorias, aunque evitó proporcionar mayores detalles debido a la confidencialidad de los procedimientos.
Pastor tampoco reveló los nombres de los alcaldes involucrados ni explicó cuáles serían los posibles vínculos de los ediles con las investigaciones que lleva a cabo la autoridad federal.
🔎 || Más de cinco alcaldes serían investigados por la Fiscalía General de la República, informó la fiscal de Puebla, Idamis Pastor. Por confidencialidad, la funcionaria no reveló los nombres de los ediles ni los posibles vínculos con las indagatorias. pic.twitter.com/2uYztbvJDu
— Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) September 10, 2026
Fiscalía de Puebla mantiene reserva sobre los casos
La fiscal estatal señaló que, mientras las investigaciones se encuentran en curso, no es posible hacer públicos los datos relacionados con los expedientes.
Por ello, hasta el momento no existe información oficial que permita identificar a los presidentes municipales que estarían bajo investigación ni determinar si las indagatorias derivarán en alguna acusación formal.
La revelación, sin embargo, coloca bajo atención a varios gobiernos municipales de Puebla, ante la posibilidad de que autoridades federales estén revisando hechos relacionados con sus administraciones.
¿Qué alcaldes son?
Esa es precisamente una de las principales interrogantes después de las declaraciones de la fiscal.
Idamis Pastor no dio a conocer los nombres de los ediles debido a la confidencialidad de las investigaciones, por lo que cualquier señalamiento sobre la identidad de los presidentes municipales sería, por ahora, especulativo.
Las autoridades deberán determinar si existen elementos suficientes para avanzar en los procedimientos y, en su caso, establecer posibles responsabilidades.
Hasta que eso ocurra, estar bajo investigación no significa que un alcalde haya cometido un delito.
La Fiscalía General de la República será la encargada de determinar el curso de las indagatorias y si existe algún elemento que deba ser llevado ante las autoridades judiciales.
*Este 10 de septiembre vence el plazo para que la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza presente argumentos y pruebas ante la SEP.
Puebla, Pue.- Este 10 de septiembre concluye el plazo otorgado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza para responder a las notificaciones relacionadas con la suspensión temporal del servicio educativo de nivel primaria.
El plantel deberá presentar, dentro del periodo establecido, los argumentos y pruebas que considere pertinentes ante la autoridad educativa, como parte del procedimiento derivado de la suspensión.
La medida mantiene en atención a la comunidad escolar, particularmente a madres y padres de familia, quienes permanecen a la espera de información sobre la situación del servicio educativo y las condiciones para su eventual reanudación.
Una vez que concluya el plazo, la SEP deberá analizar la documentación presentada por la institución y determinar las acciones correspondientes conforme al procedimiento establecido.
Hasta el momento, el cierre del periodo para presentar argumentos y pruebas representa una etapa del proceso, por lo que cualquier determinación posterior dependerá de la valoración que realice la autoridad educativa.
🏫 || Este 10 de septiembre concluye el plazo otorgado por la SEP a la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza para responder a las notificaciones y presentar argumentos y pruebas, tras la suspensión temporal del servicio educativo de primaria. pic.twitter.com/WJRUFVcVaf
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*Padres de familia de la Primaria Felipe Carrillo Puerto, en Atlixco, cerraron pacíficamente la escuela para exigir a la SEP un docente para segundo año.
Atlixco, Pue.- Padres de familia de la Primaria Felipe Carrillo Puerto, en Atlixco, realizaron un cierre pacífico de la institución para exigir a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la asignación de un docente para segundo año.
De acuerdo con las familias, el grupo lleva alrededor de un año sin un maestro asignado, situación que, aseguran, ha generado preocupación por la continuidad y el aprovechamiento académico de los estudiantes.
Ante la falta de una solución, los padres decidieron cerrar de manera pacífica las instalaciones como medida de presión para solicitar la intervención de las autoridades educativas.
🏫 || Padres de familia de la Primaria Felipe Carrillo Puerto, en Atlixco, cerraron de manera pacífica la institución para solicitar a la SEP la asignación de un docente para segundo año, grupo que lleva un año sin maestro. También pidieron investigar señalamientos contra una… pic.twitter.com/SwCbN5fOEv
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También piden investigar señalamientos contra una docente
Además de solicitar la asignación de un profesor, las familias pidieron que se investiguen señalamientos realizados contra una docente que anteriormente estaba al frente del grupo.
Los padres solicitaron que las autoridades correspondientes revisen la situación y, en su caso, determinen las responsabilidades que pudieran existir, garantizando que cualquier investigación se lleve a cabo conforme a los procedimientos establecidos.
Hasta el momento, la principal exigencia de las familias es que se atienda la situación del grupo de segundo año y se garantice que los estudiantes cuenten con un docente frente a aula.
Exigen respuesta de la SEP
Los padres de familia hicieron un llamado a la SEP para que intervenga y dé una respuesta a la comunidad escolar.
El cierre de la primaria se realizó de manera pacífica, mientras las familias esperan que las autoridades educativas atiendan sus demandas y establezcan una solución que permita a los alumnos continuar con sus actividades académicas con normalidad.
La exigencia central es clara: que los estudiantes no sigan pasando más tiempo sin un maestro asignado y que los señalamientos planteados por las familias sean revisados por las autoridades competentes.
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