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Clausuran el bar Beirut tras asesinato de hondureño
El ayuntamiento de San Andrés Cholula clausuró el bar Beirut, en la zona del Conteiner, en donde la noche del jueves fue asesinado un presunto narcovendedor originario de Honduras. Mientras tanto las investigaciones del caso continúan por parte del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) por medio de la comandancia de San Andrés.
De acuerdo con los sellos colocados al lugar, horas después del hecho delictivo, el personal de la Dirección de Giros Comerciales del ayuntamiento de San Andrés Cholula clausuró el lugar según el folio OPC/0347/2019.
Hasta este lunes el mencionado bar, en cuyo exterior fue asesinado el hombre originario de Honduras, de 31 años, permanecía clausurado por las autoridades de ese ayuntamiento.
Cabe señalar que el pasado viernes minutos antes de la una de la mañana fue asesinado este varón. Al menos tres sujetos llegaron hasta el lugar y dos de ellos se abalanzaron sobre él y le dispararon. Luego de matarlo escaparon a toda velocidad.
Las investigaciones de este caso están a cargo de la comandancia ministerial de San Andrés Cholula, de la Fiscalía General del Estado, quienes siguen el caso dentro de la carpeta 579/2019/UIEHOM.
*Autoridades municipales recuperaron una motocicleta robada sobre el Periférico Ecológico, luego de que el sistema de geolocalización permitió ubicarla en la colonia Misiones de San Francisco.
Coronango, Pue.- El hallazgo se dio después de que el propietario reportara el robo y proporcionara la información del GPS que indicaba la ubicación del vehículo. La unidad en cuestión es una Italika FT150 GTS color gris.
Elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo y localizaron la motocicleta abandonada sobre la calle Besana, cerca de la avenida Almagro. Tras confirmar que el vehículo correspondía con el reporte, fue asegurado y trasladado a la Comisaría de Seguridad Pública.
Posteriormente, el dueño acudió a las instalaciones policiales, acreditó la legal posesión de la motocicleta y realizó los trámites necesarios para recuperarla.
Con esta acción, la Policía Municipal de Coronango restituyó al propietario la unidad robada.
Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) realizaron una protesta bajo el esquema de trabajo bajo protesta en las inmediaciones del Hospital de Traumatología y Ortopedia Rafael Moreno Valle, en Puebla capital.
Puebla, Pue.- La movilización comenzó este miércoles 11 de noviembre alrededor de las 6:30 horas como una manera de expresar su inconformidad respecto a las condiciones laborales que enfrentan y para solicitar la atención de las autoridades competentes.
A pesar de la protesta, los paramédicos continúan atendiendo los llamados de emergencia, por lo que no han suspendido sus actividades operativas.
Aunque aún no se ha dado a conocer un pliego detallado de peticiones, la manifestación busca que las autoridades escuchen y atiendan las demandas del personal de SUMA.
Se espera que durante el transcurso del día las autoridades emitan algún posicionamiento oficial en relación con esta protesta.
La Fiscalía General del Estado de Puebla logró condenar a Abel N., de 29 años, a cuatro años y diez meses de prisión por los delitos de extorsión y contra la salud, después de que exigiera dinero a un bar en el municipio de Tehuacán.
Tehuacán, Pue.- Los hechos ocurrieron el 7 de enero de 2025, cuando Abel N. se presentó en el establecimiento y exigió a la víctima la entrega de 3 mil pesos bajo el concepto de “derecho de piso”. Según las indagatorias, el imputado actuaba siguiendo instrucciones de otra persona que previamente habría realizado cobros similares con amenazas.
Después de recibir el dinero, la víctima y empleados del bar retuvieron al acusado y lo entregaron a elementos de la Policía Municipal.
El 3 de noviembre de 2026, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria, y el 10 de noviembre se impuso la pena de cuatro años por extorsión y 10 meses por delitos contra la salud. Además, Abel N. deberá pagar una multa de 36 mil 883 pesos con 64 centavos, recibir una amonestación pública y enfrentar la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
La Fiscalía indicó que la reparación del daño está pendiente para la etapa de ejecución de sanciones y continuará con el seguimiento del cumplimiento judicial.
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