Con 34 votos a favor, fue aprobada en Puebla la “Ley 3 de 3”, en la cual ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que haya incurrido violencia familiar, podrá tener un empleo o cargo de elección popular.

Ahora, el Congreso del estado tiene 180 días para sacar las reformas locales sobre la Ley 3 de 3, donde se establecerán sanciones a los deudores alimentarios, principalmente para evitar que lleguen como candidatos a un cargo público o servidores.

“Esta reforma busca eliminar de las filas de quienes representan a la ciudadanía y toman y ejecutan decisiones públicas a todas personas que ejerzan violencia especialmente contra mujeres, en estado de necesidad, niñas y niño y adolescentes”, señaló.