La justicia brasileña condenó este martes a la multinacional Meta a pagar 7,5 millones de reales (1,3 millones de dólares) por dar un trato desigual en sus redes sociales al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro durante la campaña electoral que culminó el 25 de octubre.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil determinó que Meta incumplió órdenes judiciales que le exigían brindar un tratamiento equitativo a ambos contendientes en Facebook, Instagram y WhatsApp, plataformas propiedad de la empresa.

Sin embargo, el tribunal no encontró pruebas suficientes para acreditar una intención deliberada de Meta para favorecer a Bolsonaro en detrimento de Lula.

Pocos días antes de la segunda vuelta de las presidenciales, la campaña del líder progresista denunció que el alcance de sus publicaciones en las redes sociales de Meta había sido restringido.

En su discurso tras la victoria, Lula reforzó sus críticas hacia estas plataformas y llamó a establecer una regulación más estricta para evitar interferencias en procesos electorales.

Por su parte, Meta negó cualquier intento de influir en las elecciones y explicó que las diferencias en el alcance de las publicaciones se debieron a factores como la frecuencia y el tipo de estrategia digital aplicada por cada campaña.

De acuerdo con un análisis de datos presentado ante el tribunal electoral, el contenido difundido por la candidatura de Lula en Instagram tuvo un número de visualizaciones 1.5 veces mayor que el contenido de Bolsonaro.

Este miércoles 11 de noviembre de 2026, Irán declaró a la Armada y a la Fuerza Aérea de Argentina como organizaciones terroristas. Esta medida responde a la decisión tomada por Buenos Aires en marzo de este año, cuando declaró terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores iraní señaló que la designación de los cuerpos militares argentinos es una respuesta al “acto hostil” cometido por el Gobierno de Argentina contra la Guardia Revolucionaria. La diplomacia iraní fundamentó su resolución en una ley nacional que establece que países que apoyen la decisión de Estados Unidos de clasificar a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista estarán sujetos a reciprocidad.

El Ministerio advirtió que el gobierno argentino asumirá la responsabilidad de las consecuencias que derive esta acción.

Antecedentes

La tensión entre ambos países escaló a finales de marzo cuando el presidente argentino, Javier Milei, declaró terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica, basándose en informes oficiales que atribuyen a esta formación militar iraní actividades ilícitas y terrorismo en territorio argentino.

Buenos Aires responsabilizó a ese grupo de los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, ataques que permanecen sin resolverse y fueron relacionados con Irán y Hizbulá.

En días recientes, Teherán también clasificó a la Marina Real y a la Real Fuerza Aérea británicas como grupos terroristas, y etiquetó al servicio de inteligencia exterior británico MI6 como “grupo hostil”. El Ministerio de Exteriores iraní explicó que esas designaciones responden a acciones hostiles del Reino Unido contra Irán, particularmente en el contexto de conflictos derivados de la política estadounidense en la región.

Cabe mencionar que Estados Unidos declaró a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista en 2019, durante la administración de Donald Trump, y la Unión Europea hizo lo propio en enero de este año tras la represión de protestas antigubernamentales en Irán.

España vive este miércoles 11 de noviembre de 2026 una huelga general de 24 horas convocada por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y otros colectivos por el derecho a la vivienda. La protesta busca exigir incrementos salariales, alquileres accesibles y acciones contra el aumento generalizado de precios.

La movilización, que afecta a trabajadores de los sectores público y privado, incluye servicios mínimos para asegurar actividades esenciales como hospitales, colegios y transporte público. Esta es la primera huelga general en España en 14 años y se realiza bajo el lema “Salarios, vivienda, precios”.

Los sindicatos reportaron un “seguimiento muy relevante”, mientras que las cámaras empresariales calificaron la participación como “baja”. Más de 3 mil 600 comités de empresa, juntas de personal y secciones sindicales se sumaron al llamado. El grado de acatamiento varió según las comunidades autónomas; en Cataluña fue donde más se notó, mientras que en Madrid hubo bloqueos en carreteras.

El movimiento se originó en parte desde la demanda por una vivienda digna, impulsada por el movimiento de inquilinos que reclama medidas contra el encarecimiento del mercado inmobiliario y mayor protección para quienes viven en alquiler.

Entre las demandas está limitar subidas excesivas en las rentas, prohibir que fondos de inversión compren propiedades, reforzar la protección frente a desahucios y evitar desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional. También se plantea implantar contratos de alquiler indefinidos con actualizaciones moderadas.

Además, los sindicatos exigen una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 7% para 2027, elevando el monto actual de mil 221 euros mensuales a cerca de mil 306 euros en 14 pagas. Esta propuesta aún no ha sido acordada con el Gobierno ni las empresas y deberá discutirse en las próximas negociaciones. También piden aumentos salariales generales que recuperen el poder adquisitivo perdido por la inflación, incluyendo cláusulas de revisión automática de salarios en convenios colectivos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyó la huelga mediante un video en el que destacó los avances sociales y laborales alcanzados en España y rechazó las propuestas de recortes y privatizaciones de la oposición, representada por el Partido Popular (PP) y Vox.

Sánchez recordó que derechos como la jornada laboral de ocho horas, la atención médica gratuita y las vacaciones pagadas fueron conquistas históricas obtenidas gracias a la movilización obrera.

En contraste, el líder del PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, calificó la convocatoria como “un grave error” y cuestionó su oportunidad, especialmente después del reciente accidente ferroviario en Toledo, sin negar el derecho constitucional a la huelga.

Por su parte, Santiago Abascal, presidente de Vox, aseguró que los sindicatos debieron cancelar la huelga, no por el accidente, sino porque la consideran “una movilización ideológica contra la oposición” y no en favor de los trabajadores.