La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya declaró culpable a Myanmar de genocidio contra la comunidad rohinyá, mayoritariamente musulmana, en el estado de Rakáin. La sentencia, anunciada este jueves por el presidente Yuji Iwasawa, de Japón, estableció que el ejército de Myanmar cometió actos de “violencia extrema” y no previno ni castigó el genocidio.
Durante una sesión de tres horas, la CIJ detalló que las fuerzas de seguridad y órganos estatales ejecutaron intencionalmente acciones prohibidas por la Convención sobre el Genocidio, como asesinatos, daños físicos y mentales graves, y medidas destinadas a impedir el nacimiento de miembros del grupo.
La resolución se fundamenta en pruebas gráficas, testimonios de sobrevivientes y reportes de investigadores internacionales que documentaron cómo aldeas y puentes rohinyá fueron incendiados y destruidos con excavadoras en 2017. Además, se relataron ejecuciones de hombres y niños, así como violaciones sexuales a mujeres y niñas durante las operaciones militares conocidas como limpieza en el norte de Rakáin.
La CIJ precisó que estas operaciones también incluyeron el asesinato de bebés, apoyando la conclusión de que existió la intención de impedir la reproducción dentro del grupo rohinyá.
El presidente Iwasawa explicó que las comunidades rohinyá habían sufrido repetidas campañas militares tras décadas de violencia intercomunitaria en la región. En 2017, alrededor de 700 mil personas huyeron hacia Bangladés debido a la violencia, que causó la muerte aproximada de 10 mil rohinyás.
El caso fue iniciado por Gambia en noviembre de 2019 y es uno de los más observados en el tribunal de la ONU. Además de los testimonios de víctimas, la CIJ escuchó la versión de un testigo de Myanmar que denunció un ataque de insurgentes rohinyás del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) contra civiles.
El tribunal también documentó que cerca del 40 por ciento de las aldeas en los tres municipios del norte de Rakáin fueron destruidas parcial o totalmente durante y después de las operaciones. Posteriormente, en esos terrenos se levantaron nuevas infraestructuras, instalaciones de seguridad y viviendas.
En la sentencia, la CIJ ordenó a Myanmar que ponga fin a cualquier violación en curso mediante la promulgación de leyes que cumplan con la Convención sobre el Genocidio. Además, exigió investigaciones y sanciones contra los responsables, garantías para evitar la repetición, la restitución para las víctimas y permitir el retorno seguro y digno de los desplazados, junto con la reunificación familiar.
La Corte definió que la compensación económica se determinará en una fase posterior, para lo cual Myanmar deberá presentar un informe dentro de dos años sobre las medidas adoptadas.
La resolución es definitiva, vinculante y no sujeta a apelación.
Casos previos de genocidio examinados por la CIJ incluyen Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro en 2007 y Croacia contra Serbia en 2015, donde se establecieron criterios rigurosos sobre la intención de cometer genocidio.