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Agentes de la FGE desalojan con violencia a familiares de mujer que se quitó la vida
Odilón Larios Nava
Familiares, activistas y amigos de Zyanya Estefanía, la mujer que se quitó la vida en su departamento del fraccionamiento Real de Zavaleta en mayo del 2018, fueron desalojados violentamente por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) violentando los derechos de los manifestantes a los que además de empellones los rociaron con gas lacrimógeno.
Las personas, entre ellos los padres de Zyanya Estefanía, buscaban una audiencia con el fiscal general Gilberto Higuera Bernal, pero en lugar de recibirlos fueron desalojados con violencia de la entrada del edificio central de la FGE. Los familiares argumentan que la muerte de Zyanya, que se desempeñaba como médico pediatra en el Hospital del Niño Poblano y el Hospital General del Sur, es un feminicidio y aseguran que ha habido deficiencias en las investigaciones.
Tras ser desalojados de la entrada al edificio, los manifestantes se encadenaron a los barrotes del portón que protege el edificio. Esperaban ser recibidos por el fiscal para que escuchara sus inconformidades.
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Marilyn Cote intenta llevar su proceso fuera de prisión
*La audiencia de Marilyn Cote fue diferida para junio; su defensa busca acuerdos con víctimas para obtener libertad condicional.
Puebla, Pue.- Marilyn Cote, señalada por ejercer presuntamente como psiquiatra sin contar con las acreditaciones correspondientes, busca continuar sus procesos legales fuera de prisión mediante acuerdos reparatorios con personas afectadas.
Información reciente indica que la audiencia donde se analizaría la posibilidad de modificar su medida cautelar fue reprogramada para el próximo 8 de junio, luego de que su defensa argumentara problemas de salud relacionados con medicamentos.
Actualmente, Cote permanece internada en el penal femenil de Ciudad Serdán, desde donde participaría de manera virtual en la diligencia judicial. Sus abogados pretenden que pueda enfrentar el proceso en libertad bajo ciertas condiciones legales y económicas.
La mujer enfrenta diversas investigaciones y procesos penales por delitos como presunta usurpación de profesión, uso de documentación falsa, amenazas y prescripción irregular de medicamentos controlados.
El caso tomó relevancia nacional cuando un médico internista y “youtuber” diera a conocer este hecho, en sus redes sociales y posteriormente ofreciera apoyo a las víctimas de esta pseudopsiquiatra, por lo que autoridades al notar el caso detectarían inconsistencias en los documentos con los que ofrecía consultas en Puebla y la zona de San Andrés Cholula donde tenía su consultorio.
PuEn días recientes también surgieron versiones sobre supuestas consultas y recomendaciones médicas realizadas dentro del centro penitenciario, situación que continúa bajo revisión de las autoridades correspondientes.
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