Nacional
Tráfico de facturas será considerado como delincuencia organizada
EL UNIVERSAL. El Senado de la República se dispone a aprobar reformas que tipifiquen la defraudación fiscal y su equiparable, así como la expedición y enajenación defacturas falsas, como delitos de delincuencia organizada.
Además, busca aumentar las penas de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales —facturas— que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
El dictamen del que tiene copia EL UNIVERSAL, y que surge de las iniciativas de los senadores Alejandro Armenta (Morena), y de Samuel García (Movimiento Ciudadano), contempla que se debe incrementar el monto del perjuicio en la defraudación fiscal y su equiparable, así como la falsificación de facturas, al considerar la prisión preventiva oficiosa.
Las reformas que contienen las observaciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Asociación de Bancos de México (ABM), así como el aval de todas las fracciones legislativas, también tipifica como delincuencia organizada el contrabando y su equiparable, y delimita la prisión preventiva oficiosa en el ilícito de contrabando, únicamente cuando sea calificado.
Las modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada precisan que la defraudación fiscal equiparada será considerada como ilícito de delincuencia organizada cuando el monto defraudado supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.
Los cambios a la Ley de Seguridad Nacional señalan que la evasión y defraudación fiscal son consideradas una amenaza para la seguridad nacional.
“Las entidades donde más se registran empresas facturadoras fantasma son:Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero y Puebla”, dijo.
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Nacional
Sheinbaum inicia entrega de beca “Rita Cetina” para útiles y uniformes
*La Presidenta Claudia Sheinbaum inició en Nezahualcóyotl la entrega de tarjetas de la Beca “Rita Cetina”, que beneficiará a 9 millones de estudiantes de primaria en todo el país.
Nacional.- Desde el municipio de Nezahualcóyotl, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el inicio de la entrega de tarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina”, un programa que beneficiará a 9 millones de estudiantes de primaria pública en todo el país.
Durante el evento, la mandataria federal destacó que el objetivo de este apoyo es garantizar que niñas y niños cuenten con lo básico para su desarrollo escolar, lo que contribuye a su bienestar y permanencia en el sistema educativo.
“Que sean felices en la escuela tiene que ver con que todos tengan lo básico, lo principal”, señaló al explicar que cada estudiante recibirá un apoyo económico de 2 mil 500 pesos para la compra de uniformes y útiles escolares durante el periodo de verano.
Sheinbaum agregó que este programa forma parte de la estrategia de becas del Gobierno de México para fortalecer el derecho a la educación, e indicó que posteriormente las y los estudiantes podrán acceder a la Beca Rita Cetina en secundaria y a la Beca Benito Juárez en nivel medio superior.
Como parte de la jornada, la Presidenta participó en la lectura del cuento “El Gato Loco”, de Jaime Sabines, en la Escuela Primaria “Isidro Fabela”, donde convivió con alumnas y alumnos, además de madres y padres de familia.
En su mensaje, también invitó a la niñez a evitar la violencia, amar a su familia, a la naturaleza y a México, destacando el valor de la identidad nacional.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que este programa representa un apoyo directo a millones de familias y reconoció a la mandataria como promotora del fortalecimiento de la educación pública.
Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció la puesta en marcha del programa en la entidad y reiteró el respaldo a las políticas educativas federales.
El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, destacó el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno para garantizar derechos como la educación, la salud y el acceso al agua.