EL UNIVERSAL.  El Senado de la República se dispone a aprobar reformas que tipifiquen la defraudación fiscal y su equiparable, así como la expedición y enajenación defacturas falsas, como delitos de delincuencia organizada.

Además, busca aumentar las penas de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales —facturas— que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

El dictamen del que tiene copia EL UNIVERSAL, y que surge de las iniciativas de los senadores Alejandro Armenta (Morena), y de Samuel García (Movimiento Ciudadano), contempla que se debe incrementar el monto del perjuicio en la defraudación fiscal y su equiparable, así como la falsificación de facturas, al considerar la prisión preventiva oficiosa.

Las reformas que contienen las observaciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Asociación de Bancos de México (ABM), así como el aval de todas las fracciones legislativas, también tipifica como delincuencia organizada el contrabando y su equiparable, y delimita la prisión preventiva oficiosa en el ilícito de contrabando, únicamente cuando sea calificado.

Las modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada precisan que la defraudación fiscal equiparada será considerada como ilícito de delincuencia organizada cuando el monto defraudado supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.

Los cambios a la Ley de Seguridad Nacional señalan que la evasión y defraudación fiscal son consideradas una amenaza para la seguridad nacional.

“Las entidades donde más se registran empresas facturadoras fantasma son:Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero y Puebla”, dijo.