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Si no se cumple con seguridad y modernización, habrá retiro de concesiones: Miguel Barbosa
Los concesionarios del transporte público tienen un plazo de cuatro meses para cumplir con el acuerdo que se firmó con el Gobierno del Estado, el cual, además de contemplar el aumento de la tarifa, incluye mejoras en las condiciones de las unidades, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
El acuerdo con los transportistas, precisó el titular del Ejecutivo, incluye la modernización de las unidades, la colocación de alarmas, cámaras de videovigilancia y sistemas GPS, medidas con las que se generarán condiciones de seguridad para los usuarios.
En caso de no cumplir con estas condiciones, Barbosa Huerta sentenció que se procederá la cancelación de las rutas de viaje y de las concesiones, las cuales, sostuvo, se revisan las condiciones bajo las que se entregaron por gobiernos pasados.
“No podíamos detener ya un aumento de la tarifa, que más que aumento es un acuerdo entre el transporte y el gobierno porque tiene que ver con modernización del transporte, con asuntos de tecnología para la seguridad de la gente, alarmas, cámaras, GPS, revisar el tema de las rutas tan corrompidas, revisar los permisos. Es un acuerdo muy grande con el transporte para revisar y va a derivar en muchas cosas, la cancelación de rutas, si fueron otorgadas con corrupción, de concesiones estamos en un proceso de revisión de todo”, señaló Barbosa Huerta.
El mandatario estatal aseveró que su gobierno es consciente del costo político del incremento en el precio del servicio, pero que la medida es parte del combate a la corrupción que inició, y que tras ocho años en el que no se atendió el tema, sólo se provocó el “achatarramiento del transporte”.
“Un gobierno tiene decisiones que debe de asumir, el tema de una cuota sostenida por ocho años, qué consecuencias tuvo, el achatarramiento del transporte, estamos conscientes de todo lo que puede implicar socialmente, lo asumimos, pero son decisiones que se tiene que tomar, cero corrupción, porque no vamos a permitir que siga siendo el tema del transporte el lugar donde se aloja la corrupción más fuerte en los Gobiernos del Estado”, apuntó el gobernador.
*La empresa debía analizar los alimentos cada tres meses; el servicio fue suspendido tras el brote que afectó a 135 médicos residentes.
Nacional.- La empresa Restaurantes Grogi, S.A. de C.V., encargada del servicio de comedor para médicos residentes del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, tenía un contrato vigente por hasta 112.3 millones de pesos, además de obligaciones específicas para verificar la seguridad de los alimentos.
El acuerdo, identificado como HGMEL-LPN-0876-2025, fue adjudicado mediante una licitación pública y tiene una vigencia del 1 de septiembre de 2025 al 31 de diciembre de 2027. El contrato contempla un monto mínimo de 44.9 millones y un máximo de 112.3 millones de pesos, sin IVA.
Entre los servicios establecidos se encuentran el suministro de desayuno, comida, cena y box lunch durante los 365 días del año para los médicos residentes.
Uno de los puntos que ahora cobra relevancia es que la empresa se comprometió contractualmente a realizar análisis bacteriológicos de los alimentos. La primera prueba debía efectuarse dentro de los 15 días posteriores al inicio del servicio y posteriormente repetirse cada tres meses, mediante muestras tomadas de manera aleatoria.
El contrato también contemplaba mecanismos de supervisión interna, entre ellos la participación de personal de nutrición y la elaboración de reportes sobre las condiciones del servicio.
La información cobra relevancia luego de que el Hospital General de México confirmara un brote de gastroenteritis infecciosa que afectó a 135 médicos residentes y de alta especialidad. Los estudios realizados detectaron Salmonella spp. en los casos analizados y, en dos pacientes, también Escherichia coli enterotoxigénica.
Ante el brote, el hospital suspendió el servicio de comedor y las autoridades iniciaron una investigación epidemiológica y sanitaria para determinar el origen de la contaminación y deslindar responsabilidades.
Grogi también opera otro comedor hospitalario
Además del Hospital General de México, Restaurantes Grogi tiene otro contrato con una institución federal de salud: el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra.
En abril de 2024, el instituto firmó con la empresa un contrato plurianual para el servicio de comedor de empleados y pacientes, con un monto mínimo de 132.9 millones de pesos y un máximo de 220.8 millones de pesos, IVA incluido, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
Este contrato fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024. El organismo documentó la contratación de Restaurantes Grogi y una inspección al comedor de Ortopedia realizada en octubre de 2025.
La ASF señaló que, al momento de la contratación revisada, la empresa no se encontraba sancionada ni inhabilitada y que el instituto acreditó la prestación del servicio conforme a la normativa evaluada. Esto no implica una conclusión sobre el actual brote del Hospital General de México.
En conjunto, los montos máximos de los dos contratos vigentes alcanzan más de 333 millones de pesos.
La investigación deberá determinar qué ocurrió
Aunque existe una relación temporal entre el servicio de comedor y la aparición de los casos, hasta ahora no se ha establecido de manera definitiva que Restaurantes Grogi sea responsable del brote.
Las autoridades deberán determinar si los alimentos suministrados fueron la fuente de la Salmonella, revisar los resultados de los análisis bacteriológicos previstos en el contrato y establecer si se cumplieron todas las medidas sanitarias y de supervisión.
Mientras continúan las investigaciones, el comedor permanece suspendido y los médicos afectados continúan bajo seguimiento.
Fotos: (x/@merazr)
*Inicia la rehabilitación de la calle Emiliano Zapata en Coronango, Puebla, con una inversión de 13.5 millones de pesos para mejorar la movilidad.
Coronango, Puebla, 3 de septiembre de 2026.— Con una inversión superior a 13.5 millones de pesos, el Ayuntamiento de Coronango puso en marcha la rehabilitación de la calle Emiliano Zapata, vialidad que busca mejorar la movilidad y seguridad de miles de habitantes.
El presidente municipal Armando Aguirre encabezó el inicio de los trabajos, que beneficiarán directamente a 46 mil 836 personas, principalmente de las comunidades de San Francisco Ocotlán y Misiones de San Francisco.
La obra tendrá una inversión de 13 millones 581 mil 659.85 pesos, recursos provenientes del FAISMUN 2026, y contempla la colocación de pavimento de concreto hidráulico en 940 metros lineales.
De acuerdo con el proyecto, se intervendrá una superficie de 7 mil 358.60 metros cuadrados, con un ancho promedio de siete metros. Los trabajos se realizarán en el tramo ubicado entre la autopista México-Puebla y la autopista Puebla-Tlaxcala.
Además de la rehabilitación de la superficie de rodamiento, el proyecto incluye señalamiento horizontal para mejorar la circulación de vehículos y peatones y reforzar las condiciones de seguridad vial.
Durante el arranque, Armando Aguirre destacó que la obra representa una respuesta a las necesidades de las comunidades y afirmó que el objetivo es contar con calles más seguras, funcionales y resistentes.
Al evento acudieron integrantes del Cabildo, el director de Obra Pública, Sergio Robles Sarmiento, el comisariado ejidal Zenaido Arce y vecinos de Misiones de San Francisco.
Con esta intervención, el gobierno municipal señaló que busca fortalecer la infraestructura vial y mejorar las condiciones de movilidad para las familias de Coronango.
*San Martín Texmelucan desplegará un operativo durante las Fiestas Patrias para supervisar la quema de pirotecnia y realizar decomisos.
San Martín Texmelucan, Pue.-Con motivo de las Fiestas Patrias, el municipio de San Martín Texmelucan implementará un operativo especial para supervisar el uso de pirotecnia durante las celebraciones de septiembre.
El despliegue de vigilancia contempla la cabecera municipal y las 11 juntas auxiliares, con el objetivo de prevenir accidentes y verificar que las actividades relacionadas con la quema de cohetes se desarrollen bajo las disposiciones establecidas por las autoridades.
Como parte de estas acciones también se realizarán recorridos en mercados y establecimientos comerciales, donde se supervisará la venta y almacenamiento de productos pirotécnicos.
En caso de detectar material cuya comercialización o posesión incumpla con la normativa, las autoridades procederán a realizar los decomisos correspondientes.
El operativo busca reducir riesgos durante las celebraciones patrias, particularmente aquellos relacionados con quemaduras, incendios y otros accidentes derivados del manejo de pirotecnia.
Las autoridades municipales exhortaron a la población a mantener las medidas de prevención y reportar cualquier situación que represente un riesgo para la ciudadanía durante los festejos.
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