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Puebla es la ciudad donde más inseguridad se percibe: INEGI
La ciudad de Puebla ocupa el primer lugar nacional como el sitio donde más inseguridad se percibe de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realizó el INEGI.
El 92.7% de los encuestados respondió sentirse inseguro viviendo en esta ciudad gobernada por Claudia Rivera Vivanco.
Estos resultados corresponden al mes de diciembre del 2019, en donde además se preguntó a personas mayores de 18 años si habían sido víctimas de un robo o extorsión, y en Puebla respondió de manera positiva el 53.2%, lo que coloca a la ciudad en un tercer lugar a nivel nacional.
Recientemente Consulta Mitofsky que dirige Roy Campos, reveló que Claudia Rivera Vivanco ocupa el lugar 55 de 60 alcaldes que fueron evaluados y cuyo desempeño los ciudadanos consideraron como bajo.
En estas cifras del INEGI a nivel nacional se registró un repunte en la percepción de inseguridad que llegó al 72.9%.
Además de la ciudad de Puebla, las otras ciudades más inseguras de acuerdo con este sondeo son Tapachula con 92.1%, Ecatepec y Uruapan 92.0%, Fresnillo 91.9% y Tlalnepantla con 90.9%.
Las ciudades con menor percepción de inseguridad son Mérida y San Pedro Garza García, con tasa de 18.9% respectivamente.
*Autoridades municipales recuperaron una motocicleta robada sobre el Periférico Ecológico, luego de que el sistema de geolocalización permitió ubicarla en la colonia Misiones de San Francisco.
Coronango, Pue.- El hallazgo se dio después de que el propietario reportara el robo y proporcionara la información del GPS que indicaba la ubicación del vehículo. La unidad en cuestión es una Italika FT150 GTS color gris.
Elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo y localizaron la motocicleta abandonada sobre la calle Besana, cerca de la avenida Almagro. Tras confirmar que el vehículo correspondía con el reporte, fue asegurado y trasladado a la Comisaría de Seguridad Pública.
Posteriormente, el dueño acudió a las instalaciones policiales, acreditó la legal posesión de la motocicleta y realizó los trámites necesarios para recuperarla.
Con esta acción, la Policía Municipal de Coronango restituyó al propietario la unidad robada.
Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) realizaron una protesta bajo el esquema de trabajo bajo protesta en las inmediaciones del Hospital de Traumatología y Ortopedia Rafael Moreno Valle, en Puebla capital.
Puebla, Pue.- La movilización comenzó este miércoles 11 de noviembre alrededor de las 6:30 horas como una manera de expresar su inconformidad respecto a las condiciones laborales que enfrentan y para solicitar la atención de las autoridades competentes.
A pesar de la protesta, los paramédicos continúan atendiendo los llamados de emergencia, por lo que no han suspendido sus actividades operativas.
Aunque aún no se ha dado a conocer un pliego detallado de peticiones, la manifestación busca que las autoridades escuchen y atiendan las demandas del personal de SUMA.
Se espera que durante el transcurso del día las autoridades emitan algún posicionamiento oficial en relación con esta protesta.
La Fiscalía General del Estado de Puebla logró condenar a Abel N., de 29 años, a cuatro años y diez meses de prisión por los delitos de extorsión y contra la salud, después de que exigiera dinero a un bar en el municipio de Tehuacán.
Tehuacán, Pue.- Los hechos ocurrieron el 7 de enero de 2025, cuando Abel N. se presentó en el establecimiento y exigió a la víctima la entrega de 3 mil pesos bajo el concepto de “derecho de piso”. Según las indagatorias, el imputado actuaba siguiendo instrucciones de otra persona que previamente habría realizado cobros similares con amenazas.
Después de recibir el dinero, la víctima y empleados del bar retuvieron al acusado y lo entregaron a elementos de la Policía Municipal.
El 3 de noviembre de 2026, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria, y el 10 de noviembre se impuso la pena de cuatro años por extorsión y 10 meses por delitos contra la salud. Además, Abel N. deberá pagar una multa de 36 mil 883 pesos con 64 centavos, recibir una amonestación pública y enfrentar la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
La Fiscalía indicó que la reparación del daño está pendiente para la etapa de ejecución de sanciones y continuará con el seguimiento del cumplimiento judicial.
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