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Piden investigación contra subdirector de seguridad del penal de San Miguel
Odilón Larios Nava. – Señalan a un funcionario de medio nivel del Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Miguel, de ser la herencia maldita que dejaron las dos administraciones anteriores. Personas cercanas a los internos lo señalan de ser el responsable de una importante parte de la corrupción que existe en el centro penitenciario.
Es por eso que las fuentes consultadas piden que el gobierno del estado realice una investigación a
dicho funcionario, quien ostenta el cargo de Subdirector de Seguridad y Custodia, para que confirmen o en su caso descarten estos señalamientos. “Él es el que permite que ingresen grandes cantidades de alcohol utilizando para ello la aduana de vehículos” indicaron las personas que señalaron estar hartas de la corrupción en el penal.
Ante el temor de que tome represalias, las fuentes solicitaron que se les diera la gracia del anonimato.
Las fuentes indicaron que es él, el encargado de cobrar cuotas – aparte de las legalmente establecidas – a los internos que tienen negocios al interior del penal, y que por esa razón los reclusos ya no lo soportan, pues deben pagar desde 200 a 500 pesos semanales. “Les dice a los internos que es dinero para la jefa, pero no sabemos quién es su jefa”, señalaron los quejosos.
En ese tenor señalaron que la razón por la que Julio, el que controlaba el área de ingresos y sus compinches, fueran trasladados al CERESO de Tepexi de Rodríguez, fue que el Julio se negó a aumentar la cantidad que pagaba y por ello el Subdirector de Seguridad y Custodia lo cambió de penal: “De esa manera ahora puede poner ese negocio a disposición del mejor postor”, precisaron.
“Para que te des una idea, es el que cobra por permitir que los internos tengan celular. Las cuotas van desde los mil a los cinco mil pesos, para que te deje tener un celular” señalaron. Aseguran que todo eso va en detrimento de la economía de las familias, quienes ya tienen la carga de tener a un familiar privado de la libertad y todo lo que ello conlleva.
Por todo ello pidieron que estas irregularidades y presuntas corruptelas lleguen a los oídos de los altos mandos en el estado para que investiguen y, en su caso, sancionen al mencionado funcionario, el cual fue heredado de las pasadas administraciones.
Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) realizaron una protesta bajo el esquema de trabajo bajo protesta en las inmediaciones del Hospital de Traumatología y Ortopedia Rafael Moreno Valle, en Puebla capital.
Puebla, Pue.- La movilización comenzó este miércoles 11 de noviembre alrededor de las 6:30 horas como una manera de expresar su inconformidad respecto a las condiciones laborales que enfrentan y para solicitar la atención de las autoridades competentes.
A pesar de la protesta, los paramédicos continúan atendiendo los llamados de emergencia, por lo que no han suspendido sus actividades operativas.
Aunque aún no se ha dado a conocer un pliego detallado de peticiones, la manifestación busca que las autoridades escuchen y atiendan las demandas del personal de SUMA.
Se espera que durante el transcurso del día las autoridades emitan algún posicionamiento oficial en relación con esta protesta.
La Fiscalía General del Estado de Puebla logró condenar a Abel N., de 29 años, a cuatro años y diez meses de prisión por los delitos de extorsión y contra la salud, después de que exigiera dinero a un bar en el municipio de Tehuacán.
Tehuacán, Pue.- Los hechos ocurrieron el 7 de enero de 2025, cuando Abel N. se presentó en el establecimiento y exigió a la víctima la entrega de 3 mil pesos bajo el concepto de “derecho de piso”. Según las indagatorias, el imputado actuaba siguiendo instrucciones de otra persona que previamente habría realizado cobros similares con amenazas.
Después de recibir el dinero, la víctima y empleados del bar retuvieron al acusado y lo entregaron a elementos de la Policía Municipal.
El 3 de noviembre de 2026, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria, y el 10 de noviembre se impuso la pena de cuatro años por extorsión y 10 meses por delitos contra la salud. Además, Abel N. deberá pagar una multa de 36 mil 883 pesos con 64 centavos, recibir una amonestación pública y enfrentar la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
La Fiscalía indicó que la reparación del daño está pendiente para la etapa de ejecución de sanciones y continuará con el seguimiento del cumplimiento judicial.
* Esta mañana, propietarios de funerarias se concentraron sobre la Vía Atlixcáyotl para movilizarse hacia el Centro Integral de Servicios (CIS) de Puebla.
Puebla, Pue.-La manifestación tiene como objetivo exigir a las autoridades una solución para la regularización de las actas de defunción, trámite que los inconformes consideran problemático.
Los dueños de estos establecimientos buscan exponer directamente en las oficinas gubernamentales las dificultades que enfrentan en el proceso para obtener y regularizar estos documentos oficiales. Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado el número exacto de funerarias participantes ni si la movilización incluirá cierres de vialidades o alguna afectación al tránsito habitual.
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