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Empresarios fueron privados de la libertad y golpeados por policías de Norma Layón
Odilón Larios Nava. – Tres agentes de tránsito de San Martín Texmelucan fueron dados de baja de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por haber privado de la libertad y golpeado a dos empresarios de aquella región; por estos hechos Adiel Nucamendi Cruz, quien hasta este viernes ocupaba el cargo de director de seguridad, presento su renuncia.
Los empresarios, con sus equipos celulares grababan video de la presunta extorsión que los agentes de tránsito pretendían realizar a un conductor de tráiler. Eso no gustó a los uniformados, así que sin justificación alguna sometieron y detuvieron a los empresarios, a quienes después golpearon en los separos de la Comisaría.
Cabe señalar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Texmelucan, de la presidenta Norma Layón, se ha visto envuelta en múltiples escándalos de corrupción y abuso de poder en los últimos meses, sin embargo, la munícipe no ha hecho nada por cambiar esa situación y sigue manteniendo a los mandos de la dañada corporación.
La mañana de este viernes los empresarios José Luis y Juan, hermanos, ambos de la familia Domínguez, se percataron cuando un grupo de agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Texmelucan, pretendían extorsionar a un trailero. Hartos de la corrupción que hay en esa corporación decidieron documentar lo que ocurría.
Trascendió que los agentes afirmaban que el tráiler tenía reporte de robo y por ello procederían a asegurar y detener al conductor, el cual les mostró el documento legal que hace constar que el vehículo ya había sido recuperado por su legítimo propietario, es decir que el reporte de robo no estaba actualizado. Sin embargo, los agentes hicieron caso omiso.
Como los empresarios no dejaban de documentar lo que ocurría, con las cámaras de video de sus celulares, fueron sometidos y detenidos, trasladados a la comisaría de Seguridad Ciudadana, en donde les propinaron una golpiza. Juan incluso compartió fotos en donde se le ve con la nariz sangrando y huellas de golpes en el rostro.
Lo anterior motivó que un grupo de empresarios afiliados a Coparmex se manifestaran en la comisaría exigiendo la liberación de sus compañeros, así como el castigo a los policías abusivos. Horas después los dos hermanos Domínguez fueron liberados sin cargo alguno, es decir que su detención puede catalogarse como indebida e incluso como privación ilegal de la libertad, por parte de los uniformados, quienes también podrían enfrentar el delito de lesiones.
Horas después trascendió que el director de apellido Lucamendi, y los tres policías directamente acusados de las agresiones, José Antonio, Mary Karen y Alejandro, fueron dados de baja de la corporación.
Los empresarios señalaron que buscaron una reunión inmediata con Norma Layón, pero ésta les dijo que sería hasta el martes. Por lo que ese día expondrán todas las quejas que tienen contra la policía municipal y exigirán que se acabe la corrupción con la que están operando los uniformados.
HISTORIAL DE CORRUPTELAS DE LA POLICÍA DE NORMA LAYÓN
Esta no es la primera vez que la policía de Norma Layón se ve envuelta en escándalos de corrupción. Incluso su comisario, el chiapaneco, Jorge Alberto Ramos Cruz, fue señalado con un audio, de haber extorsionado al familiar de un detenido. Él y el ayuntamiento negaron dichas acusaciones y dieron carpetazo al asunto.
Semanas antes los policías de Ramos Cruz detuvieron ilegalmente al periodista Pedro Alonso cuando realizaba su labor informativa. En aquella ocasión pedro Alonso fue detenido y golpeado, solo porque estaba documentando la acción de los uniformados.
Poco después dos agentes de tránsito mujeres fueron captadas en un video, cuando a bordo de una patrulla extorsionaron a un conductor de tráiler. En aquella ocasión trascendió que lo obligaron a entregarles 8 mil pesos.
Estos son algunos de los escándalos que han protagonizado los uniformados de Texmelucan. Podría esperarse que de existir voluntad por parte de sus superiores esas malas prácticas habrían desaparecido después del primer caso documentado, sin embargo, no es así y los abusos y corruptelas de los uniformados siguen siendo tema frecuente en los medios informativos y redes sociales.
Puebla, Pue.- Un objeto luminoso que aparentemente permaneció inmóvil en el cielo fue captado en video el martes 10 de noviembre de 2026 cerca del Paseo Bravo.
La persona que compartió la grabación señaló que este fenómeno también fue observado en las inmediaciones de Plaza Cristal, donde el objeto permaneció visible varios minutos sin mostrar desplazamientos aparentes.
Las imágenes provocaron curiosidad entre usuarios de redes sociales, quienes plantearon interrogantes sobre la naturaleza del objeto.
Hasta el momento no hay información oficial que permita identificar el objeto o confirmar que se trate de un fenómeno fuera de lo común. Usuarios preguntan si alguien más logró verlo o grabarlo desde otro punto de la ciudad.
Tehuacán, Pue.- Un motociclista perdió la vida luego de ser arrollado por un camión en el cruce de avenida Independencia y 25 Sur, en la colonia El Rosario, Tehuacán.
El accidente ocurrió el pasado martes 10 de noviembre de 2026 y provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades, que acudieron a atender el reporte. Sin embargo, el conductor de la motocicleta falleció a causa del impacto.
En imágenes del lugar se aprecia al hombre atrapado bajo una de las llantas del camión.
La vialidad en la zona presenta afectaciones, por lo que se recomienda a los automovilistas manejar con precaución o buscar rutas alternas mientras se realizan las diligencias correspondientes.
Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias específicas en las que ocurrió el percance.
*El diputado Miguel Márquez Ríos pidió esclarecer la operación de granjas de criptomonedas en Puebla y las posibles irregularidades relacionadas con la CFE.
Nacional.- La operación de granjas dedicadas a la minería de criptomonedas en Puebla debe investigarse hasta sus últimas consecuencias, particularmente ante los señalamientos sobre una posible participación de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), consideró el diputado local Miguel Márquez Ríos.
El legislador sostuvo que es necesario esclarecer cómo funcionaban estas instalaciones, de dónde obtenían la energía eléctrica y si existieron complicidades u omisiones que permitieran mantenerlas en operación.
El tema cobró relevancia tras los operativos realizados en municipios de la Sierra Norte, donde autoridades localizaron inmuebles utilizados presuntamente para la minería de activos digitales, actividad que requiere un elevado consumo de electricidad debido al funcionamiento continuo de equipos especializados.
Uno de los casos más relevantes ocurrió en Tlaola, donde autoridades federales y estatales aseguraron instalaciones en las que inicialmente se reportaron alrededor de 300 dispositivos. Posteriormente, durante las diligencias ministeriales, se contabilizaron mil 32 equipos relacionados con esta actividad.
⚡️ || La operación de granjas de criptomonedas en Puebla debe ir a fondo, pues la CFE estaría involucrada en este delito, sentenció el diputado local Miguel Márquez Rios. https://t.co/HQ1FMUQhQm
— Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) November 10, 2026
Las investigaciones buscan determinar si los establecimientos utilizaban conexiones irregulares para obtener electricidad, así como identificar a los responsables de su funcionamiento y posibles beneficiarios de las operaciones.
En este contexto, los señalamientos sobre la CFE abren otra línea de investigación para establecer si hubo participación de trabajadores, funcionarios o personas con acceso a la infraestructura eléctrica.
Cabe señalar que hasta el momento no se ha acreditado públicamente la participación de personal de la empresa productiva del Estado en estas actividades.
El caso también ha generado cuestionamientos sobre posibles vínculos políticos y sindicales. Márquez Ríos ha rechazado tener relación con la instalación asegurada en Tlaola, mientras que autoridades estatales señalaron previamente que no contaban con indicios para vincularlo con su operación.
Además, los recientes hallazgos de más equipos presuntamente destinados a la minería de criptomonedas en la región mantienen abiertas las investigaciones sobre la posible existencia de otras instalaciones.
La exigencia de esclarecer estos hechos se centra en conocer quiénes financiaban y operaban las granjas, cómo obtenían el suministro eléctrico y si existió alguna red de complicidad que facilitara su funcionamiento.
La investigación deberá establecer las responsabilidades correspondientes y determinar si hubo afectaciones al patrimonio público por el presunto aprovechamiento ilegal de energía eléctrica.
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