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Corte invalida suspensión indefinida de licencias prevista en Código Penal de Puebla
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó una parte de un artículo del Código Penal de Puebla que preveía la “cancelación indefinida” de la licencia de conducir a quien incurra en el delito de imprudencia, que derive en homicidio o lesiones.
Según el Código, la sanción se actualiza si el sancionado conducía en estado de embriaguez o bajo efecto de enervantes, o si se diera a la fuga o abandonara el lugar del accidente .
Los ministros del tribunal constitucional establecieron que dicha porción violaba el principio de exacta aplicación de la ley, al no prever el límite mínimo ni máximo temporal respecto a la sanción impuesta.
En sesión pública de este martes, los ministros precisaron que, en acatamiento al principio de aplicación precisa o exacta de la ley en materia penal, cualquier pena que se imponga por la comisión de un delito debe estar incluida en la Ley.
Además, debe señalarse con precisión tanto la conducta ilícita como la duración de la sanción que corresponda.
Por extensión, el Pleno invalidó la parte de esta disposición donde se establecía como pena la cancelación de la mencionada licencia, pues de persistir, podría dar lugar a que en todos los casos los jueces aplicaran dicha sanción, la cual no admite gradualidad.
Los ministros precisaron que la norma invalidada ya fue reformada en dos ocasiones, en los que se estableció que la suspensión de la licencia para conducir automotores tendrá una duración de 1 a 10 años.
Sin embargo, dijeron la determinación de la Suprema Corte tendrá efectos en relación al texto que estuvo vigente desde la entrada en vigor de la reforma publicada el 21 de septiembre de 2016 y hasta antes de que adquiriera vigencia la reforma del 31 de marzo de 2017.
La determinación se tomó al resolver la acción de inconstitucionalidad 88/2016, promovida por la PGR, ahora Fiscalía General, demandando la invalidez del artículo 85 Bis, párrafo segundo, del Código Penal de Puebla, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 20 de septiembre de 2016.
Puebla, Pue.- Un objeto luminoso que aparentemente permaneció inmóvil en el cielo fue captado en video el martes 10 de noviembre de 2026 cerca del Paseo Bravo.
La persona que compartió la grabación señaló que este fenómeno también fue observado en las inmediaciones de Plaza Cristal, donde el objeto permaneció visible varios minutos sin mostrar desplazamientos aparentes.
Las imágenes provocaron curiosidad entre usuarios de redes sociales, quienes plantearon interrogantes sobre la naturaleza del objeto.
Hasta el momento no hay información oficial que permita identificar el objeto o confirmar que se trate de un fenómeno fuera de lo común. Usuarios preguntan si alguien más logró verlo o grabarlo desde otro punto de la ciudad.
Tehuacán, Pue.- Un motociclista perdió la vida luego de ser arrollado por un camión en el cruce de avenida Independencia y 25 Sur, en la colonia El Rosario, Tehuacán.
El accidente ocurrió el pasado martes 10 de noviembre de 2026 y provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades, que acudieron a atender el reporte. Sin embargo, el conductor de la motocicleta falleció a causa del impacto.
En imágenes del lugar se aprecia al hombre atrapado bajo una de las llantas del camión.
La vialidad en la zona presenta afectaciones, por lo que se recomienda a los automovilistas manejar con precaución o buscar rutas alternas mientras se realizan las diligencias correspondientes.
Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias específicas en las que ocurrió el percance.
*El diputado Miguel Márquez Ríos pidió esclarecer la operación de granjas de criptomonedas en Puebla y las posibles irregularidades relacionadas con la CFE.
Nacional.- La operación de granjas dedicadas a la minería de criptomonedas en Puebla debe investigarse hasta sus últimas consecuencias, particularmente ante los señalamientos sobre una posible participación de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), consideró el diputado local Miguel Márquez Ríos.
El legislador sostuvo que es necesario esclarecer cómo funcionaban estas instalaciones, de dónde obtenían la energía eléctrica y si existieron complicidades u omisiones que permitieran mantenerlas en operación.
El tema cobró relevancia tras los operativos realizados en municipios de la Sierra Norte, donde autoridades localizaron inmuebles utilizados presuntamente para la minería de activos digitales, actividad que requiere un elevado consumo de electricidad debido al funcionamiento continuo de equipos especializados.
Uno de los casos más relevantes ocurrió en Tlaola, donde autoridades federales y estatales aseguraron instalaciones en las que inicialmente se reportaron alrededor de 300 dispositivos. Posteriormente, durante las diligencias ministeriales, se contabilizaron mil 32 equipos relacionados con esta actividad.
⚡️ || La operación de granjas de criptomonedas en Puebla debe ir a fondo, pues la CFE estaría involucrada en este delito, sentenció el diputado local Miguel Márquez Rios. https://t.co/HQ1FMUQhQm
— Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) November 10, 2026
Las investigaciones buscan determinar si los establecimientos utilizaban conexiones irregulares para obtener electricidad, así como identificar a los responsables de su funcionamiento y posibles beneficiarios de las operaciones.
En este contexto, los señalamientos sobre la CFE abren otra línea de investigación para establecer si hubo participación de trabajadores, funcionarios o personas con acceso a la infraestructura eléctrica.
Cabe señalar que hasta el momento no se ha acreditado públicamente la participación de personal de la empresa productiva del Estado en estas actividades.
El caso también ha generado cuestionamientos sobre posibles vínculos políticos y sindicales. Márquez Ríos ha rechazado tener relación con la instalación asegurada en Tlaola, mientras que autoridades estatales señalaron previamente que no contaban con indicios para vincularlo con su operación.
Además, los recientes hallazgos de más equipos presuntamente destinados a la minería de criptomonedas en la región mantienen abiertas las investigaciones sobre la posible existencia de otras instalaciones.
La exigencia de esclarecer estos hechos se centra en conocer quiénes financiaban y operaban las granjas, cómo obtenían el suministro eléctrico y si existió alguna red de complicidad que facilitara su funcionamiento.
La investigación deberá establecer las responsabilidades correspondientes y determinar si hubo afectaciones al patrimonio público por el presunto aprovechamiento ilegal de energía eléctrica.
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