La tarde de este jueves estaba programada la audiencia inicial de 23 de los detenidos por el ataque a policías ocurrido el pasado martes en la colonia Minerales de Guadalupe Sur, donde fue asesinado un policía municipal. Los tres delincuentes restantes están hospitalizados y sus audiencias se realizarán por separado. La audiencia fue pospuesta porque los abogados de oficio y defensores privados no habían recibido copia de la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público, es decir se desconocían los pormenores de las acusaciones a cada uno de ellos.

Aunque no se realizó la audiencia inicial, 22 de los presuntos delincuentes implicados en los violentos hechos del martes aprovecharon su presencia ante la Jueza de Control para tomar la palabra y acusar actos de tortura. Indicaron haber sido golpeados desde el momento de su detención, además de estar incomunicados de sus familiares, y que las cantidades de comisa que se les fueron proporcionadas son mínimas.

Ante este señalamiento la Jueza de Control ordenó al Ministerio Público, en su calidad de representante social que investigue el origen de dichos señalamientos hechos por los detenidos.

El Ministerio Público justificó que no había entregado la carpeta de investigación a los defensores porque ésta consta de 800 fojas. Señaló que las copias para los defensores estarían listas para las seis de la tarde del mismo jueves. Es por ello que la jurista ordenó que la audiencia fuera pospuesta para este viernes.

Los 23 detenidos: Marco Antonio; Michell; Pedro Perfecto; Francisco Javier; Rufino; Jesús Eloy; Mario Alberto; Antonio; Israel; Carlos; Juan Manuel; Jesús; Alberto Israel; Sara Esperanza; Carlos Alberto; José Luis; Agustín; Ámbar Jazmín; José Jonathan; Donato; Beatriz; Ángel; y Francisco Javier.

Los delitos de los que se les acusan a estos 23 detenidos son homicidio agravado, tentativa de homicidio, robo agravado, lesiones dolosas, daño en propiedad ajena doloso, asociación delictuosa, delitos contra la salud en su modalidad de posesión de narcótico y delitos cometidos contra funcionarios públicos.

Al ser delitos graves los que se les están señalando, la Jueza de Control ordenó que fueran trasladados al Centro de Reinserción Social de San Miguel, donde indicó que se les brindara alimentos, que se les permitiera tener contacto con sus familiares y en caso de requerirlo recibir atención médica e incluso ser llevados a algún nosocomio en caso de así requerirse.

Será este viernes cuando se lleve a cabo la audiencia inicial una vez que los abogados defensores se hayan tomado conocimiento del contenido de la carpeta de investigación que presenta el Ministerio Público.