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Actor homicida paga 50 mil dólares de fianza en E.U; está en arraigo domiciliario
El actor Pablo Lyle tendrá que permanecer bajo arresto domiciliario en Miami y tendrá que pagar una fianza de 50, 000 dólares por la agresión contra un hombre de 63 años el pasado 31 de marzo, según las órdenes de un juez.
Esta mañana el intérprete mexicano se presentó ante la corte de Miami, donde la fiscalía había solicitado la fianza de un millón de dólares, que el actor entregara su pasaporte y que se le impidiera acercarse a la familia de Juan Ricardo Hernández, el hombre al que agredió y que falleció el pasado 4 de abril.
La fiscal también había solicitado que se consideraran contra el actor los cargos de homicidio involuntario o asesinato en segundo grado, que podrían aumentar su pena en prisión.
*La PROFEPA rescató un cachorro de tigrillo en Santa Catarina Juquila, Oaxaca, encontrado sin documentos y en condiciones insalubres.
Nacional.-La PROFEPA rescató un cachorro de tigrillo en Santa Catarina Juquila luego de ser hallado en condiciones insalubres y sin documentación que acreditara su procedencia legal.
Tras el rescate, el felino fue trasladado a un centro de rehabilitación especializado, donde recibirá atención veterinaria y cuidados adecuados para su recuperación.
La autoridad ambiental recordó la importancia de proteger la fauna silvestre y sancionar la posesión ilegal de especies en peligro de extinción, destacando que estas acciones contribuyen a la preservación de la biodiversidad y a la concientización sobre la conservación de especies mexicanas.
🐾🌳 || La PROFEPA rescató un cachorro de tigrillo en peligro de extinción en Santa Catarina Juquila, Oaxaca. El felino fue hallado en condiciones insalubres y sin acreditación legal de procedencia. Se encuentra en un centro de rehabilitación. 🐯🚑 pic.twitter.com/Xv4c3HUUwt
— Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) March 24, 2026
*Dos personas fueron sentenciadas a 9 años de prisión por portar un inhibidor de señal en la autopista México–Puebla, informó la FGR.
Nacional.– Dos personas fueron sentenciadas a nueve años de prisión por el delito de posesión de un inhibidor de señal, tras ser detenidas en la autopista México–Puebla durante un operativo federal.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la captura se logró como parte de acciones de vigilancia en esta importante vía de comunicación, donde los implicados fueron sorprendidos con el dispositivo ilegal, el cual fue asegurado por las autoridades.
Los inhibidores de señal, también conocidos como “jammers”, son equipos utilizados para bloquear comunicaciones celulares, de radio y sistemas de geolocalización (GPS), por lo que suelen estar relacionados con delitos como el robo al transporte de carga, al impedir el rastreo de unidades.
Tras el proceso judicial, un juez dictó sentencia condenatoria de nueve años de prisión, al acreditarse la posesión ilícita del equipo, considerado un delito federal en México.
La Fiscalía General de la República reiteró su compromiso de continuar con la investigación y persecución de delitos en carreteras, especialmente en corredores estratégicos como la autopista México–Puebla, donde se han reforzado los operativos para garantizar la seguridad.
*Ariana, de 5 años, fue encontrada en su cama; su madre Natalie, en la lavadora. Todo apunta a un posible homicidio seguido de suicidio.
Azcapotzalco, CDMX. — Una niña de cinco años, identificada como Ariana, fue hallada muerta en su cama dentro de un departamento de Azcapotzalco, mientras que su madre, Natalie, fue encontrada ahogada en la lavadora del mismo inmueble.
Vecinos informaron que ambas estaban encerradas y que un sillón bloqueaba la puerta, lo que dificultó el acceso de las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) había iniciado la búsqueda de madre e hija tras recibir reportes sobre su desaparición.
Según los primeros indicios, todo apunta a que Natalie habría privado de la vida a su hija y posteriormente se habría suicidado. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y recabar evidencia que confirme la secuencia de los acontecimientos.
Se recomienda a la población evitar la difusión de información no confirmada y respetar la privacidad de las víctimas mientras se realizan las diligencias correspondientes.
